El juez Rubén Quiñonez, presidente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, que juzga a cinco personas (entre ellos el arroyense Patricio Gorosito) por el contrabando de una tonelada de cocaína a Europa en 2012, el caso conocido como Carbón Blanco, renunció ayer a su cargo al terminar otra jornada del juicio que se realiza en la capital provincial.
Según informó el abogado Claudio Lifschitz, uno de los defensores del principal imputado, el abogado Carlos Salvatore, la dimisión fue comunicada por el magistrado a las partes fuera de la sala de audiencias, lo que calificó como “algo muy extraño, que da a pensar en presiones externas”.
La renuncia de Quiñonez se produjo luego de las amenazas sufridas hace dos días por los fiscales que intervienen en el juicio, Federico Carniel y Carlos Amad, y las que previamente había recibido la jueza chaqueña que instruyó la causa, Zunilda Niremperger.
Ayer por la mañana, la jornada había comenzado normalmente con la declaración de testigos ante el tribunal presidido por Quiñonez e integrado por los vocales Eduardo Belforte y Ramón Luis González y el conjuez Aldo Alurralde. Tras un cuarto intermedio, apareció en el estrado Belforte como presidente, acompañado por González y Alurralde, mientras que Quiñonez no estaba.
Al ser consultado por los defensores respecto del cambio de presidente, Belforte aseguró que se debió a “una decisión interna” y no dio más explicaciones, lo que causó sorpresa a la Fiscalía, los abogados y los periodistas presentes en la sala. “Hace treinta años que me dedico a la abogacía y nunca vi algo así”, dijo Lifschitz, ex secretario del juez federal Juan José Galeano –entonces a cargo de la causa Amia–, quien calificó la situación como “algo muy extraño, que da a pensar en presiones externas” o en “cuestiones políticas”.
El defensor explicó que, ante esta situación, las partes solicitaron una reunión al término de la audiencia, en la que Quiñonez manifestó que desde hoy no concurriría más al juicio “por cuestiones de salud”. Debido a la presencia del cuarto juez, esto no provocará ningún inconveniente en la continuidad del debate, que seguirá hoy, cuando probablemente se informe oficialmente la renuncia de Quiñonez.
Lo que no podrá haber es otra suplencia desde ahora hasta que termine el juicio, de modo que si se produce algún problema con otro magistrado el debate puede quedar nulo. Más allá de si la dimisión es por problemas de salud o presiones, Lifschitz sostuvo que “entre los jueces había discusiones internas sobre el modo de llevar el debate”, las cuales quedaban en evidencia, por ejemplo, al momento de formular preguntas.
Desde que comenzó el juicio, en varias ocasiones otros abogados comentaron por lo bajo que el juez González tomaba la palabra pasando por encima a Quiñoñez o le daba órdenes directamente a la secretaria.
En tanto, durante la mañana declaró Mario Figueroa, quien en 2011 y 2012 se desempeñó como jefe de la Aduana de la ciudad portuaria de Barranqueras, en el Chaco, por donde pasó el cargamento de carbón en el que luego se halló cocaína. Figueroa admitió que cuando ese cargamento pasó por la Aduana “se realizó un control selectivo del cinco por ciento” del total. A diferencia de los aduaneros que declararon en las audiencias anteriores, el funcionario afirmó que las cargas de carbón vegetal no conllevaban controles exhaustivos dentro del denominado “canal rojo”.
Dijo que las operaciones eran controladas en un “canal naranja” y que requieren fiscalización documental. No obstante, dijo que en forma “aleatoria y discrecional” se hacían controles por medios no intrusivos, como una “scan van” (un scanner similar al que se utiliza en aeropuertos para los equipajes) y, si tuviera disponibilidad, con perros entrenados.
Los defensores hicieron notar correos electrónicos enviados por el jefe de la División Narcotráfico de la Aduana en Resistencia, Héctor Barboza, quien requería puntualmente “control exhaustivo” a cargamentos de este tipo.
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