Policiales

Crimen en barrio Echesortu

Imputaron al presunto matador del personal trainer Marcos Guenchul

Se trata un hombre que, según el primer imputado, se le presentó y le dijo que le habían encargado "hablar" con la víctima "para que entendiera, para que se dejara de joder con Priscila", su ex pareja y madre de su hijo, de quien el fiscal Adrián Spelta admitió que está bajo sospecha


FOTO: FACEBOOK

Un hombre de 38 años fue imputado este miércoles como segundo el sospechoso por el crimen del personal trainer Marcos Guenchul, ocurrido en julio pasado, en Sucre y Mendoza, cuando salía del gimnasio rumbo a la casa de su novia. Un hombre lo sorprendió con un arma y lo hizo caminar por Sucre, donde le pegó un tiro en la cabeza y huyó junto con Caio Soso, la actual pareja de su ex mujer y madre de su hija, explicó la acusación. Este segundo imputado cayó tras la declaración de Soso y luego de varios allanamientos. Su consorte de causa contó que lo buscó para que “le marcara” a Marcos, porque había “gente que quería mucho a Priscila y quería que la dejara de molestar, ordenarlo”. Este miércoles el sospechoso de apretar el gatillo fue imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de guerra y quedó en prisión preventiva por el plazo de ley, por disposición de la jueza Valeria Pedrana, aunque en un lugar distinto de Soso.

Maximiliano Panero, de 38 años y con un antecedente en su prontuario por amenazas contra una ex pareja, quedó detenido tras una serie de allanamientos y este miércoles fue imputado por el crimen de Guenchul. La Fiscalía describió que el 23 de julio último llegó en un Peugeot 208 propiedad de Soso hasta Mendoza y Sucre.

Con Soso al volante se detuvieron pasadas las 21 de aquella noche en esa esquina y esperaron frente a la parada del colectivo por 49 minutos, hasta que la víctima salió del gimnasio ubicado por calle Mendoza.

Antes de que la víctima pudiera tomar la línea K y luego de que Soso lo señalara, Panero abordó a Guenchul y lo obligó a doblar por Sucre mientras Soso pasó el semáforo en rojo y tomó Sucre, donde esperó a Panero, siempre según la acusación.

El agresor condujo a la víctima unos 30 metros por Sucre, le sacó la mochila y le disparó dos veces. Uno de los tiros pegó en la fachada de una casa y el otro en la cabeza de Guenchul.

Para el fiscal Adrián Spelta y la querella la motivación del crimen fueron los constantes reclamos que la víctima tenía hacia Priscila D. por la hija en común. El funcionario judicial señaló que la mujer está bajo sospecha, aunque por el momento no hay pruebas para acusarla formalmente. Tampoco para encuadrar el caso bajo “promesa remuneratoria”.

El amigo del personal trainer y dueño del gimnasio donde éste trabajaba contó que el único problema que tenía la víctima era con su ex, porque no podía ver a la nena y llegó al punto de que debió poner abogados.

Si bien las evidencias presentadas en parte son similares a las descriptas en la imputativa contra Caio Soso, acusado de transportar al agresor y señalar a la víctima, entre ellas cámaras de seguridad –especialmente la de la casa de un vecino–, testigos del hecho, de la relación con la ex pareja, sobre el auto utilizado, documentación del vehículo e informes, la posterior declaración de Soso dejó a Panero en la mira de los investigadores.

La versión de Soso

El fiscal contó que Soso declaró por más de una hora y dijo que entró a trabajar en la empresa Aguas Provinciales en 2015 y lo hizo hasta 2018. Cuando lo echaron comenzó a trabajar en el sindicato de Obras Sanitarias, donde tienen cargos los parientes cercanos de Priscila, dijo el fiscal.

El sindicato queda en San Luis entre Oroño y Balcarce. Como había siempre mucho movimiento Soso contó que se iba al bar “a cortar la mañana”. Un día cuando salió del local se le presentó una persona que le habló. Le dijo que sabía quién era, lo que estaba pasando y cómo “molestaban” a Priscila, pareja de Soso desde mitad de año, repitió el fiscal.

Sabía de la problemática y le dijo que había gente que quería mucho a Priscila y que “le habían encargado a hablar con este muchacho, con Guenchul, para que entendiera, para que se dejara de joder, para ordenarlo”. Y añadió: “Creo que se entiende lo que quiero decir, advertirle que no la moleste más, que la deje tranquila”. Dijo Soso que no le dio mucha importancia a ese encuentro, ocurrido un mes y medio antes del hecho.

Dijo que el hombre era como un fantasma, se le aparecía de la nada. La última vez le dijo que “había gente detrás de esto, gente pesada”. Soso contó que le dio miedo y el hombre le pidió que le marcara a Guenchul.

El día de crimen, al mediodía, se lo volvió a encontrar y le dijo: “Vamos hoy, vamos, vamos”. Le dio una dirección para que lo pase a buscar por Villa Gobernador Gálvez. “Yo fui un pelotudo por haber puesto el auto, pero no tan pelotudo, jamás participaría de algo tan grave o si sospechaba de una situación de tal magnitud”, dijo ante el fiscal. “Lo pasé a buscar a la noche, pasamos por la novia”, relató.

Luego fueron para el gimnasio. “Cuando creo visualizar (a la víctima), cuando le voy a decir creo que es él, me dijo sí, sí. Creo que ya sabía. Bajó del auto y lo frenó, la situación fue súper tensa”. Contó que miraba por el retrovisor lo que podía, los vio hablar, después forcejear y escuchó los disparos.

Dijo que se asustó y no pudo ver, ni por el retrovisor, no podía entender lo que pasaba. Arrancó, se le paró el auto y el otro hombre se subió, según su descripción. Le dijo: “Hijo de puta, me querías dejar”. Soso dijo que no podía hablar y lo dejó a unas cuadras.

La jueza Valeria Pedrana entendió que hay elementos que permiten vincular a Panero con el hecho. La declaración de Soso, más allá de la motivación, lo sindica como la persona que iba con él en el auto. Hay un video que muestra dos personas. No tenía obligación de sindicar a persona alguna, dio domicilios y líneas telefónicas, por lo que hay otros elementos fuera de los dichos de Soso que avalan lo que dijo en cuanto al contacto con Panero, dijo Pedrana.

La magistrada dictó la prisión preventiva pedida por la Fiscalía y la querella por el plazo de ley, lo que implica un máximo de 2 años.

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