Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
Desde ayer es ley el llamado Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y una vez que el Poder Ejecutivo lo reglamente, aquellos interesados en adoptar deberán inscribirse en el registro como requisito obligatorio. En la sesión de ayer, el Senado de la provincia convirtió en ley un proyecto que aunó dos iniciativas similares: una de la diputada socialista Lucrecia Aranda y la otra del senador justicialista Eduardo Rosconi.
La ley establece la creación de una lista obligatoria de aspirantes a guarda con fines adoptivos para transparentar el mecanismo y establece la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional 25.824. El registro dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Los aspirantes a adoptar deberán inscribirse en forma personal; una vez cumplidos con los requisitos establecidos por el Código Civil y la Ley de Adopción, a los aspirantes se les entregará un número de orden, que deberá ser respetado por el juez que determina las adopciones.
Se trata, según los autores de los proyectos, de una herramienta indispensable. En la actualidad no se encuentra instaurado formalmente el lugar en donde deben anotarse los ciudadanos que quieren adoptar. El objetivo del registro es evitar cualquier irregularidad en el proceso e instaurar un sistema en el que el único mérito –más allá de los requisitos establecidos en la ley nacional de adopciones– sea el orden de inscripción.
Si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene competencia en todo el territorio provincial, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos tendrá asiento en la ciudad de Santa Fe, aunque habrá delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales en que está dividida la provincia. Cada delegación deberá coordinar sus actividades con los órganos e instituciones relacionados con la niñez y la adolescencia a los fines de recabar información.
El registro sancionado ayer tendrá entre sus funciones gestionar, formar, registrar y mantener actualizada la información respecto de la lista única de aspirantes a guardas con fines de adopción. Además, confeccionar un archivo con las copias de las resoluciones de adopción que cada juzgado realice; efectuar, a través del equipo interdisciplinario correspondiente, la evaluación y asistencia profesional a los adoptantes, a lo largo de todo el proceso de adopción, y la evaluación de las situaciones de los niños, las niñas y los adolescentes.
La nueva ley dispone que los aspirantes deberán inscribirse personalmente en el registro correspondiente a su domicilio, tendrán que cumplir los requisitos y prescripciones establecidos en el Código Civil y en la ley nacional 25.854 y el registro, una vez verificados los requisitos exigidos, formará un legajo y les otorgará a lo aspirantes un número de orden según la fecha de inscripción. El juez competente tendrá que respetar el orden de prioridad de los aspirantes inscriptos en el registro y sólo podrá apartarse del orden en forma fundada y valorando el interés superior del niño.
Ese tipo de excepciones sólo se podrán hacer “si se tratare de hermanos, si se tratare de menores con capacidades especiales, si la guarda fuere solicitada por miembros de la familia u otro vínculo de afinidad, si la identidad cultural del menor así lo justifica y si los padres en ejercicio de la Patria Potestad delegan la guarda y el juez competente haya valorado su conveniencia”, según se estableció en el texto de la norma.
“En todos los casos que resulte conveniente para el interés superior del niño apartarse del orden de inscripción, el juez deberá previamente requerir dictamen de los organismos relacionados con la niñez y adolescencia y la conformidad expresa del defensor general”, continúa la ley aprobada ayer por el Senado.
Tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición –hay que destacar que el Diputados primero y en el Senado luego las votaciones fueron por unanimidad– señalaron que lo más importante de la ley es que aportará mayor transparencia y agilidad a los procesos de adopción. La socialista Aranda comentó que hasta ahora “cada Juzgado de Menores resolvió a su mejor saber y entender” las adopciones “y eso generó preocupación por presuntas discrecionalidades”.
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