La casa de Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña y la oficina de una cooperativa en Alto Comedero fueron allanados por orden del juez Gastón Mercau, a cargo de la causa por la que está detenida desde hace once días la dirigente político-social de Jujuy y diputada del Parlasur.
Sala fue detenida el 16 de enero con imputaciones penales a raíz de un acampe en plaza Belgrano con el que trabajadores de cooperativas de la Tupac Amaru y otras agrupaciones de la Red de Organizaciones Sociales, que ella lidera, reclaman desde hace más de 40 días diálogo al gobernador Gerardo Morales.
Los allanamientos fueron pedidos por la fiscal Liliana Fernández Montiel y ordenados por Mercau en el marco de una nueva causa en los que Sala y otras personas, entre ellas presidentes de cooperativas y una legisladora provincial, están imputados por fraude a la administración pública y asociación ilícita, según fuentes judiciales.
Los allanamientos comenzaron pasadas las 7 de este miércoles y fueron realizados por integrantes de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy, en busca de documentación en papel e informática que relaciones a Sala con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).
El pasado 18 de enero, el gobernador Morales formuló declaraciones en las que acusó a Sala y “otros líderes de agrupaciones que se encuentran (acampando) en la plaza Belgrano” por el supuesto cobro irregular de cheques como anticipo de obras de construcción de viviendas sociales.
Entre los imputados por fraude a la administración pública se encuentran Olga Tufiño, Marcos Almasana, Alberto Cardozo, Juan Manuel Nieva, Javier Nieva, Damian Lacsi, Ramón Fernandez, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Salas, Marcelo Almasama, Marcia Sagardìa, Pablo Tolosa, Marta Gutierrez, Raúl Aguilera, Juan Manuel Aguilera, Lucio Abregú y Luis Corrado, informaron las mismas fuentes.
Por otra parte, Milagro Sala, Sagardía y la diputada provincial Mabel Balconte están también imputadas por los delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”, aseveraron.
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