Este sábado la Federación de Inquilinos Nacional tuvo una reunión virtual con la ministra de Hábitat nacional, María Eugenia Bielsa, en la que hicieron distintas propuestas de cara a afrontar la crisis por pandemia de coronavirus. En concreto, hicieron tres pedidos. Por un lado, que el Estado de haga carga del pago de deudas de alquileres generadas durante el aislamiento de personas que no pueden trabajar ni generar ingresos. En segundo lugar, pidieron que el Senado trate la ley de alquileres que ya tiene media sanción en Diputados. Y por último, solicitaron que sea extendido por al menos 2 años el decreto 320, que determinó el congelamiento de los valores de los alquileres hasta el 30 de septiembre, la suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos, el pago a través de medios electrónicos, entre otras medidas. En el país, hay 9 millones de inquilinas e inquilinos.
Desde la Asociación de Inquilinos de Rosario informaron que la reunión fue para “trabajar en propuestas concretas para el sector, que sigue acumulando deudas y esperando soluciones que permitan garantizar el techo para familias que no están generando ingresos, y necesitan un horizonte respecto cómo se va salir de la crisis económica”.
Durante la jornada del sábado, Bielsa escuchó propuestas que buscan llevar tranquilidad a 9 millones de inquilinos e inquilinas del país. Las organizaciones nucleadas en la Federación pidieron a la ministra tres puntos: que el Estado pague la deuda que inquilinas e inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar), que el Senado trate la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.
Emmanuel Canneli, de la Asociación de Inquilinos Rosario, contó que fue una reunión extensa de la que participaron todas las provincias argentinas. “La ministra comprometió en estudiarlo y evaluarlo. Los pedidos más importantes son la extensión del decreto por 24 meses y que el Estado se haga cargo de las deudas. Sobre la ley de alquileres ella planteó que dependen del Congreso pero que estaba a favor”, dijo.
Sobre cómo es la situación de inquilinas e inquilinos de Rosario Cannelli explicó que uno de los principales problemas que registran en la ciudad son las mudanzas. Cabe aclarar que esta semana el gobernador habilitó una serie de actividades, entre ellas mudanzas y gestiones inmobiliarias, pero quedó exceptuado Gran Rosario y Gran Santa Fe. “Estamos recibiendo demandas de gente que necesita mudarse porque está en una situación de doble pago de alquiler. Hay gente que recibió la llave entre marzo y abril, no llegaron a mudarse y habilitar los servicios y les están cobrando un alquiler de un lugar en el que no viven. Desde la Asociación aclaramos que el Código Civil y Comercial es claro cuando plantea la imprevisibilidad y la fuerza mayor a la hora de cumplir un contrato, y una pandemia es una situación excepcional. No puede haber cobro doble. Si las inmobiliarias lo piden hay que decir que la propia ley argentina nos ampara”, contó el referente de la organización.
Además, invitó a inquilinas e inquilinos a responder la encuesta que la Federación lanzó a nivel nacional para conocer la situación de los alquileres en mayo. “Los resultados del mes de abril dieron cuenta que el 40 por ciento no pudo pagar el alquiler. Y el 50 por ciento no recibió el CBU para hacer el pago o lo recibió con recargo”, agregó.
Para acceder a la encuesta se puede consultas las redes sociales de la Asociación de Inquilinos de Rosario y de la Federación Nacional.
9 millones alquilan
“Por lo menos 9 millones de personas pagan alquiler en todo el país. Es urgente que, declaraciones juradas y cuenta bancaria mediante, el Estado abra un registro de personas que impagan alquileres con causa y transfiera directamente al locador el monto correspondiente. Asegurar que nadie quede sin techo, que no se llenen las calles del país con familias que no pueden cumplir sus obligaciones. La falta de empleo, la falta de ingresos, la crisis sanitaria, no puede cerrar los ojos a una realidad que todos conocemos: alquiler que no se paga es otra familia en la calle”, dijeron.
Según la Asociación de Inquilinos Rosario, la ministra Bielsa se comprometió a analizar las medidas y dar una respuesta en los próximos días. “Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó respecto del aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo”, dijeron desde la entidad.
“El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo”, agregaron.
Las medidas propuestas
Desendeudamiento: así como se subsidio a la mediana y pequeña empresa, hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.
Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.
Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.
Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.
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