El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se entregó en una sede policial en la ciudad de Córdoba luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara su detención.
Es en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.
También se entregó, pero en Buenos Aires, su ex asesor Manuel Vázquez, a quien también incluía el pedido de arresto librado por el magistrado.
Jaime llegó al edificio policial en el barrio de Alta Córdoba, ubicado en las calles Yrigoyen y Derqui, en soledad y a bordo de un taxi, ingresando por una puerta lateral y evitando, así, la presencia de los cronistas que lo aguardaban.
Horas después fue retirado de esa dependencia a bordo de una camioneta de Gendarmería para ser trasladado hasta la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de esa fuerza en el barrio porteño de Retiro.
El ex funcionario fue trasladado por tierra “debido a las condiciones climáticas”, indicaron fuentes judiciales, al explicar por qué no será trasladado en avión.
Jaime, sobre quien ya pesan varias condenas judiciales, está acusado de la comisión del delito de malversación de caudales públicos y declararía el lunes.
La causa penal investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal. “Los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real”, advirtió el juez en la resolución.
Y en virtud de ello consideró que lo ocurrido “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la Administración Pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”.
Ercolini aludió al perjuicio económico ocasionado al Estado porque las compras hechas, en su mayoría vagones destinados al ferrocarril Belgrano Cargas que nunca se utilizaron, “no sirvieron ni siquiera como repuestos”.
De acuerdo al artículo 261 del Código Penal, el ex funcionario podría tener una pena de “reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua”.
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