El proyecto de modificación de la ley de Abastecimiento y las iniciativas vinculadas a la Defensa del Consumidor serán debatidas a partir de hoy en el Congreso por el plenario de comisiones, en medio de una fuerte polémica sobre el supuesto intervencionismo estatal.
Las comisiones se reunirán en el Congreso a las 17, en un contexto de fuerte lobby por parte del sector privado: entidades como la Unión Industrial (UIA), la Asociación Empresaria (AEA), Came, la Cámara del Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y otros sectores fuertes de la economía anticiparon su rechazo a los cambios.
El oficialismo irá al Parlamento con la misión de aprobar las iniciativas por orden de la presidenta Cristina Kirchner, quien en su último discurso en la Casa Rosada, con empresarios sentados en primera fila, aclaró: “No queremos fundir a ningún empresario, pero que tampoco fundan a los argentinos”. La mandataria dijo que con las modificaciones no se pretende “imponer nada” y precisó que tanto cámaras empresariales como asociaciones de consumidores podrán participar del debate y finalmente “modificar” la normativa.
UCR pide derogar
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, adelantó ayer que en la sesión programada para el 27 de agosto pedirá sobre tablas la derogación de las leyes de Abastecimiento y la Antiterrorista.
Negri recordó que presentó junto a otros legisladores dos proyectos solicitando se deroguen estas leyes y solicitó al arco político opositor “desacelerar las campañas electorales lanzadas y poner como prioridad acciones conjuntas para frenar estas locuras erráticas y peligrosas del gobierno”. El GEN también rechazó el proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento y reiteró su reclamo para derogar la ley Antiterrorista, repudió su aplicación, tanto para acompañar la represión de las protestas sociales como en una práctica de “apriete a cualquier empresa”. El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ya había anticipado que no se trata de una legislación impulsada “pensando en la Argentina, porque es una copia del proyecto venezolano”, en línea con los argumentos del PRO que conduce el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
La propuesta
El gobierno propone, por un lado, la creación de un fuero del consumidor en la Justicia ordinaria, que permita resolver de manera expeditiva los diferendos entre consumidores y empresas, con un sesgo en favor de los primeros.
Contempla una instancia inicial de mediación con asistencia obligatoria de las partes, donde se espera que la mayoría de los conflictos se resuelvan y así los consumidores tengan más incentivos para quejarse por bienes defectuosos, cobros indebidos o cualquier tipo de abuso comercial.
Por otro lado –el más relevante desde el punto de vista de la política económica que busca la administración kirchnerista para comenzar a controlar la inflación–, habrá cambios en las leyes de Lealtad del Consumidor y en la ley de Abastecimiento.
En particular, el resquemor empresario se centra en la ley de Abastecimiento, que pasaría a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y tendrá, como novedad, que se elimina la pena de cárcel para el empresario y se elevan los montos en dinero ante situaciones de incumplimiento.
Según la Unión Industrial Argentina, la nueva ley permitiría al Estado “fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos de precios, incautar e incluso vender bienes o servicios escasos sin juicio de expropiación previo”.
Sin embargo, un repaso por la legislación actual muestra que todas esas temidas facultades en realidad están vigentes desde mediados de los 70: de hecho, muchas de ellas ya fueron aplicadas por el secretario de Comercio, Augusto Costa, (en el caso de los laboratorios) y por su antecesor, Guillermo Moreno. Costa sostuvo el domingo último que con la reforma de la ley de Abastecimiento “el gobierno no está generando un avance sobre los privados” y criticó al sector industrial porque planea que el Ejecutivo “ajuste su gasto público y reduzca subsidios”.
La actual ley de Abastecimiento fue promulgada el 24 de junio de 1974 y su aplicación fue suspendida en noviembre de 1991. Luego fue reestablecida en 1999, a través del Decreto 722 que declaró el “estado de emergencia de abastecimiento”.
“Perjudica a trabajadores”
Los precandidatos presidenciales del Frente Amplio Unen, Hermes Binner y Julio Cobos, se expresaron en contra del proyecto de ley de Abastecimiento. “En este contexto, la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores. Necesitamos promover inversiones genuinas en un marco de certidumbre y protección del empleo, para volver a poner en marcha a la industria”, dijo Binner.
Cobos, por su parte, expresó: “El verdadero abastecimiento se logra con un gobierno promotor de la inversión, que genere empleo a partir de reglas claras y previsibles que restablezcan la confianza. Argentina necesita poner en funcionamiento todo su aparato productivo la aplicación de este tipo de medidas nos aíslan del mundo y afectan en forma negativa a la industria nacional”.
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