Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tachó, el pasado viernes en Argentina, de “inaceptable” la represión que sufrieron los periodistas en Paraguay durante las protestas que se desarrollaron a finales de marzo en contra de la enmienda para habilitar la reelección presidencial. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, destacó la “posición neutral” que ocupa “siempre” el organismo, cuando aseguró que en este caso “no cabe duda” de que los periodistas fueron víctimas de un uso “totalmente inaceptable y desmedido” de la fuerza de los agentes de seguridad.
En una audiencia pública, con motivo del 162 periodo de sesiones que la CIDH celebra en Buenos Aires, Lanza insistió en la necesidad de que se lleven a término las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que dejaron 23 periodistas heridos, según el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep).
La presidenta del Fopep, Marta Escurra, denunció ante la CIDH las agresiones que recibieron los periodistas de forma “indiscriminada” el pasado 31 de marzo y mostró un vídeo para documentar sus afirmaciones.
“Nos preocupa la normalización de la agresión”, prosiguió Escurra al asegurar que durante los disturbios, que terminaron en el incendio del Congreso y la muerte de un joven, los agentes lanzaron balines de goma que impactaron contra los profesionales.
Por parte del Estado uruguayo, Marcelo Scappini, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que las investigaciones se pusieron en marcha desde que se denunciaron los hechos y recordó que el Gobierno decidió destituir al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional tras analizar los hechos.
Desde el Ministerio del Interior, Ariel Martínez, viceministro de Asuntos Políticos, reiteró que el Gobierno rechaza toda agresión contra periodistas y pidió a la comisión que acceda a las grabaciones completas de las protestas y no se limiten a los 30 segundos aportados por la solicitante.
Los miembros de la CIDH celebraron que el Estado haya puesto en marcha medidas preventivas y pidió conocer los resultados de las investigaciones en curso.
El relator especial para la libertad de expresión mostró su “preocupación” por “la falta de capacitación, de protocolo y de herramientas” que tienen aquellos que hacen uso de la fuerza en este tipo de situaciones.
“En democracia no pueden ser vistos los manifestantes y periodistas como enemigos subversivos por el hecho de expresarse. La manifestación es un vehículo legítimo”, subrayó Lanza.
En esta línea, insistió en que “obviamente” el hecho de que exista un sector de la protesta que se vuelve violento no implica que todos los manifestantes siguieran la misma conducta y no convierte en “ilegal” la concentración.
El comisionado Paulo Vannuchi recalcó que estos hechos son “preocupantes” e hizo hincapié en que la CIDH “no se puede alinear” con personas que en una manifestación prenden fuego a la sede del Congreso.
En este sentido, señaló la importancia de esclarecer si hubo órganos de la prensa que impulsaron actos “radicales” o incitaron a los manifestantes a promover el desenlace que tuvo la protesta.
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