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Caso Spelta

La Corte le dio luz verde a la Legislatura para que pueda investigar y sancionar a fiscales

La norma en discusión es la 13807, que otorga a la Legislatura la potestad de evaluar la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Acusación si las faltas fueron graves, sancionarlos y eventualmente, destituirlos. El fallo parece terminar de bajar el pulgar al ex ministro Marcelo Sain


La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe emitió un fallo sobre el régimen disciplinario vigente para los fiscales de la provincia. La resolución, en el marco del llamado caso Spelta, contó con cuatro votos a favor y dos en contra. De esta manera el máximo tribunal de la provincia sostiene que la Legislatura tiene potestad para investigar y sancionar a los fiscales, una resolución que tiene un impacto político sobre la situación actual del ex ministro Marcelo Sain como jefe del Organismo de Investigaciones, a quien este jueves la Legislatura votará suspenderlo por 180 días mientras se lo investiga por cuatro denuncias.

El 1º de julio se votará la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones

Si bien el fallo salió hace pocas horas y en la tarde de este martes aún se está notificando a las partes, fuentes oficiales confirmaron a El Ciudadano la resolución que contó con las opiniones encontradas de Daniel Erbetta y Mario Netri para con la posición mayoritaria.

La norma en discusión es la 13.807, sancionada a fines de 2018, que otorga a la Legislatura la potestad de evaluar la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Acusación si las faltas fueron graves, sancionarlos y eventualmente destituirlos. La decisión del máximo tribunal ahora ratifica la validez de esta normativa que se aplicará para los procesos que se deban tratar a futuro.

Declaran inconstitucional la ley que faculta a los legisladores para sancionar al fiscal Spelta

Todo comenzó con la investigación que comenzó a realizar la Legislatura sobre el fiscal Adrián Spelta, a partir de la excarcelación de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti en 2013 e implicado en una causa de drogas por el intento de un triple homicidio.

El caso se conoció con el asesinato de Ema Pimpi, en 2019, mientras se encontraba en una casa de La Florida. A partir de esa situación, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura decidió por unanimidad, pedirles a las cámaras una sanción de 90 días de suspensión para el fiscal por haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a Ema Pimpi, quien estaba imputado por una triple tentativa de homicidio.

Los fiscales cuestionan el proceso contra Sain y denuncian control político de la Legislatura

Spelta recurrió a los tribunales laborales rosarinos y, en septiembre del año pasado, obtuvo un fallo favorable de Sala II de la Cámara Laboral, que aseguró que la norma era inconstitucional y que el Poder Legislativo invadía con esa ley las facultades propias del Poder Judicial.

Pero desde la Fiscalía de Estado presentaron un un recurso de queja ante la Corte, que ahora se expidió.

El Caso Sain

El fallo de la Corte tiene derivaciones inmediatas a nivel institucional. En primer lugar, allana el camino para que las cámaras legislativas concreten, en la sesión conjunta convocada para este jueves, la suspensión por seis meses de Sain de su cargo director del Organismo de Investigacio-nes del MPA con una reducción del 50% de su salario.

La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura resolvió el miércoles 22 darle curso a la reso-lución del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Sain por “faltas graves” supuestamente cometidas por el ex ministro de Seguridad de la provincia. Los legisladores dictaminaron por amplia mayoría la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones y se votará este jueves 1º de julio.
Martínez fue designado auditor “ad hoc” del caso Sain por parte el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini. El miembro acusador por parte de la Bicameral es el senador de la UCR Lisandro Enrico. La Comisión de Acuerdos es la encargada de acusar y eventualmente sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. La recomendación del auditor designado especial-mente para el caso fue la suspensión provisoria del ex ministro de su cargo en el MPA mientras dure la investigación para “evitar el entorpecimiento” del trámite.

La embestida contra Sain en el MPA había sido encabezada por el fiscal Arietti poco después de la salida de Sain del gabinete provincial. Un grupo de 27 diputados provinciales de la oposición tam-bién realizaron una presentación formal para pedir la destitución de Sain de su cargo en el MPA, al que accedió por concurso en 2018.

Los diputados opositores lo acusan de ser el responsable del hacinamiento de presos en comisa-rías de distintas localidades de la provincia, también por escuchas ilegales contra integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y por las declaraciones viralizadas en las redes sociales (“negros pue-blerinos”) que le valieron a Sain una denuncia en su contra presentada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, ante el Inadi.

Días después de ese dictamen, el ex ministro de Seguridad presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare “ilegítima e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley 14.016 (que establece incompatibilidades para que ex funcionarios del Ejecutivo puedan acceder a cargos en el Poder Judicial) y de esa manera evitar ser suspendido de su actual cargo como di-rector del Organismo de Investigaciones del MPA.

Sain pide que la Justicia declare “manifiestamente ilegítima e inconstitucional” la aplicación de manera retroactiva de la ley 14.016 y que ordene a la Comisión de Acuerdos que “se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria” basada en esa norma. El ex ministro sostiene que no se lo puede sancionar por acciones supuestamente cometidas en el ejercicio de un cargo que ya no desempeña.

Además, Sain consideró que la ley 14.016 “fue dictada a poco tiempo del comienzo de una perse-cución política” en su contra “que comenzó en marzo de 2021 y ahora culmina con la suspensión en el cargo que se dispone”.

La ley que dispone incompatibilidades para que funcionarios del Ejecutivo pasen al Poder Judicial fue aprobada en noviembre del año pasado a partir de un acuerdo político entre los legisladores del Frente Progresista y los senadores del PJ que responden a Armando Traferri, luego fue veta-da por el gobernador Perotti pero finalmente, el 27 de mayo de este año, la Legislatura rechazó el veto y la normativa quedó firme.

Spelta contra las cuerdas

Además, el reciente fallo de la Corte Suprema reactiva la investigación que lleva adelante la Co-misión de Acuerdos sobre el fiscal rosarino Adrián Spelta. Si bien no está confirmado oficialmen-te, trascendió que la próxima semana se votará su suspensión.

La Legislatura tenía previsto concretar ese trámite el 10 de diciembre del año pasado. Pero esa sesión conjunta se postergó a la espera de una definición de fondo de parte de la Corte Suprema sobre la legalidad de la ley de control legislativo sobre funcionarios judiciales, decisión que se conoció este martes.

La Bicameral tiene en sus manos un dictamen que recomienda suspender a Spelta por 90 días y sin goce de sueldo por “mal desempeño” de sus funciones en el marco del caso Ema Pimpi. La sesión conjunta, que había sido aplazada en diciembre, se concretaría en los próximos días.

Traferri contra los fiscales

El fallo de la Corte también impactará en el pleito que mantiene desde el año pasado el senador del departamento San Lorenzo Armando Traferri contra los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes en su momento lo involucraron en la causa que investiga el funciona-miento de redes de juego clandestino en territorio provincial.

En abril de este año Traferri presentó dos denuncias contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra: una ante la Justicia y la otra ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura. La avanzada del jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón se debe a la decisión de los fiscales de mantener abierta la causa en su contra, por presunta complicidad con redes de juego ilegal, aun cuando el Senado ya votó –en diciembre de 2020– en contra del pedido de Edery y Schiappa Pie-tra para que le quiten los fueros.

Traferri acusa a los fiscales del MPA de “persecución” en su contra y les atribuye los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En su denuncia, Traferri afirma que la investigación en su contra debió haber terminado cuando a Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero, el 18 de diciembre de 2020.

Además de la presentación judicial contra los fiscales rosarinos, el jefe del bloque mayoritario de senadores del PJ pidió que la Comisión Bicameral de Acuerdos estudie el caso, la documentación aportada y la actuación de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de la causa por juego ilegal, que derivó en una pesquisa contra el senador de San Lorenzo a quien acusaron de brindar protección a una red de garitos clandestinos.

La presentación ante la Comisión de Acuerdos se concretó el 7 de abril. Ese día Traferri entregó documentación y expuso ante los senadores y diputados que integran la Bicameral: Fabián Bastía (UCR), Pablo Farías (PS), Leandro Busatto (PJ), Lionela Cattalini (PS), Gabriel Chumpitaz (Cam-biemos), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR), Gabriel Real (PDP), Alcides Calvo (PJ), Lisandro Enrico (UCR), Joaquín Gramajo (PJ) y Rubén Pirola (PJ).

Entre las pruebas que aportó Traferri se pueden mencionar correos electrónicos oficiales de los fiscales donde, a su entender, queda en evidencia que la causa en su contra continuó más allá de los límites que les impone el Código Procesal Penal y la propia votación del Senado.

Sain resiste: fue a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la ley de incompatibilidades

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