El ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, explicó que estudian la creación de tres nuevos juzgados laborales ante el colapso que experimenta el fuero. Aclaró que en Rosario se tramita el 70 por ciento de las causas de toda la provincia y confirmó que un proceso laboral dura en promedio cinco años. De todos modos, destacó que esos tres nuevos juzgados no van a resolver el problema, sino que el objetivo es bajar el nivel de litigiosidad y para eso explora la posibilidad de establecer una mediación prejudicial, aportar equipos de profesionales médicos para evaluar acuerdos, y peritos médicos que dependan de la provincia.
“Estamos trabajando en un proyecto más sistemático. El Colegio de Abogados pedía la creación de más juzgados laborales. Nosotros evaluamos que no basta con más juzgados, sino que hay que evaluar la litigiosidad”, sostuvo Silberstein en diálogo con El Ciudadano.
El proyecto de reforma será enviado en diez días a la Legislatura, con la creación de tres juzgados, la mediación y la posibilidad de que empleados de juzgados del viejo sistema conclusional –que dio paso al contemplado por el nuevo sistema procesal penal– pasen al fuero laboral.
Silberstein aseguró, además, que hay que incorporar la mediación prejudicial, con equipos médicos judiciales que dependan del Estado. “La Justicia no es un problema de abogados. Atañe también a psicólogos, médicos y contadores dentro de la estructura del Estado. La designación de peritos médicos va a ser importante y va a mejorar el sistema de justicia”, agregó.
El ministro evaluó que en Rosario los jueces no quieren homologar los acuerdos de empresarios y trabajadores porque dudan de que sea conveniente para el trabajador. “En esto, las comisiones médicas van a ayudar. Y la mediación también da un espacio para reducir la litigiosidad laboral”, destacó.
Para el funcionario, que un juicio laboral dure 5 años no es conveniente para nadie. “Ni para las empresas de riesgo de trabajo, ni para los industriales, ni para los trabajadores que cobran después de cinco o seis años. Entendemos que un abordaje sistemático con peritos estatales, comisiones médicas y descentralizaciones va a mejorar el sistema”, aseveró.
Sobre la mediación, sostuvo que la idea es que sea dentro del Poder Judicial con mediadores de ese mismo ámbito. “En el fuero (laboral) se está dando una cosa muy rara, mientras que en el derecho penal se aceptan, por ejemplo, los juicios abreviados con el control del juez y hay una tendencia a flexibilizar el concepto del orden público. En general, la Justicia laboral tiene una postura dura en relación a flexibilizar eso, entorpeciendo las transacciones, y los trabajadores tienen que cobrar en cinco años. Lo que intentamos con esta política es facilitarles el trabajo a los magistrados y que puedan homologar”, agregó.
Para Silberstein, con la creación de tres juzgados más no basta. El proceso tiene que ir acompañado de las medidas necesarias para que baje la litigiosidad. “En Rosario, con mayor cantidad de juzgados, y una comisión médica que facilite la homologación de los acuerdos entre trabajadores y empresarios, podemos dar una respuesta a la situación”, trazó la estrategia a seguir.
Exacerbado
En 2015, sobre 33 mil causas laborales, sumando Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista, 23 mil eran de Rosario. “Es un porcentaje muy alto, los trabajadores de Rosario están teniendo una litigiosidad exacerbada”, describió Silberstein.
Accidentes de trabajo
Con respecto a las causas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), el ministro sostuvo que son de altísima complejidad, ya que representan el 60 por ciento de los expedientes. “En el resto de las provincias, sólo es el 30 por ciento, o sea que en Rosario tenemos una litigiosidad en materia de trabajo mucho mayor. El tema es complejo, porque la ley de riesgo de trabajo ha sido cuestionada por los jueces laborales. Lo central es que la ley de riesgo de trabajo fue elaborada dentro de la lógica del seguro y los jueces piensan en términos de seguridad social”, sostuvo el ministro. “Además de un problema de interpretación de la ley, es un sistema del cual todo el mundo se queja: las empresas de riesgo consideran que los jueces no aplican la ley, las industrias se quejan de que les cobran mucho y los trabajadores, de que demora cinco o seis años”, aseveró.
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