La Corte Suprema de Justicia exhortó este martes a los tres poderes del Estado a agilizar las resoluciones en las causas por reajustes jubilatorios.
Al Poder Ejecutivo le solicitó a que, “como Jefe de la Administración Central”, disponga lo necesario para que la ANSES pague los juicios que ya tienen sentencia. La exhortación se basó en el colapso de causas existente en el Poder Judicial debido a que el organismo previsional, en lugar de cumplir los fallos, recurre a apelaciones que generan demoras. La decisión de la Corte fue adoptada en forma unánime a través de la acordada 14/2014.
Simultáneamente, el máximo tribunal dictó una resolución en la que resolvió que no sea la Cámara Federal de Seguridad Social el único tribunal revisor de los casos de esa índole a nivel nacional, sino que intervenga cada Cámara Federal con jurisdicción donde tiene lugar el planteo.
La acordada de la Corte es a raíz del colapso que se verifica en el Poder Judicial a raíz de la gran cantidad de juicios por reajustes jubilatorios, que aumentan porque la ANSES se niega a pagar y hay litigios para que el organismo ejecute los fallos.
Según se informó, en la Corte se incrementó en un 300 por ciento de lo que va del año el número de casos, y la Cámara Federal de Seguridad Social (la instancia especial y única que revisa los fallos de primera instancia a nivel nacional) declaró un colapso.
En este marco, la Corte instó al Congreso nacional a que o bien creen otros tribunales con competencia en materia de seguridad social que descompriman la situación (hasta ahora la única instancia revisora es la Cámara con asiento en la Capital Federal pero que atiende todos los casos del país) o “establecer los mecanismos que disminuyan la litigiosidad”.
Además, encomendó al Ministerio Público Fiscal a cargo de la procuradora Alejandra Gils Carbó a “que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades procesales para, en las causas judiciales de que se trata, tomar una participación activa y rápida en defensa de la supremacía de la Constitución y de la legalidad; y al Ministerio Público de la Defensa, con el objeto de que se sirva considerar la necesidad o conveniencia de tomar participación procesal para evitar situaciones de privación de justicia”.
Y por último, se dirigió al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que provea eficazmente a la cámara de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para superar la crisis de que se trata”.
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