A partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre la firma Grido, renombrada empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados, se llevaron a cabo 18 allanamientos ordenados por la Justicia Federal a través de los cuales se secuestró documentación que probaría las maniobras de una posible asociación ilícita que logró evadir más de $ 200 millones. Los procedimientos culminaron con la detención de tres responsables de la firma.
Los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro se realizaron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy. A partir de las distintas actuaciones, Enrique Senestrari, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad de Córdoba, efectuó los requerimientos de instrucción a fin de detener a tres directivos de la firma. Según trascendió en medios cordobeses, se trata de Oscar Santiago y sus hijos Sebastián y Lucas.
Grido es una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados. Cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todo el país. En Rosario, Grido no pasó desapercibida. Hace cerca de dos años comenzó la polémica ya que empezaron a instalarse en la ciudad, y desde la Cámara de Heladerías hicieron oír su voz, ya que el bajo precio del kilo de helado de la empresa cordobesa representaba una competencia enemistosa para las heladerías rosarinas. La disputa terminó en setiembre de 2010, cuando el Concejo Municipal reguló el mercado. La propuesta consensuada entre los integrantes de la comisión mixta que se había conformado entre integrantes del Ejecutivo y los presidentes de cada uno de los bloques del Legislativo para estudiar el tema –y que quedó transformada en ordenanza– consistió en fijar un límite a la cantidad de bocas de expendio que tendrá cada una de las empresas que quieran instalarse en la ciudad. En concreto, se buscó establecer, de forma transitoria hasta el 30 de junio de 2012, que cada una de las cadenas no sobrepase el 10 por ciento de los comercios del rubro que están ya habilitados. Para llevar ese proyecto a cabo la idea fue tomar como base las 193 cuentas activas que en ese momento estaban inscriptas en el Derecho de Registro de Inscripción (Drei). Así, el tope se fijó en 19 sucursales por cada firma.
Investigación
Según la Afip, las maniobras desarrolladas en el seno de la firma tendían a evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado “operaciones W”, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa.
El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos. Luego transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban sólo el 10 por ciento del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto.
Siempre según la Afip, para llevar a cabo esta maniobra de evasión, fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron alentados por el descuento del 10 por ciento que realizaba la empresa por las “compras W”.
Esta operatoria permitió que esa mercadería “comprada en negro mediante el sistema W” sea luego vendida, también, marginalmente al consumidor final. Esto representa un menor costo impositivo y, en consecuencia, una mayor rentabilidad para los franquiciados quienes se beneficiaron económicamente dejando de pagar sus obligaciones tributarias. El monto de facturación anual de la empresa es de unos 150 millones de pesos y se estima que las ventas en negro fueron de alrededor del 50 por ciento del total.
Jorge Berardo, vocero y abogado de la empresa dijo, a El Ciudadano: “Nos sorprendió la actuación de la Afip, los penalistas recién el próximo lunes o martes, podrían acceder al expediente y saber concretamente las causas y el origen de la intimación que terminó en la detención, tenemos referencias periodísticas, no las causas concretas. El fiscal de la causa habla de asociación ilícita y para eso hace falta determinar una evasión y si no hay evasión, no hay imputación. No quiero hacer juicio de valor porque hasta que no tengamos el expediente en mano, no podemos explicar nada”.
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