La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó ayer la elevación a juicio de la denominada “causa madre” por “contaminación dolosa con agroquímicos” en el barrio Ituzaingó Anexo, en el sudeste de la capital provincial, en la que se encuentran imputadas seis personas.
Según informó el abogado querellante, Carlos Nayi, el tribunal resolvió “por unanimidad” rechazar los recursos de apelación presentados por los defensores de los imputados. De esta forma, la Cámara mantuvo lo resuelto por el juez de Control, Carlos María Romero, por lo que el juicio tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen.
Los involucrados están acusados de ser coautores del presunto delito de “contaminación ambiental dolosa”, tipificado por el artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos 24051, en hechos que se registraron entre 2003 y 2004.
Según Carlos Matheu, fiscal que solicitó la elevación a juicio, la importancia de la resolución es que considera que la “fumigación con agroquímicos en forma aérea o terrestre, violando las ordenanzas municipales y leyes provinciales, constituye un delito”.
Los imputados son el productor agropecuario Francisco Rafael Parra y el piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, quienes ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso el 21 de agosto de 2012 por la Cámara 1ª del Crimen en una causa por fumigaciones, en lo que constituyó el primer proceso que cuestionó el impacto del uso de plaguicidas en la salud humana.
También se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público el empleado y aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya, los hermanos empresarios Javier Eduardo y Fernando Ramón Amuchástegui (directivos de Tecnocampo SA) y la ingeniera agrónoma de la firma Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro.
Durante el proceso judicial, se deberá determinar si las enfermedades y muertes registradas entre los vecinos entre 2003 y 2004 fueron efectivamente causadas por la aplicación de agroquímicos a través de pulverizaciones de fumigadoras violando las resoluciones al respecto.
El barrio rodeado de campos de soja ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a los sojeros y a la dirigencia política.
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