El proyecto del oficialismo para transferir la aprobación del presupuesto del Poder Judicial de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura promete animar la sesión de acuerdo que transcurrirá hoy en el cuarto piso del Palacio de Tribunales porteño.
Inquietudes de tinte económico y operativo motivaron diversos contactos durante el pasado fin de semana con una certidumbre: el proyecto es el preludio de una ofensiva mayor relacionada con el fondo de ahorros que administra el máximo tribunal.
El kirchnerismo aspira a dar marcha atrás con la letra chica de la reforma que votó hace sólo semanas en el Congreso, y que había preservado para la Corte la aprobación final (y el consecuente giro al Poder Ejecutivo) del presupuesto anual formulado por el Consejo.
Este presupuesto es elaborado por el administrador del cuerpo colegiado y sin la revisión de los técnicos del máximo tribunal, su influencia adquiere un rol decisivo. El pasado viernes cobró sentido el hecho de que, tal como adelantó este diario, los consejeros kirchneristas alientan la designación de un nuevo administrador que esté por encima de Germán Krieguer, economista de buena sintonía con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Actualmente el principal impedimento para esto es que la aritmética en el plenario no es favorable para el kirchnerismo.
Los funcionarios administrativos de la Corte entienden que el Consejo, por sus avatares políticos, no garantiza una gestión económica inteligente y así se lo han hecho saber a Lorenzetti.
De aprobarse el proyecto de ley, tres oficinas actualmente bajo tutela de la Corte volverían al Consejo: Archivo, Notificaciones y Subastas. Esta última, a cargo de las ejecuciones de remates, es la que más inquieta a los justices ya que, como suelen recordar, ellos mismos debieron intervenirla a partir de supuestos desmanejos.
El caso del Archivo, en cambio, genera comentarios más ácidos entre los jueces supremos: “Ya es gracioso, como no lo podían manejar, nos lo mandaron a nosotros, lo ordenamos y ahora lo quieren de vuelta para desorganizarlo de nuevo”.
Detalles y comentarios útiles para comprender que el titular del cuerpo colegiado, el juez Mario Fera (por estos días distanciado del oficialismo) se expresara en contra de la iniciativa.
Si el kirchnerismo obtiene los votos en el Congreso, la situación de la Corte será más incómoda que en el caso de las elecciones de consejeros que fueron declaradas inconstitucionales. No se trata de una cuestión fácilmente judicializable y aún llegado el caso, esta vez, tal como apuntaba anteanoche un secretario letrado, el planteo tiene cierto sustento constitucional ya que vendría a reglamentar el artículo 114, donde se establece que el control presupuestario es una facultad del Consejo.
Otra cuestión que se tendrá en cuenta hoy: ya existen fragmentos de la reforma que si bien no fueron impugnados, el propio oficialismo dejó sin efecto.
El mejor ejemplo es el de la Comisión de Selección del Consejo, donde hace quince días su titular, el diputado Carlos “Cuto” Moreno, devolvió el control de las subrogancias de corta duración a las Cámaras de los distintos fueros con el objetivo de que estas disposiciones no se traben en el Consejo.
El principal “issue” económico para la Corte continúa siendo el hecho de que la reforma unificó su fondo de ahorros de 5.000 millones de pesos al Presupuesto del Poder Ejecutivo.
Estos fondos están a tiro del gobierno, que podría cambiarlos por bonos. Una maniobra que será respondida con una acordada administrativa y que llevaría al máximo la tensión entre el tribunal y Balcarce 50.
El acuerdo de hoy expresará, en ese sentido, señales sobre el estado actual de situación ya que figuran en agenda diversos expedientes de alta sensibilidad política, como es el caso de la expropiación del predio ferial de La Rural en Palermo.
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