La difusión de las computadoras como un electrodoméstico más en los hogares y el crecimiento de las conexiones a internet condujeron a la necesaria incorporación de leyes para regular su lado oscuro: los nuevos delitos informáticos. En ese marco, especialistas en derecho penal valoran la sanción de la ley Nº 26.388 en 2008, que los incorpora, aunque reconocen que su aplicación es complicada: entre los cuestionamientos más importantes, sobresale la necesidad de profesionalizar a las fuerzas de seguridad que investigan. El panorama actual del delito informático fue abordado por tres especialistas esta semana durante una charla en el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Rosario (UNR), en el marco de las Jornadas Argentinas de Informática (JAIO).
Discusión en carpeta
El lunes Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y los abogados y docentes Jorge Ilharrescondo (UCA Rosario y Austral) y Fabio Procajlo (UNR) participaron de un debate sobre el combate de delitos surgidos a mediados de la primera década del siglo XXI con el avance de las tecnologías y las comunicaciones. Se refirieron a las modificaciones introducidas por la legislación promulgada a mediados de 2008, que en sus 14 artículos establece la sustitución o incorporación de párrafos a secciones del Código Penal de la Nación. Los tres expusieron cuestionamnientos.
Para Sáenz el combate del delito informático pasa por tres ejes fundamentales: la reforma legislativa, cooperación internacional y la capacitación. Sobre el último punto consideró “inadmisible” que un juez, fiscal o defensor “no sepa qué es una dirección IP”, esto es, la identificación única de una computadora en internet. Según el funcionario, estudiar y capacitarse en esto no debe quedarse sólo en el ámbito judicial sino llegar a todos los eslabones que intervienen en una investigación. “El dispositivo informático es lo primero que se busca. Ante cualquier delito, lo primero que se llevan son las computadoras y eso debe hacerse siguiendo un protocolo, que la mayoría de las veces no se cumple”, especificó Sáenz.
A su turno, el docente de la UCA Jorge Ilharrescondo estimó que en el mundo el daño de los delitos informáticos es mayor al del tráfico de estupefacientes o de armas. Para el profesional, el manejo de la faz informática puede ser la vía para atacar múltiples campos: integridad sexual, patrimonio, hacienda pública o seguridad, entre otros.
Consultado por la situación de Santa Fe, Ilharrescondo opinó: “Constantemente se trabaja sobre prueba y error. El personal de la Policía pone de manifiesto las dificultades que tienen para llevar adelante una investigación”. Y más, agregó: “Me refiero a los horrores procedimentales que se producen en el acopio de pruebas informáticas, que son burdos. No hay un protocolo para el acopio de pruebas y la toma de evidencia digital.
Aunque hay que reconocer que muchos abogados también incurrimos en errores: el abogado especialista en derecho informático no abunda”.
Por su parte, el docente de la UNR Fabio Procajlo fue aún más contundente. “Las tecnologías de la información crearon cambios sociales y nuevas formas de cometer hechos delictivos. Los legisladores se hicieron eco y debieron prever estas conductas (los delitos). Pero el derecho penal es una ficción”, señaló. Y agregó: “Es difícil que tenga una utilidad práctica real, completa y demostrable. Más aún que una pena tenga una función real de prevención. Es bastante complejo probarlo y si no habría que ver la realidad”.
De la teoría a la práctica
Los panelistas refirieron a múltiples casos que les tocó afrontar como profesionales para explicar las dificultades del sistema para luchar contra los delitos informáticos. Si bien reconocieron contar con una alta sofisticación de medios y recursos, también explicaron que cuando se trabaja con particulares o entidades de gran capital, se hallan frente a situaciones más complejas. “Muchas veces los delitos de esta índole no se denuncian.
Tuve el caso de un cliente al que le hackearon la cuenta de home banking (por la que el usuario de un banco puede ingresar a través de internet), desde donde hicieron una transferencia de activos. Lo primero que nos pidió la entidad bancaria es que no hiciéramos la denuncia porque de alguna manera violentaba la imagen comercial y confianza del banco. Con lo cual tenemos una gran cifra de la actividad no denunciada”, reveló Ilharrescondo. El letrado remarcó que el mayor problema es la falta de aplicación de la norma, “lo que transforma al Código Penal en una expresión de deseo y en una ficción”.
El fiscal Sáenz insistió en que las mayores complicaciones durante las investigaciones de delitos penales radican en la falta de capacitación de los agentes que actúan en el primer momento. A modo de ejemplo citó el caso de un empresario que durante 10 años vivió del patrimonio de colegas ejecutivos a los que les había sustraído los números de sus tarjetas de crédito. En un allanamiento, la Policía le secuestró un pendrive (disco de datos portátil) en el que figuraban todos estos datos. Pero el agente de seguridad lo colocó en su computadora personal, abriendo la posibilidad a que el acusado argumente que el archivo fue alterado. Finalmente, se declaró la nulidad del caso. “El simple encendido del dispositivo altera el contenido. Esta es una materia en la que se puede meter la pata muy fácilmente, por eso es tan importante la capacitación constante”, aclaró el fiscal.
Otro de los problemas es que los delincuentes informáticos no están radicados en una sola jurisdicción y pueden generar acciones de distintas partes del mundo. Para Sáenz, la cooperación internacional no funciona aceitada y rápidamente. “El único convenio que refiere al crimen organizado es firmado en Budapest en 2001. Argentina, que todavía no fijó postura, fue invitada a adherir en 2010. Obvio que no es lo mismo cuando nuestro país pide información a Estados Unidos a cuando es al revés”, refirió el fiscal.
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