El comisario inspector Daniel Puyol, quien hasta hace pocas semanas estaba al frente de la Agrupación de Unidades Especial de la UR XVII, fue corrido de su cargo en medio de fuertes acusaciones que lo involucran con el caso Paula Perassi, la mujer que permanece desaparecida desde septiembre de 2011. Aunque las autoridades provinciales aseguran que el traslado del uniformado a la División Personal de la Policía provincial, con asiento en Santa Fe, no está vinculado con la causa, la decisión coincide con un pedido del procurador general de la Corte para que se investigue el patrimonio del funcionario y su familia, por estar sospechado de enriquecimiento ilícito ya que, según el padre de Paula Perassi, cuenta entre sus bienes con una flota de más de una decena de camiones, que se presume están a nombre de su esposa.
Hace más de dos años que Puyol es blanco de fuertes acusaciones por parte de la familia de Paula Perassi, que le imputa encubrir la desaparición de la mujer –de por entonces 36 años y madre de dos hijos– quien fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa, de la ciudad de San Lorenzo.
La causa fue caratulada como homicidio ya que el propio entorno de Paula sostuvo desde un principio que fue asesinada por mantener una relación extramatrimonial con un empresario de la zona, para ocultar un embarazo. El amante, Gabriel Strumia, y uno de sus empleados, Antonio Darío Díaz, fueron procesados por la Justicia pero más tarde desvinculados.
Entre las pruebas recolectadas hay una particular que a la familia de Paula nunca le dejó de hacer ruido. Se trata de una comunicación telefónica (mediante Nextel) entre Strumia y el comisario Puyol en el momento en que el padre de Perassi realizaba la denuncia por la desaparición de su hija.
Tras la denuncia, la investigación pasó a estar a cago de Puyol, pero la misma no avanzó, al menos como la familia de Paula esperaba. Eso hizo sospechar al padre de Paula, quien por sugerencia de Strumia (antes de conocer que era amante de su hija) fue a denunciar el hecho en la Agrupación Unidades Especiales de San Lorenzo.
Tiempo después, Alberto Perassi presentó ante el fiscal Ramón Moscetta una serie de elementos con los cuales el funcionario judicial presentó ante el juez Eduardo Filocco una denuncia para que se investigue al comisario Puyol, ante la sospecha de que incrementó sustancialmente su patrimonio en los últimos años.
A mediados de febrero, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, luego de evaluar la solicitud, pidió que la Dirección General de Asuntos Internos investigue los bienes del funcionario y los de su familia, según confirmó una fuente de la causa, quien además mencionó que en más de una oportunidad los padres de Paula habían hecho pública la desconfianza en el jefe policial por tener una fortuna “injustificable”, además de acusarlo de encubrimiento por la desaparición de la joven a raíz de una estrecha amistad con el amante y principal sospechoso de la causa.
La investigación llevará tiempo, ya que deben cotejarse los bienes, ingresos y movimientos financieros de la familia directa del comisario y luego de otros integrantes del entorno familiar. Entre el pedido de investigación y la solicitud formal de parte del procurador de la Corte, el Ministerio de Seguridad de la provincia autorizó el cambio de destino de Puyol, algo que para la familia de Perassi está relacionado con la desaparición de Paula y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Lesa humanidad
La investigación judicial por el caso Perassi, que había llegado a tener a dos procesados por homicidio, quedó en stand by luego de que la Cámara de Apelaciones diera marcha atrás el fallo de primera instancia y la causa quedara sin detenidos. En diálogo con El Ciudadano, uno de los abogados querellantes, Adrián Ruiz, recordó que después de que la sala I de la Cámara Penal revocara el procesamiento dictado por el juez de Instrucción Eduardo Filocco, la causa “quedó al borde la impunidad, porque nos pidieron elementos de prueba imposibles de conseguir”.
Para la querella, la desaparición es un homicidio que lograron demostrar con una “cadena de indicios que indican la autoría de los procesados” y por ello presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Corte Suprema de Santa Fe, a lo que respondieron con otra presentación para que el expediente sea visto por la Corte Suprema de la Nación.
“Cuando tenés una logística que te hace desaparecer un cuerpo, no lo encontrás nunca más. En esta causa luchamos contra una logística con una gran pata estatal. Porque los encubridores están dentro del Estado y son la propia Policía”, dijo el abogado.
A principio de febrero, Ruiz presentó un recurso extraordinario federal cuya admisibilidad todavía no fue resuelta. En él pide que el caso sea declarado de lesa humanidad “porque estamos luchando contra los aparatos del Estado que quisieron mostrar esta desaparición forzada como el caso de una atorrantita de San Lorenzo que se fue de la casa, siendo que no se fue sola, que la mataron y los mismos funcionarios estatales (por la Policía) ocultaron el cuerpo y obstaculizaron el esclarecimiento”, terminó diciendo.
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