En espera. La Cámara Nacional de Casación Penal emplazó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de San Martín a que fije “en lo inmediato” fecha de realización del juicio contra ex directivos de Ford imputados por el secuestro de 24 trabajadores de la planta de General Pacheco, en el norte del Gran Buenos Aires, durante la última dictadura cívico militar.
La causa está en condiciones para ser debatida en juicio oral y público desde 2014.
La crónica reciente señala que en enero pasado, el TOF 1 suspendió por segunda vez el debate, que iba a realizarse este mes.
Así, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, la querella que representa a los obreros presentó un recurso de reposición para pedir a los jueces que declinen la suspensión, pero aún no hubo respuesta.
En este marco, el representante de la querella, Tomás Ojea Quintana, calificó como “reprobable” la demora en el inicio del juicio y responsabilizó a la Justicia.
“Un juicio que desde 2014 está en el tribunal para que se lleve a cabo es reprobable que aún no haya sucedido. Uno de los tres procesados ya falleció y las víctimas son gente de mucha edad y están muy enfermos, con lo cual es claro el impedimento de hacer justicia”, remarcó el letrado.
En efecto, en uno de sus pasajes, la resolución de la sala II de la Cámara de Casación que urgió a los jueces de San Martín a ponerle fecha al debate insistió en la misma línea que Ojea Quintana, al hacer hincapié en que en tres años el debate fue suspendido dos veces y “todavía las víctimas y los familiares de la causa siguen esperando ansiosamente un juicio”.
Los camaristas Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar resolvieron un recurso de amparo presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a propósito de la segunda suspensión que el TOF 1 de San Martín realizó del debate, que debía haber comenzado el pasado martes 14 de marzo.
En el mismo sentido, la Sala II recordó “la vocación aplicativa de lo dispuesto por esta Cámara en la acordada Nº 1/12, en orden a la necesidad de realizar la justicia bajo resguardo del debido proceso, en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta las características que revisten causas de lesa humanidad como la especie”.
Los hechos por los que están imputados ex directivos de Ford fueron denunciados incluso durante la vigencia de las leyes de impunidad y en 2002 el fiscal Félix Crous pidió la apertura de la causa, pero pasaron más de diez años hasta que la Justicia procesó a tres directivos, uno de los cuales falleció el año pasado sin ver el comienzo del juicio.
“El tribunal suspendió el juicio con argumentos no válidos”, apuntó Ojea Quintana.
Cuando fijó al 14 de marzo como nueva fecha de inicio, tras la primera suspensión, “no dijo nada de los otros juicios que debía afrontar, ni las prisiones preventivas que debe atender, como expuso en enero cuando suspendió el de Ford”, señaló el abogado.
Y agregó: “Este es un juicio que no puede esperar”.
En la causa se investigó el funcionamiento de un centro de detención clandestino dentro de la planta de Ford en General Pacheco, uno de los casos más emblemáticos de la responsabilidad empresarial en crímenes del terrorismo de Estado.
Es preciso recordar que los secuestros en la Ford se produjeron por “oleadas” desde el 24 de marzo, se extendieron durante unos dos meses y abarcaron a delegados gremiales y otros trabajadores que, en su gran mayoría, pasaron por la Ford y luego por un circuito represivo que incluía la comisaría de Tigre.
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