Desde el gobierno nacional se intenta instalar la tesis de que la dinámica de la economía local está afectada fundamentalmente por la tormenta de la economía internacional, esta vez, por el capítulo turco. Por ello, hacia el final de la semana el riesgo país volvió a subir y se ubicó cercano a los 700 puntos básicos. Esto significa que si el gobierno quisiera salir a emitir deuda a un plazo de 10 años, debería pagar una tasa en torno al 11%.
Sin embargo, aunque el panorama para el resto de los emergentes se deterioró, para nosotros se volvió más complicado. Mientras que el riesgo país de los soberanos pasó, desde enero de 2018, de 298 puntos básicos a 422 puntos básicos en agosto de 2018, es decir se incrementó un 41% (incluyendo a Turquía). Lo mismo sucedió con Brasil, que pasó de un riesgo país en enero de 217 puntos a uno en agosto a 300 puntos, es decir un 38% más. Un caso paradigmático es el de México, que luego de finalizado el proceso electoral su riesgo país bajó, pasó de 234 puntos en enero a 201 en agosto, es decir un 14% menos. En cambio, para la argentina el riesgo país se incrementó de 365 puntos básicos en enero de 2018, a 696 en agosto de 2018, es decir se incrementó un 91%. Esto significa que, en menos de seis meses, el riesgo país argentino se triplicó en relación al resto de los emergentes.
De modo que la tasa que el mercado le exige hoy a la Argentina es mayor que el 8,5% que pagó Axel Kicillof cuando era ministro de Economía por la estatización de YPF en medio del conflicto con los fondos buitre.
Con el FMI no alcanza
Considerando la información oficial sobre vencimientos de deuda y capital en moneda extranjera para lo que queda de 2018 y el año 2019, el gobierno tiene por delante meses difíciles. De acá a fin de año deberá afrontar vencimientos de deuda por 21.841 millones de dólares, 3.980 millones en concepto de intereses, 4.222 por vencimientos de capital de la tesorería, 4.200 del Banco Central CRA por una operación Repo con bancos privados y 9.439 millones de dólares por déficit de cuenta corriente, FAE (formación de activos externos) y Letes en un escenario tranquilo. Los meses clave serán noviembre y diciembre próximos, cuando deberán refinanciarse vencimientos de 3.200 millones del Bonar 2018 y 4.200 millones por el Repo con bancos privados. Para 2019 el panorama es menos alentador: deberá afrontar pagos de 47.663 millones de dólares, en especial entre marzo y mayo, cuando deberá contar con 19.655 millones. En todo el año se descomponen en 8.576 millones de intereses, 16.227 millones de capital, 2.800 millones del BCRA por el Repo con la banca privada y 20.300 millones para el financiamiento de FAE, déficit de cuenta corriente y Letes en un escenario tranquilo. Aun si el gobierno pudiese administrar los vencimientos de Letes, moderar la fuga de capitales y controlar el déficit de balance comercial, necesitaría 16.000 millones de dólares más de lo que aportaría el FMI para 2018, y unos 36.000 millones a lo que aportaría el FMI para 2019. De esa manera, la colocación de un swap con China por 4.000 millones de dólares relaja la perspectiva para este año, pero no es suficiente. Hacia adelante, el gobierno necesita que el escenario actual de pesimismo financiero no sólo no empeore, sino que se revierta, para así poder refinanciar una parte importante de los vencimientos de capital. Caso contrario, las presiones sobre las reservas se incrementarían aún más.
El ajuste llega a las provincias
Considerando la información sobre la ejecución presupuestaria para el mes de julio se observa una fuerte contracción de los desembolsos del Estado nacional en las provincias. Las bajas se registran mayoritariamente en los gastos de capital, aunque también hay ajuste de los gastos corrientes. En julio de 2018 las transferencias a las provincias sumaron 9.680 millones de pesos, un 50% menos que en julio de 2018. Al desagregar por tipo de transferencias, se observa una fuerte caída nominal en las transferencias de capital (obra pública gestionada por las provincias). En este caso, para el mes de julio de 2018 los gastos de capital disminuyeron de 7.427 millones de pesos en julio de 2017 a 3.623 millones en julio de 2018, es decir, un 51%. En términos reales las trasferencias de obra pública se redujeron más de un 80%.
Por el lado de las transferencias corrientes, se registra un fuerte ajuste en educación, seguridad social y desarrollo social, compensado por un aumento en salud y otras transferencias. En el agregado, las transferencias corrientes pasaron de 6.060 millones de pesos en julio de 2017 a 6.057 millones en julio de 2018, es decir, casi no registraron variaciones en términos nominales, lo que representa una caída mayor al 30% en la comparación anual. Ello se produce previo al problema judicial con los contratistas de obra pública y la desaparición del Fondo Federal Solidario (FFS). Hacia los meses siguientes se espera que la judicialización de la política afecte aún más estos desembolsos y complique la ejecución de las obras vigentes, deprimiendo aún más la actividad económica, golpeada adicionalmente por la eliminación del Fondo Sojero.
Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz
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