Guillermo Correa
“Es sumamente difícil intervenir una provincia: toda la Constitución está pensada como un sistema de salvaguarda del federalismo. Y la intervención federal es en casos absolutamente extraordinarios y en los que haya un consenso transversal muy profundo. No parecería ser el caso”, respondió una alta fuente del oficialismo –que pidió reserva de su nombre– a El Ciudadano.
La consulta, claro está, se origina en los al menos dos proyectos en ese sentido que se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación, pero quedaron prácticamente en la banquina con el fragor de la campaña, las elecciones de gobernador y Legislaturas en distintos territorios provinciales –en las que se contaron estridentes reveses al oficialismo nacional– y las Paso presidenciales. Lo cierto es que ya desde el vamos tampoco daban los números, pero, por si fuera poco, tampoco ese camino al le bajaron el pulgar, ofrecía algún atisbo de solución a una situación que tiene raíz en el pasado más remoto en el territorio de la Puna. Allí, donde aguerridos habitantes originarios resistieron embates del imperio Inca primero y de la corona de España después; donde despuntó el único Marquesado de la Argentina, que se asentó por más de 100 años, entre 1708 y su abolición por parte de la Asamblea del 1813 –el título fue marqués del Valle de Tojo, aunque se conoció como marqués de Yavi–; donde habitantes de la Puna, muchos ya criollos, combatieron por 40 años una expropiación de tierras decretada en 1835, la historia parece transcurrir en forma de caracol. Y ahora está dando una nueva vuelta de círculo.
Jujuy tiene un largo devenir de intervenciones federales –en 2024 se cumplirán 60 años de la última–, enfrentamientos políticos, proscripciones, persecuciones y resistencias. Así lo atestigua el Malón de la Paz, el tercero en 77 años, que lleva más de un mes y medio asentado en Buenos Aires, a la espera de una garantía sobre el derecho a sus tierras ancestrales, Los pone en riesgo nada más y nada menos que una nueva Constitución provincial, paradójicamente generada por una fuerza política, la UCR, que hace poco menos de un siglo era víctima de fraude electoral, de persecución de sus dirigentes y militantes y de proscripción. Y, también paradójicamente, convalidada por otra fuerza política, el Partido Justicialista, que fue tanto o más jaqueada por el poder económico jujeño, con cuyos dirigentes se estrenó la tan actual fórmula de “acusarlos” de violentos, “castristas” y “trotskistas”.
Un repaso de distintas investigaciones sobre Jujuy da cuenta de la vasta, compleja y hasta casi surrealista sucesión de hechos que desembocaron en el actual y cíclico enfrentamiento de sectores sociales en la provincia del extremo noroeste del país.
Intervenidos
Uno de los proyectos que hoy tienen estado legislativo en la Cámara de Diputados establece en su artículo primero la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy por 365 días “a fin de garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático en dicha jurisdicción, y de esa manera evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino”. El segundo, presentado poco después por la diputada kirchnerista Gisela Marziotta, directamente impulsa una intervención federal de los tres poderes: el Ejecutivo, en manos del gobernador saliente y ex precandidato a vicepresidente Gerardo Morales; el Legislativo y el Judicial. Este último procura “restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º de la Constitución Nacional), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso 22 C.N.)”.
Es que, aunque el mandatario radical jujeño no lo reconozca, la represión estatal se sigue ejecutando, agravada con hechos de violencia paraestatal, que son filmados y replicados y encuentran, ya, eco internacional. De hecho entre el 21 y 25 de agosto pasados permaneció en territorio jujeño una misión internacional de observación de la que formaron parte ocho organizaciones reconocidas mundialmente en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Sus representantes viajaron al territorio de la Puna para “conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública”. En su informe preliminar, la delegación –que integraron las organizaciones Federación Internacional por los Derechos Humanos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente,
Pan para el Mundo, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, International Work Group for Indigenous Affairs, Centro Legal de Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y Movement Law Lab– advirtieron que la reforma constitucional en Jujuy “lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia”.
El recorrido de la misión abarcó focos de protesta que se mantuvieron en los últimos tres meses, como Abra Pampa, “donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades”; La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. “En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas «menos letales» para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias, y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios”.
En paralelo, este miércoles 21 difundió su Informe Final otra misión, integrada por figuras nacionales, que recorrió Jujuy en junio pasado. La llamada Misión de Solidaridad y Derechos Humanos registró una “vulneración sistemática y generalizada” de los derechos humanos de los manifestantes contra la nueva Constitución local, y los tipificó como “delitos de lesa humanidad”.
“El Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño”, sostuvo la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas, presentado en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires difundido por la agencia de noticias Télam.
“El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”, puntualiza además la Misión, integrada entre otras organizaciones por la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi), la Asociación Liberpueblo, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación Xumek, el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y organizaciones gremiales como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ATE y la CTA Autónoma.
La delegación relevó también episodios recurrentes de “hostigamiento a trabajadores de prensa” y concluyeron que las autoridades políticas jujeñas deben ser ser investigadas por “tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares”.
¿Constitución inconstitucional?
La abogada española residente en la Argentina Penélope Vaca Ávila, doctorada en ciencia política en la Universidad Nacional de San Martín, analizó el caso de Jujuy en perspectiva histórica. En ese marco recordó que la Constitución de Jujuy –previa a la reforma– había sido sancionada en 1986, “y en ese momento fue reconocida a nivel nacional por su calidad institucional y democrática”. Los convencionales habían sido elegidos en noviembre de 1985, recordó y explicó que una vez abierta la Convención, los debates se extendieron por casi un año, hasta la aprobación de la nueva Carta Magna en octubre de 1986. Desde entonces, nunca se hizo una reforma de prácticamente la totalidad del texto constitucional, hasta que lo impulsó Gerardo Morales. La actual Constitución de Jujuy es una modificación de 193 artículos sobre los 212 antes vigentes.
Pero el proceso fue marcadamente lo congtrario. Según puntualiza Vaca Ávila, en septiembre de 2022 el oficialismo radical consiguió, gracias al voto de un diputado del peronismo, el apoyo de la Legislatura provincial para modificar la Constitución (ley 6.302). “La iniciativa debe analizarse en el marco de los juegos multinivel del actual gobernador –quien perdió la posibilidad de reelección y aspiraba inicialmente a realizar la reforma constitucional en diciembre de 2022, antes del inicio del año electoral–, su histórica oposición a los movimientos sociales y el reciente boom minero en la provincia, con crecientes proyectos de litio y explotaciones antiguas que se han reactivado”, contextualiza la investigadora.
La Convención Constituyente contó con 48 convencionales (misma cantidad que legisladores provinciales): la UCR, encabezada por el gobernador Morales, tuvo 29 bancas; el PJ, 13, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, 6. Según la ley 6.302, los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. “Sin embargo, el proyecto de funcionamiento aprobado al inicio de la Convención con los votos de la UCR y el PJ previó que el articulado se aprobara con una mayoría de la mitad más uno, mayoría que ya ostentaba el radicalismo”.
Esa decisión permitió a la Convención acelerar el tratamiento hasta una velocidad inusitada: las reuniones en comisión concluyeron en menos de dos semanas. Además, no fueron públicas; no hubo registro taquigráfico, y no hubo audiencias con representantes sociales ni ciudadanos particulares. “El texto de la reforma, que tuvo idas y vueltas en algunos artículos en el último momento, fue aprobado el 20 de junio por la mañana, varias horas antes de lo previsto, sin ser hecho público a la ciudadanía y con la Legislatura rodeada de Policía y protestas”. Y no fue sometido a plebiscito de la población, “como es habitual en reformas de esta magnitud”.
Con todo el proceso viciado desde el primer hasta el último momento, no sólo se alzó la mayor protesta social en décadas, también se dio la insólita e inédita situación de que dos semanas después de que entrara en vigencia la nueva Consitución provincial, distintos Concejos Deliberantes aprobaran expresiones de rechazo: los cuerpos legislativos de Libertador General San Martín, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca votaron declaraciones en ese sentido en la primera semana de julio.
Pero no es la primera situación de violencia extrema en la provincia puneña: el año que viene se cumplirán 60 años de la intervención federal a Jujuy. Fue en 1964 y rodeada, como ahora, de un contexto de enfrentamientos, en aquel entonces entre trabajadores organizados, comunidades de pueblos originarios sometidas a explotación extrema junto a los sectores políticos, sindicales y sociales que los representaban; contra sectores oligárquicos y organizaciones que expresaban sus intereses económicos y poltiicos. Eran los tiempos de un radicalismo dividido desde los años 20, y de un peronismo proscripto y perseguido desde el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955.
El huevo de la serpiente
“La libertad de expresión y el derecho a la protesta constituyen no sólo garantías constitucionales, sino también son la base indispensable del funcionamiento del sistema democrático. Por este motivo, la reforma constitucional desarrollada en Jujuy impulsada por el gobierno de Morales resulta inconstitucional y antidemocrática, en tanto pretende avasallar derechos constitucionales establecidos en la ley suprema de la Nación”, expresa uno de los actuales proyectos de intervención federal a la provincia de Jujuy.
La frase remite, precisamente, a la situación que existía en 1964, cuando tampoco se había logrado una síntesis pacificadora entre fuerzas en pugna, que representaban en forma transparente los intereses en conflicto de entonces. Por otra parte, eran los mismos que habían confrontado durante el gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen, y aun después, con su derrocamiento; análogos a los que se medían antes del surgimiento del peronismo, similares a la puja de intereses en los gobiernos conservadores de la llamada Década Infame; y también durante los diez años de gobierno de Juan Domingo Perón, y con la dictadura que lo depuso y usurpó el poder. Pero desde 1955 en adelante, la situación se hizo antagónica hasta desembocar en la descomunal represión que desplegó la última dictadura, cuya máxima expresión resultó la delirante y terrorífica operación conocida como “la Noche del Apagón”, que se consumó entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en el departamento Ledesma.
En 1964 se encontraba en plena vigencia el decreto-ley 4.161, que había sido publicado nueve años antes, en el Boletín Oficial del 9 de marzo de 1956, con el título: “Prohíbese el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina”.
Pese al título, la disposición había sido emitida por una dictadura militar instaurada tras derrocar a un gobierno constitucional, además reelecto con un 63,51% de los votos. Y era complementaria de otro decreto-ley, el 3.855, que había disuelto el Partido Peronista y el Partido Peronista Femenino en noviembre de 1955, dos meses después del cruento golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, del que días atrás se cumplió el 68 aniversario.
El famoso decreto 4.161 penalizaba, entre otras cosas, pronunciar los nombres propios de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención y simbología peronista, incluidas composiciones musicales, o cualquier propaganda partidaria, fotos, esculturas, retratos, con penas a infractores que iban desde 30 días a 6 años de prisión, multas, inhabilitación por el doble de tiempo de la condena y, en caso de comercios y empresas, clausura por 15 días y clausuras definitivas “en caso de reincidencia”.
La disposición dictatorial generó, con el tiempo, una profusión de partidos provinciales, especialmente mientras su vigencia estuvo parcialmente suspendida durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Así nacieron, por ejemplo, Unión Popular (fuerza fundada por el ex canciller de Perón, el socialista Juan Bramuglia), y le siguieron, entre otros, el Movimiento Popular Neuquino en la provincia patagónica, el Movimiento Popular Salteño, el Partido Populista en Catamarca. En Jujuy se fundaron el Partido Tres Banderas (que también surgió en Entre Ríos y Santiago del Estero con el mismo nombre, referencia a los principios de independencia económica, soberanía política y justicia social), y el Partido Blanco de los Trabajadores.
Sobre éste último, cuando alcanzó una fuerte musculatura política, se desplegó una operación de propaganda tan descomunal que tuvo eco en un nóvel pero influyente medio porteño. “¿Pueden los trotskistas derrotar a un gobierno provincial en la Argentina?”, se preguntaba un artículo publicado el 21 de abril de 1964 en la revista Primera Plana, semanario fundado poco más de un año y medio antes por el periodista Jacobo Timerman. “Extraña ofensiva trotskista en Jujuy”, era el título de la nota, que describía que acusaba directamente a “los principales dirigentes del Partido Blanco de los Trabajadores”, de promover la intervención federal a Jujuy. “No todos los jefes de esa agrupación simpatizan con tendencias marxistas-leninistas, pero el juego político se da en tales términos que se ven obligados a una alianza de hecho con castristas partidarios de una línea insurreccional”, apuntaba el artículo, descripto como “una investigación llevada a cabo en Jujuy por redactores de Primera Plana”.
Cualquier parecido con la actual realidad, no es pura coincidencia.
Comentarios