La jueza María José Sarmiento aseguró ayer que siente “presiones” y denunció que el gobierno nacional mandó a la Policía a su domicilio e instaló allí un patrullero, con el supuesto fin de acelerar la apelación a su fallo de restituir a Martín Redrado en el Banco Central.
A su entender, esa situación “simula una presión” de parte de la Casa Rosada, que espera apelar con celeridad la medida que adoptó el último viernes la magistrada.
“Tener un móvil en la puerta sin haberlo pedido simula una presión”, subrayó la magistrada.
En declaraciones televisivas, Sarmiento advirtió que se trata de un “procedimiento anormal” para concretar una apelación a un fallo. Explicó que la presentación que espera realizar el gobierno debe realizarse el próximo día hábil, es decir mañana, y en su despacho.
En ese sentido, se quejó porque “no se entiende el procedimiento” que el gobierno quiere usar para apelar.
“No he visto jamás este procedimiento. Tengo 30 años en la Justicia. Ignoro a qué se debe esta actitud”, aseveró la funcionaria judicial.
Ante las quejas del gobierno, que dijo haber intentando ubicarla sin éxito en las últimas horas con el objetivo de apelar la restitución de Redrado, la jueza Sarmiento afirmó: “No me oculto. Todo el mundo sabe mi horario de trabajo”.
Según dijo, la Casa Rosada envió a un funcionario policial a su domicilio para entregarle un escrito y, ante su negativa de recibirlo, se ubicó un patrullero en la puerta.
“A las 7.30 tocó el timbre el subcomisario de la 19 para darme un oficio. Yo lo atendí pero le dije que no iba a recibir el documento”, relató la magistrada, tras lo cual indicó que se instaló “un móvil policial en la puerta” de su casa.
Sarmiento subrayó que en su despacho “se reciben usualmente los escritos” y anticipó que el gobierno deberá “esperar el primer día hábil” para presentar cualquier apelación.
“Tiene que esperar hasta el lunes a las 7.30”, momento en el que definirá si la apelación “corresponde o no y con qué efectos”, remarcó la jueza.
En forma paralela, argumentó que tomó la decisión de restituir a Redrado en su cargo en dos horas porque “había que tomar una decisión rápida por la gravedad institucional”.
No obstante, concluyó que “la palabra final siempre la tiene la Corte Suprema de Justicia”.
Una jueza de perfil bajo y experiencia
Cuando la doctora María José Sarmiento firmó el viernes último dos fallos cruciales sobre el escándalo del Banco Central, estaba convencida de dos cosas: que se ajustaban a derecho y que le acarrearían más de un dolor de cabeza.
La jueza, titular del Juzgado Número 11 en lo Contencioso y Administrativo, es conocida en Tribunales por su bajo perfil, su contracción al trabajo y el manejo fino de las leyes, aún en los casos de mayor presión política, de los que tuvo varios.
En efecto, Sarmiento no es nueva en estas diligencias extremas y en los once años que lleva al frente del juzgado debió enfrentar varias tormentas.
Uno de los casos más resonantes fue el fallo contra el rebalanceo telefónico que impulsaba el ex presidente Carlos Menem, en tiempos en que aún su gobierno gozaba de cierto poder, en 1997.
Esa decisión le valió a la magistrada una fuerte disputa con el secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, quien no cumplió con el dictamen y finalmente fue denunciado por varios camaristas por amenazas contra la jueza.
“La doctora Sarmiento hace un uso prolijo y certero de las leyes”, comentó ayer un colega, al definirla profesionalmente.
También se enfrentó con el actual gobierno, cuando obligó a que Felisa Micelli explicase el intento para resarcir al Grupo Grecco con 600 millones de pesos en bonos.
Es recordada en Tribunales por la prolijidad y celeridad con la que manejó miles de causas que recayeron en su juzgado contra el corralito de Domingo Cavallo, medida que declaró inconstitucional y ordenó la devolución de los fondos de forma íntegra y en la moneda de origen.
Poco tiempo atrás, frenó un concurso para nombrar a cuatro jueces en estratégicos juzgados federales, al sospechar que varios de los concursantes hicieron trampas para aprobar la evaluación.
El bajo perfil de la jueza Sarmiento se traduce en que los archivos de los medios cuentan con pocas—o ninguna— fotografías de ella, son escasos los datos de su vida privada y es reacia a entrevistas o charlas informales.
María José Sarmiento, hoy en el candelero y en la mira del gobierno —Néstor Kirchner reclamó un juicio político en su contra— se recibió de abogada en la Universidad Católica en 1980, y realizó toda su carrera en el fuero contencioso, donde es jueza desde 1991 por un decreto de Carlos Saúl Menem.
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