Cuando el senador Carlos Reutemann rompió su habitual silencio –el miércoles, en medio del debate de los proyectos de reforma judicial– para manifestarse por una Justicia independiente, a los inundados de Santa Fe se les erizó la piel. “Huye de la Justicia hace 10 años y se atreve a hablar de pérdida de independencia”, lanzó María Claudia Albornoz, referente de la Carpa Negra, uno de los grupos de afectados que reclaman castigo a los responsables de la inundación de 2003.
La bronca de los inundados es porque, a 10 años de la tragedia, el senador nacional –en aquel entonces gobernador de la provincia– nunca fue citado por la Justicia. La causa por estrago culposo agravado por 18 muertes se encuentra en manos del juez de Sentencia Gustavo Urdiales. En el último mes, el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre, firmó dos resoluciones con el objetivo de que se avance en la investigación.
El ex intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, el ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti y el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli son los únicos tres imputados. Fueron procesados en 2006, cuando el juez que por entonces tenía la causa –Jorge Patrizi– decidió elevarla a juicio. De allí en más, la investigación de las responsabilidades políticas de la inundación no volvió a avanzar.
En la madrugada del 29 de abril de 2003, el río Salado –cuya crecida había anegado varias localidades del norte provincial en las semanas previas– ingresó a la ciudad por un tramo abierto de la defensa oeste. En las siguientes horas se desató la tragedia. Un tercio de la ciudad quedó bajo agua y 130 mil vecinos debieron autoevacuarse de sus hogares, con una situación agravada por la ausencia de un plan de emergencia y la inacción del Estado provincial y municipal.
El 5 de mayo de ese año el Sindicato de Amas de Casa presentó la primera denuncia penal. Le sucedieron decenas de presentaciones de particulares. Entre tanto, el gobierno de Reutemann –apoyado en datos de la Unidad Regional I de la Policía– reconoció 23 muertes directas causadas por la inundación, 18 de las cuales están incorporadas en la causa. En los años siguientes, los organismos de derechos humanos y los grupos de inundados denunciaron que, por causas colaterales derivadas, murieron 158 personas en total.
La causa estuvo, en primer término, a cargo del juez Diego de la Torre. La Corte decidió pasarle el expediente a Patrizi, lo que causó malestar entre los inundados. En abril de 2006, a poco de cumplirse el tercer aniversario de la inundación, Patrizi elevó la causa a juicio y sobreseyó definitivamente a Reutemann. La única declaración del ex piloto fue por escrito, en 2003. Nunca fue citado a indagatoria. En octubre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo del actor civil de la causa para que el Lole fuera citado a declarar.
A partir de entonces la causa quedó enmarañada en la burocracia judicial. Se sucedieron los planteos de la defensa de los imputados, hubo un desfile de fiscales y jueces –unos recusados, otros que pidieron apartarse por su propia cuenta– y recién en los últimos meses, a partir de la presión de los inundados, volvió a activarse la vía judicial. El procurador Barraguirre designó al fiscal Jorge Andrés para que actúe de manera conjunta a la fiscal Mariela Jiménez y así acelerar el proceso.
Barraguirre –quien reemplazó el año pasado al fallecido Agustín Bassó– tomó esa decisión “con el objeto de evitar más dilaciones en el proceso”. Y apuró la labor de los fiscales: “Ha transcurrido un plazo suficiente para resolver la causa, razón por la cual resulta indispensable arbitrar todas las medidas pertinentes desde la Fiscalía para oponerse a cualquier otra circunstancia que implique una mayor dilación del proceso”.
El 8 de abril se concretó la primera audiencia de parte desde el último cambio de jueces y fiscales. El juez Urdiales convocó a los abogados defensores de los tres imputados, a los fiscales Andrés y Jiménez y a los abogados patrocinantes de los actores civiles –el matrimonio conformado por Milagros Demiryi y Jorge Castro– para acordar cuáles serían las pruebas incluidas en el debate. Castro y Demiryi pretenden que el juez tome en cuenta las pruebas que Patrizi rechazó en su momento; de ocurrir eso, estiman que Reutemann deberá ir sí o sí a Tribunales para una declaración indagatoria.
“Todas las pruebas que no fueron introducidas en la causa por el juez Patrizi ahora están incorporadas. Entonces, forzosamente, a los fiscales actuales les dan una mochila de plomo, porque todo lo que los fiscales no investigaron en la etapa de instrucción, ahora estos fiscales nuevos lo van a tener que analizar”, explicó Castro. “Van a empezar por las pruebas contra los tres implicados, pero no queda establecido que Reutemann y su gabinete ya no puedan ser llamados a declarar”.
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