Candela Ramírez
Este lunes al mediodía el Tribunal Federal Oral N°1 condenó a cadena perpetua a los 16 militares y miembros de la Policía federal acusados por los crímenes cometidos contra 116 personas en la cuarta elevación de la causa conocida como Guerrieri.
El tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano, María Noel Costa y Mariela Rojas dictó esa pena por delitos cometidos a los derechos humanos, que incluyeron homicidio agravado, torturas calificadas, tormentos calificados, desaparición forzada, sustracción de menores y privación ilegítima de la libertad.
Cadena perpetua y cárcel común es exactamente lo que las querellas –HIJOS Rosario y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh)- y la Fiscalía solicitaron al Tribunal. Por eso, fuera de la sala de audiencia una multitud festejó cada vez que pronunciaron la palabra perpetua. Sobrevivientes, familiares de víctimas, militantes políticos y organismos de derechos humanos coparon Bv. Oroño para recibir de forma colectiva la resolución del Tribunal. La lectura de los fundamentos será el miércoles 25 de octubre a las 12.
Las penas impuestas alcanzaron a los ex militares y policías: Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach y Walter Pagano. También para Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegaron al juicio sin una condena previa por delitos de lesa humanidad, eran integrantes de la Policía federal. Sólo Constanzo y Faccendini asistieron hoy a Tribunales, los demás siguieron la transmisión de manera remota, modalidad habilitada desde la crisis sanitaria por Covid-19. Sin embargo, Faccendini fue el único que escuchó en la sala el veredicto, Constanzo dijo sus últimas palabras antes del fallo y se retiró del lugar antes de escuchar las penas.
Los condenados, según lo expuesto a lo largo del debate por el fiscal Adolfo Villatte, tuvieron como víctimas de la represión ilegal a 116 personas, de las cuales 54 ya habían formado parte de los tramos anteriores en la megacausa Guerrieri. Es algo común en este tipo de juicios: son tan grandes, involucran a tantas víctimas, que deben dividirse en tramos.
De hecho, la primera causa que se investigó por este tipo de delitos en Rosario fue esta misma, Guerrieri, que tuvo su primera condena en abril de 2010.
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Villatte dijo a El Ciudadano: “La sentencia es muy importante porque logramos que se calificaran algunos hechos de privación ilegítima de la libertad de personas que nunca más fueron encontradas como desapariciones forzadas, algunas de ellas seguidas de muerte, en los casos en que los cuerpos aparecieron mucho tiempo después”.
Además, subrayó que “se logró incorporar a los niños y niñas como víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos. La importancia de esto radica en que estos tormentos no fueron los tormentos tradicionales sino que fueron situaciones tormentosas de detención y así entiendo que lo ha reconocido el tribunal aun cuando todavía no conocemos los fundamentos”.
Tanto el fiscal como las abogadas querellantes, celebraron que consiguieron cinco condenas de integrantes de la policía federal argentina por primera vez. “Actuaron como grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 121”, dijo Villatte.
Además, en esta cuarta elevación se sumaron 62 casos que nunca habían sido juzgados. El juicio había comenzado hace justo un año, en agosto de 2022, y finalizó este lunes con la lectura del fallo.
Nadia Schujman, abogada de la querella de HIJOS, manifestó a este medio la enorme alegría por las condenas obtenidas, “el resultado global es excelente”.
“El fallo es un reconocimiento más de un tribunal de la nación sobre el genocidio y los terribles delitos que se cometieron. Y no es una respuesta política, aunque obviamente hay un contenido político por una lucha pero acá se juzgaron pruebas. Los jueces tenían pruebas más que suficientes para condenarlos y así lo hicieron. El problema es que el poder judicial en Argentina está totalmente desprestigiado, con razón, por lo que se ha convertido, por lo que es, pero aun en este contexto en el que lawfare, persecución y corrupción prima en este poder judicial que no se ha democratizado, aún en ese contexto estos juicios siguen siendo un reservorio”, desarrolló Shujman.
También dijo que “la ampliación aceptada por el tribunal de incorporar los delitos contra niños y niñas generó mucha expectativa en otros puntos del país porque es una novedad, recién ahora se empieza a visibilizar y tratar aunque a veces el planteo viene de larga data”.
Los crímenes investigados ocurrieron dentro del circuito formado por los centros clandestinos de Rosario y la zona: Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”.
Otra de las singularidades de este juicio es el señalamiento de un predio de la iglesia católica Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde según los testigos al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente. Sin embargo, los tres jueces coincidieron en sostener en el fallo que tal Casa Salesiana “no funcionó como centro clandestino de detención”.
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Sobre esto, respondieron las abogadas de APDH Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini (también concejala de la ciudad): “No tenemos ninguna duda de que fue un centro clandestino. En pocos casos existe un sobreviviente que al otro día de recuperar su libertad publicó una nota en el diario explicando donde había estado detenido. Santiago Mac Guire era un cura de 40 años que fue detenido en un seminario al que fue muchísimas veces. Por eso pudo reconocerlo y lo denunció desde 1983 en adelante”.
Finalmente, sobre el contexto de elecciones generales en el país y las expresiones negacionistas de algunos candidatos, Schujman sintetizó: “Ya pasó con el 2×1 en 2017, en pleno macrismo, cuando la sociedad argentina rechazó la medida de la Corte Suprema. Los argentinos tenemos memoria y no vamos a retroceder 40 años. Espero que quienes propagan el odio, el fascismo, el negacionismo, lo entiendan: este es un país donde hay lugar para que convivamos todos y todas”.
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