El Ciudadano
El fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti desplazó de su cargo a la fiscal María Laura Martí, que había investigado junto a su colega Roberto Apullán la trama de la corrupción policial en la provincia. Por orden de su superior, ahora Martí se desempeñará en la Oficina de Código de Convivencias donde se tramitan faltas y contravenciones.
Según la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se trata de una medida de castigo por sus investigaciones previas sobre la Policía que salpicaron al ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro. Pero en particular le apuntó al propio Arietti: “Hay funcionarios que piensan que somos fiscales de las puertas del Ministerio hacia afuera, pero adentro del Ministerio también somos fiscales. Estamos para investigar los hechos de cualquier persona que cometa un delito, puertas adentro del Ministerio y puertas afuera”.
El desplazamiento de Martí, quien hasta esta semana se desempeñaba como fiscal de Investigación y Juicio, fue mientras estaba de licencia. Por decisión de Arietti, los expedientes que tramitaba la fiscal desplazada –entre ellos, investigaciones sobre organizaciones delictivas que operaban en Santa Fe y la región– pasaron a manos de la fiscal Yanina Tolosa, quien se desempeñaba en el área de Violencia de Género, Familiar y Sexual.
En declaraciones a Aire de Santa Fe, Martí comentó que mientras estaba de licencia se enteró de los cambios a través de los medios: “Oficialmente no estoy notificada. Estoy un poco cansada y agotada porque no puedo descansar ni siquiera en mi licencia que vence en diez días. Yo tengo que volver a mi trabajo, pero no es grato. Tengo que hacerme presente cuando se termine mi licencia y ver qué pasa conmigo”.
La decisión del fiscal regional Arietti salió a la luz el miércoles a última hora y entró en vigencia este jueves. Se dio en el marco de una serie de cambios en la Circunscripción 1º del MPA, entre ellos el corrimiento de la fiscal Milagros Parodi –quien había imputado el mes pasado al funcionario municipal Carlos Medrano en la causa por el derrumbe del Cementerio– quien dejará sus causas para pasar a ser parte del equipo de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual.
El trasfondo
En 2017, la fiscal Martí –junto a su colega Apullán– se encontraba investigando maniobras ilícitas cometidas por funcionarios policiales a través de las horas OSPE (horas exta). En el marco de esa causa, los fiscales pidieron la intervención del teléfono de ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
La filtración de las escuchas de Pullaro desató un escándalo político. En una de las escuchas, se puedo oír al ministro de Seguridad y al entonces jefe de la Unidad Regional V de Policía (departamento Castellanos) Adrián Rodríguez hablando sobre un concurso de ascenso. Otros audios daban cuenta de una oscura trama de corrupción vinculada a las horas OSPE y al arreglo fraguado de móviles policiales.
La divulgación de las escuchas en los medios puso en alerta al gobierno. El ministro Pullaro contratacó con velocidad y denunció penalmente a los dos fiscales, a quienes acusó públicamente de ser “operadores de sectores oscuros de la Policía” santafesino que buscaban perjudicarlo en el marco de las tareas de depuración de la fuerza de seguridad.
Un año después de la filtración de las escuchas, Martí y Apullán fueron imputados por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La mayoría de los fiscales del MPA se solidarizaron con Martí y Apullán, algo que terminó debilitando la autoridad de Arietti.
El fiscal regional degradó a Apullán y lo trasladó a la Unidad de Flagrancia. Martí continuó como fiscal penal, hasta que esta semana fue removida de su cargo.
Causa cerrada
En enero de este año, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, desestimó la investigación por presunto cohecho en la que estaban involucrados el ministro Pullaro y el ex jefe policial Adrián Rodríguez, derivadas de las escuchas que fueron calificadas como “ilegales” por el propio Pullaro.
La decisión del fiscal Hernández obedece a que no se reunieron pruebas suficientes que permitan acreditar que Pullaro haya favorecido el ex jefe policial en un concurso de ascenso. Conocida la resolución, por la que se archiva la causa, Rodríguez señaló ante la prensa santafesina: “Estuve 472 días esperando este fallo y se hizo justicia”.
Hernández reconoció que “todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia alguna para los hechos que son objeto de esta investigación, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, además de una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
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