El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Mario Gambacorta, solicitó la elevación a juicio de seis imputados por la elaboración y distribución de estupefacientes en Rosario desde al menos octubre de 2013 hasta el momento de su detención, en febrero de 2014. Entre los acusados, se encuentra también un integrante de la Policía de la provincia de Santa Fe, quien le suministraba a la banda información para desarrollar sus actividades sin riesgo de aprehensión, sostiene la acusación. Durante el período de instrucción de la causa, también actuaron, como fiscales subrogantes, Juan Patricio Murray, Federico Reynares Solari y Adriana Saccone.
El expediente se originó en 2013 con intervención de la Fiscalía, y cuya investigación se encomendó a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Una vez labrado el sumario de instrucción, se puso el foco en un individuo apodado César, que realizaba actividades de producción, elaboración y comercialización de estupefacientes, en infracción a la ley 23737.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), se ordenaron diversas intervenciones telefónicas junto a las tareas de campo desarrolladas por la fuerza de seguridad actuante. Con el devenir de la investigación se pudo corroborar la existencia de una organización dedicada a la producción y tráfico de estupefacientes, cuyos organizadores eran Julio César Feldkircher y Reina Isabel Quevedo, quien además habría estado vinculada con presuntos proveedores en la provincia de Salta. También, se determinó que Feldkircher organizaba la distribución de dicho material hacia integrantes de eslabones inferiores en la cadena de comercialización en Rosario.
A partir de las escuchas telefónicas realizadas y las tareas de la Policía, y previo pedido del MPF al juez para que ordene requisa, detención y allanamientos, el 9 de febrero de 2014 se detuvo en la localidad de Metán, provincia de Salta, a Quevedo, Cristian Darío Palomeque, Sergio Alberto Galarza y Silvina Griselda Barbora Vergara con 80 panes de cocaína de máxima pureza ocultos en el doble fondo del baúl de una camioneta marca Toyota, junto con dos armas de fuego cargadas.
A su vez, en dos de las fincas allanadas se incautaron más de 70 botellas con precursores químicos y elementos para la producción, fraccionamiento y sustancias de corte, además de cocaína desconcentrada y más armas y municiones. También se obtuvieron comunicaciones que denotaron la existencia de una protección de estas maniobras a manos de un hombre perteneciente a la Policía de la provincia de Santa Fe. El imputado, Germán Matías Almirón, de la cuestionada División Judiciales de la UR II,le suministraba a Feldkircher información para desarrollar la actividad sin riesgos de ser aprehendido. Asimismo –en forma desprendida– se logró desbaratar un posible atentado contra la vida del gobernador provincial Antonio Bonfatti, que presuntamente pensaba ejecutar Almirón, describe la Fiscalía.
Tras la obtención de todos estos elementos probatorios, Gambacorta solicitó la elevación a juicio, endilgando a Quevedo y Feldkircher la figura de delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte, preparación y comercialización de sustancias, agravadas por cometerse con la concurrencia de tres o más personas organizadas a tal fin, ambos en carácter de organizadores y coautores.
Por su parte, Gambacorta responsabilizó a Palomeque, Galarza y Barbora Vergara por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte de tales sustancias, agravado por haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas a tal fin, en calidad de coautores. En el caso de Almirón, fue calificado por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio de tales sustancias, doblemente agravado por haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas a tal fin y por su condición de funcionario policial.
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