La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fijó postura ante el proceso que se lleva adelante contra el actual director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain. Los fiscales provinciales aclararon que su intención no es defender “la persona” de Sain, sino alertar sobre las acciones de “naturaliza institucional” que, a su entender, son “ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA”.
A pocos días de que se vote en sesión conjunta de la Legislatura el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos que recomienda la suspensión de Sain del cargo de director del Organismo de Investigaciones por seis meses, con una reducción del 50% de su salario, desde la Asociación de Fiscales emitieron un documento en el cual dejan constancia de su “preocupación” sobre la situación institucional en el MPA.
En líneas generales, los fiscales cuestionan el proceso disciplinario contra el actual director del Organismo de Investigaciones por parte de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, utilizando para ello la ley 14.016 que establece nuevas incompatibilidades para los cargos de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado, fiscal adjunto y para la función de director de cualquiera de los órganos de apoyo del MPA.
El 1º de julio se votará la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones
En primer lugar, la Asociación de Fiscales aclara que el posicionamiento no es sobre la figura de Sain sino sobre el proceso: “Nos interesa dejar muy claro que la posición que adoptamos no tiene ninguna relación con ningún tipo de simpatía con la persona del Dr. Sain, quien frecuentemente ha despertado legítimas suspicacias en una gran cantidad de integrantes de nuestra Asociación con sus habituales declaraciones públicas, que en general nos han parecido injustas y desmesuradas, incluso agraviantes”.
“La posición que fijamos –continúan los fiscales– tiene raíz en preocupaciones de naturaleza estrictamente institucional. Nos interesa postular que las acciones que están teniendo lugar son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución”.
En su extenso documento, la Asociación de Fiscales rememora que la creación del MPA a través de la ley 13.013 del año 2009 “puso a Santa Fe a la vanguardia de las reformas judiciales de Argentina” y que la piedra angular del modelo de nueva Fiscalía implicaba “que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado”.
Los fiscales hicieron una valoración positiva de la reforma procesal penal iniciada en el gobierno e Jorge Obeid y continuada luego por las distintas gestiones socialistas y también remarcaron que “la Corte Suprema de Justicia de la provincia acompañó este proceso, rechazando los planteos judiciales en contra de esta ley (13.013), interpuestos por el entonces procurador ante la Corte, Dr. Agustín Bassó”.
Luego el documento repasa la construcción de “la nueva agencia de persecución penal de la provincia de Santa Fe”, que comenzó su trabajo operativo en febrero de 2014 con la puesta en marcha en forma integral del nuevo Código de Procedimiento Penal y un año más tarde, a comienzos de 2015, la sanción de la Ley Orgánica del Organismo de Investigaciones del MPA, que completa el diseño de la ley 13.013.
“Esta enorme tarea, guiada por una política orientada por principios morales e institucionales, contrasta de forma grotesca con la política asumida por la Legislatura de la provincia a partir del año 2017. La nueva política, de la que el proceso que motiva la elaboración de este documento es un capítulo (en referencia al Caso Sain), asumió una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la provincia”, critican los fiscales.
“El inicio de esta gangrena institucional tuvo lugar cuando 18 senadores y el vicegobernador firmaron una petición para que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura abriese un proceso disciplinario contra los fiscales del MPA que tenían a su cargo las investigaciones de denuncias contra senadores y un ex senador. Luego de darse cuenta que conforme la ley 13.013 la Comisión no tenía competencias para disciplinar a los fiscales del MPA, se inició un proceso que, entre gallos y medianoche, culminó con la sanción exprés de una modificación a la ley orgánica del MPA, por medio de la cual la Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar disciplinariamente a las y los fiscales del MPA”, agregaron.
“Desde entonces, para la mayoría de las y los fiscales, cada caso, cotidianamente, esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún legislador o alguna legisladora”, cuestionaron los fiscales.
Sain resiste: fue a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la ley de incompatibilidades
Ese nuevo régimen, fijado por la ley 13.695, fue declarado inconstitucional por la Cámara Laboral de Rosario. “Entonces –siguieron los fiscales– la Legislatura sancionó la ley 13.807, que es más o menos lo mismo que la primera, pero con edulcorante. Esta ley ha sido declarada inconstitucional, nuevamente, por la Cámara rosarina y los casos en cuestión esperan ser resueltos por la Corte Suprema de la provincia”.
Los fiscales concluyen que las distintas modificaciones normativas sobre el funcionamiento del MPA demuestran que “la Legislatura viene ejerciendo el disciplinamiento de las y los fiscales del MPA”, lo que supone “una nueva derrota de la calidad institucional de la provincia”.
“La ley 14.016, denominada por la prensa como ley anti-Sain, conforma el último capítulo de la estrategia sistemática de avasallamiento de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación. En este caso, la Legislatura establece una modificación al régimen disciplinario de la ley 13.013 para ser aplicable retroactivamente. Este es el mecanismo que ha sido utilizado para requerir la apertura de un proceso disciplinario contra el director del Organismo de Investigaciones y para solicitar su suspensión preventiva”.
Por último, la Asociación de Fiscales reitera su rechazo a “la política legislativa orientada a poner bajo la Legislatura el control disciplinario de los integrantes del MPA” y concluye: “Nos repugnan los métodos y los móviles con los que se llevan adelante dichas iniciativas. Y una vez más aspiramos a contar con una legislación que promueva el desarrollo de un Ministerio Público fuerte, autónomo, bien financiado, equipado, capacitado, transparente, inteligente y comprometido con la lucha contra la impunidad y con los derechos de los más débiles”.
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