Por Gustavo Gamboa (*)
El Grupo Puebla, que tiene entre integrantes a Andrés Manuel López Obrador, Marco Enríquez-Ominami, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Alberto Fernández y al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, reúne a las principales figuras políticas del progresismo latinoamericano con el objetivo de reforzar la soberanía popular en el continente y avanzar en la conformación de un ámbito de reflexión y búsqueda de consensos destinado a recuperar y promover la integración regional frente al asedio y la intervención de las grandes potencias, principalmente los Estados Unidos, en los asuntos internos de nuestros países.
El segundo encuentro de este grupo, realizado en Buenos Aires, estuvo atravesado por hechos de gran relevancia política e institucional para el continente como la liberación del ex mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado injustamente para evitar su regreso al poder, la continuidad de las protestas y la represión estatal en Chile y el golpe de Estado en Bolivia que destituyó a Evo Morales.
La alegría y expectativas generadas por la salida de la cárcel del líder popular, tras permanecer más de un año detenido por un delito que no existió, rápidamente fueron empañadas por las noticias que llegaban de la Paz.
La desestabilización del orden democrático y la cruel represión contra la población a cargo de las fuerzas armadas, apoyadas por los sectores más reaccionarios, racistas y misóginos, pusieron el tema en el tope de la agenda y exigieron de parte del foro su condena inmediata.
Parece una ironía del destino tener que salir a repudiar nuevamente en América latina la interrupción militar de un gobierno elegido por el pueblo y la implementación de otro por la fuerza, mientras algunos pretenden legitimar la maniobra apelando a la “libertad” y a la “voluntad popular”.
Mucho más grave aún es que Mauricio Macri, como titular del Ejecutivo nacional, se niegue a calificar lo sucedido como un golpe frente a todas las evidencias posibles y a condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas contra la sociedad movilizada.
Es claro que el alineamiento político del presidente con Donald Trump, en desmedro de la integración continental propiciada por los gobiernos progresistas, supone denunciar en cada oportunidad que tiene la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, y los atropellos cometidos por el régimen bolivariano, mientras le exige ignorar y relativizar la feroz represión en Chile, Ecuador y Colombia, donde las consecuencias sociales del modelo neoliberal están haciendo eclosión.
En sintonía con su posicionamiento internacional pro-Estados Unidos, su estrecho vínculo con Jair Bolsonaro y el Grupo Lima, que reivindica a otro autoproclamado presidente, no deja a lugar a dudas respecto a los intereses que defiende.
Como resultado de la implementación de las recetas neoliberales en los países de Latinoamérica, la concentración abusiva de la riqueza, el aumento de la desigualdad social y el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la precarización laboral han provocado los últimos estallidos sociales y puesto en jaque a la derecha en el poder.
Al mismo tiempo, la utilización de las fuerzas armadas como herramienta de disciplinamiento y represión de la protesta o, lisa llanamente, como alternativa para derrocar un gobierno popular evidencia el fin de un ciclo, marcado por los “golpes blandos” y la estrategia del “lawfare”.
Ante este conflictivo panorama, es necesario y urgente que el progresismo en Santa Fe deje de lado sus diferencias y apueste a la unidad, incorporando a las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales en su conjunto, con el fin de resistir la ofensiva neoliberal y articular propuestas solidarias que permitan dar respuesta estos problemas comunes.
(*) Secretario general / Partido Solidaridad e Igualdad
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