La causa penal por la inundación de 2003, que afectó a un tercio de los habitantes de la capital provincial y dejó un saldo de 23 muertos, seguirá su curso y deberá haber una sentencia: así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Santa Fe al rechazar el planteo de prescripción esgrimido por la defensa del ex intendente Marcelo Álvarez, uno de los tres imputados. La Cámara también apartó al juez Cristian Fiz, por lo que primero se deberá definir quién lo reemplaza.
En un fallo fechado el pasado 28 de agosto, el tribunal integrado por Roberto Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Jaquelina Balangione consideró extemporáneo el planteo de prescripción de la acción penal y el pedido de sobreseimiento interpuesto por la defensa de Álvarez y declaró nula la resolución del juez de baja instancia –Fiz– desestimatoria de la prescripción al considerar que el magistrado no exigió a los defensores de los otros imputados que “hicieran efectivo el derecho de defensa en juicio”.
Los jueces de la Cámara de Apelaciones destacaron que “renovar los actos anulados supondría un retardo totalmente innecesario en el camino hacia la resolución definitiva del proceso, que como consecuencia de esta incidencia vio demorada su tramitación por una articulación extemporánea”, en referencia al planteo realizado por el ex intendente Álvarez en agosto del año pasado, que ya había sido rechazado en primera instancia en abril de este año (luego, la defensa de Álvarez apeló ese fallo, que la Cámara desestimó la semana pasada).
La causa inundación lleva 11 años de trámite. Están imputados por el delito de “estrago culposo agravado”, además de Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas de la provincia Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica Ricardo Fratti. En el legajo están incorporadas 18 de las 23 muertes reconocidas por el Estado (las agrupaciones de inundados y los organismos de derechos humanos contabilizan 160 casos si se suman las muertes provocadas por las secuelas de la inundación).
En la resolución, los jueces de la Cámara de Apelaciones dispusieron separar al juez Fiz y ordenaron que el subrogante legal prosiga con el trámite hasta llegar a sentencia. Así, se reactiva la causa luego de los planteos dilatorios de la defensa de Álvarez, que buscó –sin éxito– la prescripción de la acción penal. En agosto de 2013, el juez que entonces entendía en la causa, Gustavo Urdiales, había suspendido el trámite principal de la causa para abocarse al planteo de Álvarez. En diciembre Urdiales juró como fiscal del nuevo sistema penal y fue reemplazado por Fiz, ahora apartado por la Cámara.
De acuerdo al fallo de la Cámara, el trámite primero a cargo de Urdiales y luego de Fiz fue “evidentemente irregular” con la consecuente “violación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso”. La Cámara estableció que debían intervenir las defensas de todos los imputados (Fiz no había habilitado a los defensores de Berli y Fratti) para que “hicieran efectivo el derecho de defensa en juicio”. El 7 de abril, Fiz rechazó la prescripción sin escuchar a los abogados de Berli y de Fratti, con lo cual afectó “gravemente” el derecho de ambos, según definió la Cámara.
El fallo es contundente en cuanto a la necesidad de que la causa avance hasta la sentencia: “El juicio sin duda resulta necesario y se ha desarrollado casi en su totalidad, avanzando hacia su conclusión definitiva. Resta sólo la clausura del período probatorio, que ya fuera solicitada por los fiscales (Mariela Jiménez y Jorge Andrés) y dictar la sentencia”.
“Más cerca de la verdad”
Jorge Castro, actor civil –junto a su esposa Milagros Demiryi– en la causa por la inundación 2003, dijo que el fallo de la Cámara de Apelaciones, que rechaza el planteo de prescripción, es “un paso más en el camino de la verdad”.
“La decisión de la Justicia de no dar la prescripción de la causa favorece a la verdad”, agregó Castro. “Durante 11 años han transitado el camino de la dilación. Nosotros no podemos hacer nada porque los acusados tienen derecho a actuar así. Lo lamentable es que muchos de los que sufrieron la inundación ya fallecieron”, dijo.
El actor civil (la causa comenzó bajo el viejo sistema penal, cuando no existía la figura del querellante) remarcó: “Desgraciadamente, no vamos a poder llegar a una sentencia en este 2014. Ellos buscan el cansancio de la gente”.
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