El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, señaló que el asesinato del taxista Eduardo Piris “golpea las políticas públicas” que se venían llevando a cabo desde el inicio de su gestión con el objetivo de “disminuir los niveles de inseguridad” en Rosario y remarcó que pusieron “todos los recursos policiales a disposición de quienes dirigen la investigación”. En tanto, representantes de los gremios de titulares y peones de taxis apuntaron su reclamo a la Justicia, porque “por más que les pongamos cosas a los autos nos van a seguir robando”.
En una reunión que mantuvo ayer en la sede local de Gobernación con representantes de peones y titulares de chapas de taxis, el funcionario remarcó que trabajan fuertemente en distintas alternativas y que pusieron “todos los recursos policiales a disposición de quienes dirigen la investigación para esclarecer este hecho lamentable y doloroso”.
A su vez, sostuvo que durante el encuentro no se charló acerca de medidas de seguridad más allá de las que se venían valorando y que el reclamo de varios de los presentes apuntó a la Justicia, ya que uno de los detenidos por el asesinato, considerado para los pesquisas como el principal sospechoso, es un adolescente de 16 años que tiene antecedentes penales, entre ellos por tentativa de homicidio, y se encontraba en libertad.
Pullaro remarcó que el gobierno santafesino quiere trabajar con el Poder Judicial de la provincia y con la Legislatura “para planificar una política pública que disminuya los niveles de inseguridad”.
Además, sostuvo que seguirán trabajando para fortalecer los controles y la presencia policial en distintos puntos de la ciudad, algo que ya se venía haciendo desde fines del año pasado.
“Nosotros nos hacemos responsables de las fuerzas de seguridad. Vamos a mantener los controles de puntos fijos que se pusieron a pedido de la Justicia, que en Santa Fe son alrededor de 400”, remarcó.
Con relación con las versiones que daban cuenta de que el asesinato de Piris podría estar vinculado con una interna entre taxistas, tal como lo dejaron entrever desde un sector de los titulares de chapas, Pullaro aseguró que desde el gobierno provincial no descartan nada, pero que el homicidio se aborda “como un hecho de inseguridad de un taxista que estaba trabajando”.
La Justicia
Desde el Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, prefirió apuntar a la Justicia antes que a las medidas de seguridad en debate –como el pago con tarjeta o la instalación de cámaras en los coches–. “Si los delincuentes siguen en libertad, por más que les pongamos cosas a los autos nos van a seguir robando”, expresó. En ese sentido, mencionó que en la reunión de ayer en Gobernación se dijo que hay 400 personas con arresto domiciliario. “¿Quién controla eso?”, se preguntó.
“Si esto está programado para que estalle, vamos por mal camino, y si fueron delincuentes comunes, descerebrados, quiere decir que le puede tocar a cualquiera”, manifestó.
Luego, sostuvo: “Todo puede ser, si nos agarran de conejitos de India se vuelven a equivocar, es despreciable matar a un trabajador por una cuestión política y si fue producto de un descerebrado, demuestra que hay mucha juventud que hay que recuperar”.
Boix dijo por último que habló con el propio gobernador Miguel Lifschitz, que le prometió que le va a “declarar la guerra a los delincuentes”.
Hacia el pago con tarjeta en el coche
La Municipalidad ratificó que en dos meses comenzará la prueba piloto del pago alternativo de la tarifa de taxis con la tarjeta Movi, que ya se usa para colectivos, bicicletas públicas y estacionamiento medido.
El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, dijo ayer después de la reunión con taxistas en la sede de Gobernación que el ensayo se iniciará en dos meses con 50 o 100 unidades y si todo funciona bien se extenderá al resto del sistema en 90 días.
La medida es impulsada por el municipio para sacar dinero en efectivo de los coches y así achicar la posibilidad de robos, pese a la férrea resistencia de los titulares de chapas, que ayer volvieron a ratificar su postura de que este sistema “no es la solución”.
Leone dijo que el municipio busca aportar todas las medidas a su alcance para mejorar la seguridad a bordo de los coches. “Esta medida no resuelve el problema pero sí colabora a disminuir el delito”, destacó el funcionario, quien aclaró que al menos en la primera etapa de prueba se podrá pagar tanto en efectivo como con la tarjeta Movi.
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