Opiniones

El último dictador boliviano

García Meza: un general en su laberinto de sangre y secretos

La reciente muerte del dictador que gobernó con mano dura a Bolivia durante 13 meses en los años 80 impedirá esclarecer delitos de lesa humanidad


El de García Meza fue sin duda uno de los gobiernos más nefastos que tuvo Bolivia.

La muerte del general Luis García Meza, el último dictador boliviano, cerró un ciclo de feroces regímenes militares de los años 80 en Bolivia, y aunque fue condenado y murió purgando prisión, se llevó a la tumba los secretos de trece meses –el tiempo que estuvo como mandatario– plagados de violaciones a los derechos humanos, en una competencia directa con los militares argentinos en el poder en ese mismo tiempo. El historiador y ex presidente boliviano Carlos Mesa expresó en estos días que con su muerte se clausura “un período terrible de nuestra historia” que estuvo caracterizado por su “dureza y arbitrariedades sin límites”. García Meza hizo un gobierno salvaje y se jactaba de encargarse “casi personalmente” de los enemigos de su régimen. Durante su corto gobierno fueron asesinados algunos políticos bolivianos, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue muerto a mansalva por un paramilitar, y un poco después fueron acribillados ocho dirigentes socialdemócratas, cuando preparaban en una reunión la resistencia a sus impopulares medidas económicas y a la despiadada represión de que eran objeto. García Meza era general de ejército y en julio de 1980 depuso a su propia prima, la presidenta constitucional Lydia Gueiler, quien fue la primera mujer electa presidenta de Bolivia y encaró, durante su gobierno, una férrea defensa de causas sociales que apuntaban a disminuir la enorme brecha clasista de su país, defendió la no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos del país y propuso la igualdad de sexos frente al no lugar asignado para las mujeres en el seno político y social. El mismo Evo Morales la rescata como quien recuperó el estado de derecho en su país. García Meza no tuvo ningún empacho en “voltearla”, apoyado por la embajada estadounidense en Bolivia y por los gobiernos militares sudamericanos que al iniciarse al década del 80 implementaban a sangre y fuego las prerrogativas del capitalismo salvaje, saqueando las economías nacionales y endeudando a sus países en una nueva escalada de sometimiento.

Son todos narcos

El de García Meza fue sin duda uno de los gobiernos más nefastos que tuvo Bolivia, y donde la  violencia y la intolerancia, la corrupción y los negocios con el Estado, fueron las características sobresalientes de un abuso de poder. Todavía hoy se trata de desarmar los diversos negociados que se hicieron con empresarios inescrupulosos, sobre todo con los yacimientos gasíferos y las minas de plata; se cortaron radicalmente las libertades ciudadanas y se articuló un sistema de amedrentamiento contra la población que se traducía en secuestros, extorsiones y desapariciones, todo en el contexto de los derechos políticos y sindicales suspendidos. No pocos de los que acompañaron a García Meza en el gobierno fueron luego juzgados –aunque pocos condenados– por participar de secuestros y, fundamentalmente, por manejar el narcotráfico boliviano durante todo el periodo en que estuvieron en el poder. Algunos de los acusados fueron el coronel Luis Arce Gómez, a cargo de la cartera de Interior; el general de Brigada Waldo Bernal Pereira, comandante de la Fuerza Aérea; el general Osear Larraín, en Planeamiento; el coronel Rolando Cánido, de Trabajo, y Fernando Palacios, de Informaciones. Más tarde se probaría que el general Hugo Banzer Suárez apoyó con logística e inteligencia al gobierno de García Meza y que una ruptura posterior obedecería a diferencias en la ruta del narcotráfico y a las cantidades de droga que irían en los envíos. García Meza fue condenado a 30 años de cárcel y purgó un poco más de 10 años efectivos, pero en el interin sufrió varios infartos que lo libraron de la cárcel y lo condujeron a un hospital de las Fuerzas Armadas, por aquel lema corporativo que no se abandona a un camarada que puede destapar otros crímenes. Apenas su muerte tomó estado público, varias organizaciones de Derechos Humanos  y luchadores sociales lamentaron que se lleve a la tumba un caudal de información valiosa para esclarecer delitos de lesa humanidad, entre ellos una treintena de asesinatos y un centenar de desapariciones que no tuvieron todavía condenados. Organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lamentaron que no se hubiera podido hacer justicia.

Cartas póstumas

El abogado de García Meza dijo que su cliente le dejó dos cartas póstumas, una de ellas dirigida al país. La dirigida a la opinión pública tiene seis páginas, y allí dice que no robó ni mató e involucra a otros en el golpe de julio de 1980. Hace mención explícita al ex presidente  Víctor Paz Estenssoro, primero nacionalista y luego liberal, al ex general de derecha Hugo Banzer Suárez y al ex coronel Luis Arce Gómez, su poderoso ministro de Interior, y dice que fueron ellos quienes armaron el golpe de estado. Incluso culpa a Banzer –que fue presidente por primera vez con otro sangriento golpe de estado en 1971–, de ordenar matar al líder socialista Quiroga Santa Cruz, quien le había entablado un juicio de responsabilidades en el Congreso por crímenes y delitos cuando gobernó. Sólo Arce Gómez, actualmente en prisión, fue condenado a 30 años de cárcel, mientras que Paz Estenssoro y Banzer nunca fueron acusados ni enjuiciados.

Sanguinarios exponentes

García Meza estuvo en el poder hasta el 4 de agosto de 1981. En 1993 fue condenado a 30 años de prisión, pero escapó y fue capturado en Brasil en 1995 y extraditado a Bolivia, donde se lo confinó en un penal de alta seguridad. Un tiempo atrás García Meza había solicitado un indulto y un recorte de su pena, que concluía en 2025. En abril de 2015 ofreció revelar los nombres de prominentes empresarios que apoyaron su golpe, por lo que fue citado entonces por la Fiscalía, aunque luego se retractaría. La justicia italiana condenó a cadena perpetua en enero de 2017 a ocho militares y civiles de Perú, Boliva, Chile y Uruguay, entre los que se encontraban García Meza y Arce Gómez, por la desaparición de 40 opositores en el marco del Plan Cóndor que las dictaduras del Cono Sur pergeñaron en los años de 1970 y 1980 para acabar con la oposición de izquierda y tuvieron en los militares bolivianos algunos de los más sanguinarios exponentes.

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