El ex oficial de la marina, Julio Alberto Poch, está siendo indagado por el juez federal Sergio Torres como uno de los sindicados pilotos de los “vuelos de la muerte”, desde los cuales víctimas de la represión de la última dictadura militar eran arrojados vivos al mar o al río de la Plata.
Fuentes judiciales confirmaron que en la audiencia, que comenzó a las 10, están presentes el defensor del ex marino, el fiscal federal Eduardo Taiano y el secretario de Torres, Pablo Yadarola.
Poch, de 57 años, llegó ayer a la Argentina trasladado desde España, extraditado por los presuntos delitos de “detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes” en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Entre los hechos por los que se le atribuye responsabilidad penal, figuran los que tuvieron como víctimas a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la joven sueca Dagmar Hagelin y el periodista y escritor Rodolfo Walsh.
Poch se retiró de la fuerza como teniente de fragata en febrero de 1981 y se fue a vivir a Holanda con su esposa y tres hijos.
Compañeros de Poch de la empresa aerea en la que éste trabajaba luego de haber obtenido la ciudadanía holandesa, denunciaron ante las autoridades locales que el ex oficial de la marina se jactaba de haber participado de los “vuelos de la muerte”.
El 22 de setiembre último, al finalizar un vuelo entre Amsterdam y Valencia, Poch fue detenido en esa ciudad, donde se había montado un operativo por pedido de Torres.
Ante la Audiencia Nacional de España, Poch dijo que había sido “malinterpretado” por su compañeros y que no tuvo “nada que ver” con los “vuelos de la muerte”.
Para conceder la extradición, los magistrados de la Audiencia Nacional española evaluaron informes según los cuales Poch cumplió funciones en la Armada Argentina entre 1976 y 1980 y que “arrojó a varias personas vivas desde aviones o helicópteros que él pilotaba, como oficial aviador naval”.
Según constancias del sumario, Poch participó “en ilegítimas detenciones de personas que fueron internadas indebidamente en la base operativa de la ESMA y en posteriores torturas, lesiones, desapariciones y muertes de dichas personas o parte de ellas”.
Las acciones en las que habría intervenido el ex marino “fueron realizadas dentro de un plan sistemático o generalizado de persecución a un sector de la población argentina por razones ideológicas”, sostiene la documentación de la cual se valieron las autoridades españolas para extraditarlo.
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