Los abogados defensores de dos de los cinco detenidos en la causa que investiga la muerte de Gerardo Escobar apelaron la resolución del juez Luis María Caterina que el viernes pasado declaró la incompetencia de la Justicia provincial y remitió la investigación al fuero Federal para que se investigue la presunta desaparición forzada de persona. El fallo se basó en nuevo material probatorio presentado por la querella que desde un principio denunció participación policial en el crimen de Pichón, un empleado municipal de 25 años que fue visto por última vez con vida el 14 de agosto pasado a la salida del boliche nocturno La Tienda, ubicado en Tucumán al 1100.
Luego de permanecer desaparecido una semana, el cuerpo sin vida de Escobar apareció flotando en las aguas del río Paraná, a la altura de la Estación Fluvial, y desde entonces la investigación estuvo signada por diversas controversias que comenzaron con el levantamiento del cadáver y la autopsia y fueron motivo de numerosas movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. La imagen fílmica de un patovica pateando al muchacho a metros del local nocturno dio un giro en la causa que derivó en la detención de cinco personas, dos de ellas policías.
Más tarde, se sumaron más indicios que llevaron tanto la Fiscalía como a la querella a sostener la posibilidad de que Gerardo haya sido trasladado en un móvil policial a la seccional 3º, donde no hay registros de su detención. A eso se sumó el testimonio de un interno que dijo haber escuchado esa noche los gritos de un joven mientras era golpeado por uniformados y a dos policías hablar sobre “un quilombo bárbaro por Escobar”. La entrega de los GPS de los cuatro móviles policiales durante esa noche se hizo esperar y dejó más incertidumbre, porque sólo se brindó la información de dos vehículos. También se incorporaron testimonios de vecinos del local nocturno, quienes mencionaron un pacto con el dueño del boliche para que extienda la seguridad en la zona y evite desmanes lo que se traducía en la presencia de patrulleros. Por último, se sumaron los testimonios de dos muchachos que denunciaron haber sido golpeados por patovicas en el boliche, uno de los cuales recordó haberse desvanecido y despertar en la seccional. Con todo, el juez Caterina declaró su incompetencia y ordenó el pase al fuero Federal.
Ayer, los abogados Juan Ubiedo e Ignacio Carbone, en representación de los patovicas César A. y José Luis C., apelaron la resolución punto por punto. Argumentaron que las consideraciones a las que arribó el juez Caterina “no son lo suficientemente convincentes ni fundadas para declarar la incompetencia” y reclamaron que no trató los pedidos de revisión de las medidas cautelares “que lucen totalmente desproporcionadas”.
Al respecto, plantearon que el fallo es “arbitrario y conculcatorio de los derechos de los imputados” y agregaron que “el perjuicio radica en la ausencia total y absoluta de evidencias que por lo menos generen un estado de probabilidad para acreditar el delito de desaparición forzada de personas”.
Los letrados sostuvieron que la resolución del juez es autocontradictoria ya que en sus “propios dichos no se encuentra acreditada la participación de los imputados en el eventual delito de competencia federal”. Y agregaron que su decisión resulta arbitraria, dado que realiza un análisis fragmentado y parcial de algunas evidencias en clara violación a las pautas valorativas: “El juez realiza una interpretación sesgada de la realidad”. Así se refieren a que no se ha demostrado que Escobar haya sido trasladado por un patrullero o detenido en la seccional 3º.
En relación al testimonio del interno que dijo escuchar gritos de tortura, Carbone y Ubiedo repararon en que esa noche había 18 detenidos en la seccional 3ª y uno de ellos, que dijo conocer a Escobar, declaró no haberlo visto.
“Quedó evidenciado en forma clara y precisa que las nuevas evidencias sólo eran conjeturas y que las supuestas pruebas habían sido forzadas por las acusadores de tal manera que se había distorsionado la misma”, argumentaron.
Otro punto en cuestión es el resultado de la autopsia que para la defensa está claro: fue muerte por asfixia sin presentar lesiones internas y externas, lo que no coincide con la querella que espera resultados de estudios y habla de que Pichón fue golpeado de forma salvaje antes de morir. Al respecto, aseguraron que conforme la colecta probatoria “no se puede asegurar si Gerardo sufrió un suicidio, homicidio o accidente, y hasta el momento eso no cambió. Lo que traen la querella y la fiscalía no alcanza para el cambio de jurisdicción”.
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