Dos mujeres mueren cada cinco días en el país por violencia doméstica. El 29 por ciento de las muertes maternas se producen por complicaciones derivadas del aborto, y 32 de cada 1.000 adolescentes son madres. Las mujeres tienen un salario 30 por ciento menor que el de un hombre en el mismo puesto; y en el ámbito legislativo, judicial y académico los espacios de decisión son ocupados en su mayoría por hombres. Éstos son algunos de los datos que surgen del último informe sobre género y derechos humanos que produce cada cuatro años la organización no gubernamental ELA.
La presidenta de ELA, Haydée Birgin, la directora ejecutiva Natalia Gherardi y la investigadora Josefina Durán, en diálogo con El Ciudadano, explicaron que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se creó en la ciudad de Buenos Aires en 2003 y trabaja en forma independiente y sin fines de lucro en la promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres a través del acceso a la justicia y las políticas públicas.
Esta organización emite cada cuatro años un informe sobre género y derechos humanos, que en este caso abarca de 2003 a 2008, y se analiza la información que existe sobre la situación de las mujeres en el país, la legislación vigente y las políticas públicas.
Desde ELA indican que en el país existe un reconocimiento normativo de los derechos de la mujer, pero el problema central está en la vigencia efectiva de esos derechos.
El informe trata temas relevantes del que surgen datos alarmantes, que se agravan aún más cuando se refiere a mujeres pertenecientes a pueblos originarios o extranjeros. Se explica, por ejemplo, que la participación de las mujeres en cargos públicos es bastante acotada a pesar de la ley de cupos: sólo en 12 legislaturas se cumple la norma.
Las mujeres gobiernan el 10 por ciento de los municipios del país y su participación como legisladoras disminuyó tras las elecciones de 2007 en 14 jurisdicciones.
En cuanto al ámbito judicial, la proporción de mujeres en tribunales federales, nacionales y locales no supera el 30 por ciento, y disminuye la presencia femenina en los cargos de más jerarquía.
Esta organización civil señala en su informe que el trabajo remunerado es otro tema clave y, según datos brindados por el Indec en 2006, del sector femenino que trabaja en el ámbito privado el 31 por ciento realiza trabajo doméstico (cifra que aumenta a un 40 por ciento en provincias del norte).
También hay un elevado porcentaje (55 por ciento) de mujeres que trabajan en el sector informal. Y en un mismo puesto de trabajo que un hombre tiene un salario de un 30 por ciento menor.
El desempleo femenino asciende a casi el doble comparado con el de los hombres. Y si bien la mujer ha incrementado su participación en el mercado laboral, los hombres no aumentaron correlativamente su participación en las responsabilidades familiares.
Respecto de los derechos de salud, sexuales y reproductivos, ELA explica que hay dos grandes deudas nacionales: la reducción de la tasa de mortalidad materna y la infantil, pero asegura que no podrán tratarse estos problemas hasta tanto no se resuelva adecuadamente la falta de acceso a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro. Hace mención a datos interesantes en referencia a este tema, ya que de cada 1.000 adolescentes 32 son madres (la cifra se incrementa en un 44 por ciento en el Chaco), el 29 por ciento de las muertes maternas se produce por complicaciones derivadas del aborto y en 2004 el 42 por ciento de los diagnósticos positivos de VIH correspondieron a mujeres. Dentro de ese porcentaje el 80 por ciento se debía a casos de transmisión sexual en relaciones heterosexuales.
Otro tema importante que trata el análisis es la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos y refiere que en Argentina no hay estadísticas generales sobre el tema.
Indican que, según datos obtenidos por sociedades civiles de informaciones periodísticas, cada cinco días dos mujeres mueren por violencia doméstica en el país y el 63 por ciento de las víctimas de abuso sexual en la provincia de Buenos Aires son menores de edad.
El derecho a la educación es otro de los puntos y refiere que en los sectores pobres es más difícil terminar el nivel medio escolar. Se afirma que existe una problemática en referencia a la igualdad de oportunidades en materia educativa, y si bien las mujeres tienen más nivel educativo en comparación con los hombres, esto no implica una ventaja en el mercado laboral ni en las áreas de docencia, ciencia y técnica.
También consideran que una educación que incluya entre sus contenidos una perspectiva de género y un enfoque de los derechos, permitiendo eliminar los roles femeninos y masculinos, ayudará a ampliar las oportunidades de la mujer y fortalecerá el ejercicio de sus derechos.
Como último punto del trabajo ELA hace hincapié en las mujeres indígenas y extranjeras y cuenta que etnia y género son elementos determinantes en la estratificación ocupacional, en las oportunidades sociales y en la distribución de los beneficios, evidenciando que la falta de acceso a la educación formal es uno de los factores determinantes para la desigualdad y la exclusión de los pueblos indígenas y en las minorías étnicas ya que incide de manera determinante en su inserción laboral.
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