José Manuel de la Sota y el gobierno nacional demostraron haber aprendido la lección y ante el primer atisbo de una nueva crisis policial como la del 3 de diciembre pasado concertaron el envío de mil gendarmes.
La Casa Rosada y los gobiernos provinciales están preocupados. Los conflictos policiales de diciembre alcanzaron a la gran mayoría de las 24 provincias y hay indicios de que el efecto contagio en realidad fue planificado. Es evidente que los organizadores no lograron el levantamiento policial homogéneo en todo el país que buscaban, pero igual dejaron latente un mensaje amenazante hacia el poder político y la sociedad. Por eso es importante que avancen las causas judiciales sobre los instigadores: es suicida dejar flotando la sensación de que los policías pueden desobedecer y abandonar su responsabilidad y que no pasa nada.
El desborde narcocriminal
Hay otro aspecto de las policías provinciales que preocupa. El narcotráfico y sus delitos conexos –lo que se denomina narcocriminalidad– desbordaron a esas fuerzas. Si bien la realidad es diferente según la provincia (no hace falta explicitar el lugar que ocupan Santa Fe y Rosario en particular), la realidad es que los gobernadores llaman alarmados a la Casa Rosada o a sus pares en busca de auxilio, de recetas nuevas y hambrientos de compartir experiencias.
Cada uno de ellos ya comprobó que el narcotráfico infiltró filas policiales, las asoció a sus ganancias y en algunos casos tiene como jefes a uniformados. Que el problema no se resuelve con las respuestas convencionales, que excede lo policial y requiere un abordaje por todos los frentes.
La política misma está sobrepasada por el fenómeno. En el mejor de los casos lo subestimó, pero las responsabilidades, por acción u omisión, son patentes.
Scioli pateó el tablero
Tal vez para instalarse como precandidato presidencial, Daniel Scioli le dobló la apuesta a Sergio Mazza (quien hizo de la inseguridad su razón de ser candidato) y propuso sacar los militares a las calles para combatir el narcotráfico.
Así Scioli se erige vocero de una corriente de opinión (que seguramente excede el ámbito de la política) que propone habilitar la intervención de las fuerzas armadas en asuntos internos. Usó como argumento el narcotráfico, uno de los temas más angustiantes para la sociedad.
Las letras de las leyes de seguridad interior y defensa no son casualidad, sino resultado de la historia política argentina del siglo XX. Abrir el juego supone devolver una cuota de poder a fuerzas armadas que atentaron contra el pueblo y la democracia. Es correr el riesgo de que sectores sociales con prédica e influencia las vuelvan a visibilizar como la solución “ejecutiva” y “rápida” a problemas que el poder político democrático tiene dificultades para resolver, como el narcotráfico mismo.
Ni los militares ni la sociedad de hoy son los mismos. Es impensable la clásica hipótesis de golpe de Estado al estilo Argentina siglo XX, pero no la recreación de alianzas entre sectores de poder político, económico y fuerzas armadas con distintos roles y packaging.
Suma de interrogantes
Cuando Scioli invoca a los militares, ¿sólo piensa en el combate del narcotráfico? O piensa también en una fuerza armada de última instancia para situaciones como las vividas con las policías provinciales en diciembre pasado o con Gendarmería y Prefectura en octubre de 2012. ¿Está viendo algo por delante que el común de los argentinos no vemos?
Un interrogante más: ¿tiene algo que ver todo esto con la designación de César Milani al frente del Ejército? ¿Su promoción fue un error político por falta de información suficiente sobre su pasado? ¿Por qué el gobierno asumió, impasible, que era necesario pagar semejante costo político, incluso en las propias filas del kirchnerismo? ¿Hay un mensaje encriptado cuando de pronto aparece Milani abrazado a Hebe de Bonafini para declararse defensor del “modelo nacional y popular”?
El no de Rossi
La iniciativa del aliado Daniel Scioli divide aguas en el gobierno nacional, que desde 2003 hizo un culto de mantener a los militares alejados de la agenda doméstica.
El ministro de Defensa Agustín Rossi salió a responder. “Involucrar a las fuerzas armadas en el combate del delito narco no sólo no mejoraría la situación sino que la empeoraría”, le dijo a El Ciudadano. Aclaró que “el gobierno nacional no evalúa la posibilidad de revisar el rol de las fuerzas armadas” y recordó que “hay leyes claras, como las de Defensa y de Seguridad Interior, que prohíben usarlas para tareas de seguridad interior”.
Desde su asunción, Rossi le imprimió un giro a las políticas de Defensa. Quitó del centro de la escena las aberraciones sobre derechos humanos cometidas en la dictadura, lo cual no quiere decir que hayan sido archivadas u olvidadas, y puso en primer plano de su agenda el trabajo en los complejos industrial y científico tecnológico, y la colaboración de las fuerzas armadas en situaciones de emergencia (inundación de La Plata, explosión en Rosario, ola de calor en Capital Federal), un rol que les devolvió el contacto directo con la gente.
Antes no se hubiera animado
La pregunta es ¿por qué Scioli sale con esto ahora? En otro tiempo no se hubiera animado a meter semejante cascote en el zapato de la presidenta. Quizás tenga que ver con la ausencia pública de Cristina. O quizás se esté anticipando a la batalla electoral que deberá sortear si quiere ser presidente, en la que no es difícil adivinar que Sergio Massa volverá a recurrir a los clichés de la inseguridad como eje central. Aquí entonces se abre el desafío de los espacios políticos de la oposición, que deberán tomar posiciones y tallar en una agenda que no es propia.
Scioli puede convertirse en un problema para el gobierno nacional si en su afán por dar la batalla presidencial empieza a correrle y marcarle la agenda. La situación se irá complejizando en la medida que se acerque 2015 y el gobierno no tenga candidato propio. La llegada de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete fue pensada para mantener iniciativa, liderazgo y evitar una diáspora anticipada de gobernadores peronistas hacia las filas de Massa o Scioli. Ese plan todavía no se pudo cumplir. A decir verdad, el chaqueño llegó a un gobierno fragmentado y plagado de hostilidades internas que la presidenta no logra conjurar.
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