Cinco indigentes casi sin ingresos facturaron, sin saberlo, 36 millones de pesos a través de sociedades fantasma. Fue a través de facturas truchas que compraban al menos 50 empresas de primerísima línea para descargar IVA y Ganancias. La maniobra fue armada por un estudio contable y una escribanía de la zona sur del conurbano bonaerense, y los indigentes eran reclutados por un “líder” local de un barrio carenciado. En total, por esta maniobra de creación de contribuyentes apócrifos, ya se determinó una evasión de 36 millones de pesos, como monto mínimo. Sin embargo, la causa podría derivar en un escándalo aún mayor, ya que el dinero total investigado supera los 150 millones de pesos.
La operación, donde ya se realizó un primer movimiento de 120 allanamientos el viernes 10 de mayo pasado (a los que sumarían no menos de 50 en días), apunta a desmantelar una red que reclutaba a indigentes para crear sociedades fantasma dentro de una escribanía, que luego eran inscriptas para comenzar a facturar.
La operación buscaba aumentar los costos internos para luego reducir el margen de ganancias y el monto del IVA a liquidar, además de incrementar el crédito fiscal.
La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora –la usina, así como los indigentes reclutados, es de la zona sur– que dirige el juez Alberto Patricio Santamarina. Fuentes cercanas al magistrado aseguran que la figura que se aplicaría es la de asociación ilícita, con lo que se estaría violando la ley 24.769, que impone prisión efectiva si el delito tributario supera el millón de pesos, al determinarse penas de más de cuatro años.
Por los montos en danza según la denuncia original de la Afip, a los contadores y escribanos involucrados (además de eventualmente los empresarios a los que se les detecte que efectivamente realizaron las compras de facturas para evadir) les correspondería prisión efectiva.
Los elementos principales de la causa que está investigando Santamarina a partir de los datos aportados por el organismo que maneja Ricardo Echegaray son los siguientes:
Según la investigación de la Justicia, la maniobra fue armada entre el estudio contable Lapasset & Asoc. y la escribanía Mirabella.
Las usinas de las facturas truchas, sociedades y personas ya intervenidas directamente por la Afip, con los montos emitidos son Persol Publicidad (11,6 millones de pesos), Constructora CHH SRL (4,6); Christian Sanabria (3,4); Ángel Legal (1,6); Jorge Luis Telli (1,5); Mármol 2007 SRL (1,3); Víctor Galve (1,2); Manchester Steal SA (1,2); Metal Point SA (1,2); Sebastián Nicolás Herrera (0,8); Jorge Castillo (0,8); Diego Legal (0,8) y otras (5,9). En total, confirmadas, hay operaciones por 36 millones de pesos, monto que podría multiplicarse; 7,6 millones de pesos corresponden a operaciones de IVA y 12,6 millones a Ganancias.
Las sociedades eran armadas con indigentes y enfermos internados en hospitales públicos, que prestaban su firma a cambio de 100 pesos por sociedad armada.
Según la investigación judicial, el reclutador era Alejandro Ramón Agüero, un “hombre fuerte”, según la descripción de unos de los funcionarios que están llevando adelante la causa, del barrio donde se reclutaban los futuros socios. Entre éstos figura Jorge Abraham Rojas, desocupado, integrante de las sociedades Caam SA, Cule SA, Eclipse SRL y Fortigo SRL.
También Romina Leguiza, desempleada y beneficiada con un Plan Trabajar, socia de la constructora CHH SRL y directora suplente de Bulones Coiro SA; Edgardo Daniel Aguilar, un discapacitado, sin vivienda y analfabeto que fue contactado cuando estaba internado y semiinconsciente para que firme papeles de sociedades truchas. Otro indigente contactado fue Ángel Legal, cartonero, que aparece como socio de Telfer Construcciones SRL, Eran Construcciones SRL, Bakdow SA (figura como presidente), Cabaña Luan SA y Spin Off SA. En total facturó unos 1.967.000 pesos. El listado de los nombres que ya tiene identificado el juez Santamarina es Dielo Legal, que declaró hacer changas para sobrevivir, y que como socio de Telfer Construcciones facturó 1.017.000 pesos.
Las empresas investigadas por el juzgado por haber comprado las facturas son las concesionarias Guido Guidi (Concesionaria Volkswagen), Taraborelli, Strianese (Volkswagen), Ford Cam (camiones Ford) y Cigliutti (Mercedes-Benz). También la empresa de medicina prepaga Osde, el laboratorio Rhoemmers y la megacadena de farmacias Farmacity; además de la productora de alimentos Granja Tres Arroyos; la constructora Criba (que tiene como algunos de sus clientes a Unilever, Village Recoleta, Forum, Quartier, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y la sede local de la multinacional fabricante de ascensores Thyssen-Krupp. Se investiga, además, a los bingos Adrogué y Mendoza y a una cadena de restoranes de primera línea.
La Justicia también se detuvo en el caso de un club de primera división, de los más grandes y convocantes, que también compró facturas truchas.
En este caso, la investigación judicial es aún más punzante, ya que lo que se busca determinar es el destino del dinero generado internamente con la compra de las facturas apócrifas, ya que podrían haber sido utilizadas no para evadir impuestos, sino para pagar actividades de su barra brava. De ser así, además de la causa tributaria, se podría abrir una causa penal.
La causa nació a partir de una inspección de la Afip a uno de los domicilios de las sociedades, ubicado en una villa de emergencia y donde vivía uno de los indigentes que prestó el nombre para la formación de una de las sociedades que emitió una factura que luego compraron dos de las concesionarias investigadas.
La persona dio el nombre de la escribanía donde firmó papeles por los cuales le pagaron 100 pesos en cada sociedad (en total obtuvo unos 600 pesos), que luego facturaron por más de dos millones de pesos.
Desde allí se llegó a ubicar a otros cinco indigentes que dieron su nombre, firma y domicilio para crear las sociedades que emitían las facturas que luego habrían comprado, según lo que investiga el juez, las empresas involucradas.
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