El Ciudadano
El día después de la denuncia penal que presentaron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery en el marco de las audiencias por un caso de extorsión que involucra a Los Monos se escucharon voces a favor y en contra. Por un lado, la jefa inmediata de Socca y Moreno, María Eugenia Iribarren, deslizó su desacuerdo en que se revelaran en la audiencia chats entre Edery y la testigo protegida Mariana Ortigala, ahora imputada por apriete contra un empresario, por testaferro de Airel “Guille” Cantero y, en el fuero federal, por lavado de activos, conversaciones que derivaron en la causa penal que definió abrir la jefa inmediata de Iribarren, María Cecilia Vranicich.
El complejo caso muestra una grieta al interior del Ministerio Público de la Acusación a diez años de su puesta en funcionamiento. Los repetidos escándalos que involucraron a Marcelo Sain como jefe del Organismo de Investigaciones (la policía judicial) y al menos una de sus subordinadas, la caída del anterior fiscal regional Patricio Serjal por un sonado caso de corrupción y las cada vez más frecuentes críticas y presentaciones judiciales contra el accionar de Edery y su par de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA Luis Schiappa Pietra derivaron en recientes cambios dispuestos por Vranicich, tanto al desarticular la superpoderosa y sospechada de parcialidad área de análisis criminal de la policía judicial y, el pasado 12 de septiembre, el nombramiento del fiscal Gastón Ávila -por orden de Iribarren- como nuevo jefe de la mencionada agencia del MPA.
En ese contexto, al que hay que sumar las internas por los concursos que derivaron en los nombramientos de Vranicich e Iribarren -por caso, Moreno disputó con esta última la posibilidad de quedarse con la jefatura de la circunscripción segunda-, y el reciente resultado electoral que traza una brújula hacia dónde irá el Estado santafesino en los próximos cuatro años, se produjo este episodio cuyas consecuencias aún no pueden predecirse, habida cuenta de que la apertura de una causa penal y otra administrativa contra Edery promete ser sólo el primero de los capítulos de este reverdecido enfrentamiento, que en principio tiene por ejemplo a dos protagonistas con oficinas linderas en el Centro de Justicia Penal: la del propio Edery y la de Socca.
En la audiencia donde se imputó a nueve personas por extorsión al dueño de una agencia de loterías Socca y Moreno contaron sobre una serie de chats entre Ortigala, quien supo ser testigo estrella en la causa donde Esteban Alvarado terminó condenado a prisión perpetua y tras ingresar a un programa de protección a testigos se volvió informante protegida, y el fiscal Edery a través de un celular que el funcionario le dio, según contaron en la imputativa: este viernes habrá una resolución sobre las medidas cautelares.
“Mayor riesgo”
La jefa regional de los fiscales María Eugenia Iribarren confirmó en declaraciones a diferentes radios locales que el fiscal Edery le notificó a fines del 2021 en sobre cerrado sobre los informantes.
“En la audiencia de ayer no estaba investigado el fiscal Edery sino otra persona y a partir de eso se extraen copias para investigar y ver si hay hecho de relevancia penal por el fiscal”, dijo Iribarren a LT8, y evaluó además reveló sobre los fiscales Socca y Moreno: “Consideraron que podía haber cuestiones que podían ser irregulares o ilegales y a partir de eso me pusieron en conocimiento de estas situaciones”.
“Lo que se hizo desde la Fiscalía Regional y a pedido de la fiscal general fue la remisión a otra jurisdicción para que investiguen fiscales de otra jurisdicción, para que puedan hacerlo con mayor objetividad”, afirmó.
La funcionaria dijo que la cuestionada figura del informante, como la del agente revelador o arrepentido, es fundamental para investigar la criminalidad organizada. Y agregó: “Los testigos que pueden declarar muchas veces tienen vinculación con la propia criminalidad por lo tanto hay figuras que son necesaria para profundizar en esa investigación”.
“A partir de que la persona fue detenida el fiscal me informa que era una de las personas que me había informado y la propia ley establece que deben tomar mecanismos para asegurar la integridad de la persona y de la información”, aseveró Iribarren, y agregó que le dijo a los fiscales Moreno y Socca respecto de Ortigala que “tomaran las medidas necesarias para preservar la integridad y sobre todo la información que se transmitía para no poner en mayores riesgos de los que estas personas se ponen cuando brindan información”.
Amplió Iribarren que esa recomendación que les dio a sus subordinados “es lo que corresponde a todos los fiscales” y dijo respecto de la actuación de los fiscales en la audiencia: “Eso lo tenemos que analizar en el contexto de la audiencia si se revelaron cuestiones que la hubiese puesto en mayor riesgo”, lo que deja la puerta abierta para otra investigación administrativa a cargo del auditor general de Gestión del MPA, Leandro Mai.
“Incumbencias”
La conducción provincial del MPA a cargo de María Cecilia Vranicich, quien precisamente fue la auditora del MPA hasta hace pocos meses, emitió un comunicado de prensa donde informó que se evalúa el accionar del fiscal Edery: “La tarea se lleva a cabo desde los carriles institucionales legalmente dispuestos, respetando las distintas incumbencias de los órganos del MPA y reafirmando el compromiso en la persecución de los delitos”.
“Tanto el proceso penal como el disciplinario tienen marcos legales y plazos propios que respetan los derechos y garantías constitucionales y el deber de rendición de cuentas de los integrantes del MPA. En tal sentido, se guardarán los resultados de ambos procesos”, dijo la Fiscalía General.
“Entidad”
Edery brindó declaraciones a Canal 3, donde contó sobre Ortigala: “Pasaba cierta información que nosotros corroboramos cuando tenía cierta entidad, pero eran cuestiones muy difusas, por eso no le dábamos entidad a esas comunicaciones”, aseguró.
En cuanto a la exposición de los intercambios de chats con esta mujer por parte de sus pares dijo: “Ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad”.
Y agregó sobre Socca y Moreno: “Tenían una orden de omitir vincular esta información porque me ponían en riesgo a mí, a la persona que está presa y a la sociedad. Ellos incumplieron esa orden con mucha irresponsabilidad poniéndonos en riesgo”.
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