El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y varios de sus allegados por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, el mismo que interviene en la causa de la imprenta ex-Ciccone Calcográfica.
La medida alcanza también a una veintena de sociedades anónimas, al socio y amigo de Boudou, José María Nuñez Carmona, y a Alejandro Vandenbroele, todos vinculados con la investigación entorno a la imprenta Ciccone. En la investigación a su vez recae sobre la novia del vicepresidente, la periodista Agustina Kampfer.
Fuentes de la Fiscalía explicaron a ámbito.com que la apertura de la investigación se pide en base a la “verosimilitud” de la naturaleza del delito denunciado, lo que no supone culpabilidad. Ahora, será el juez quien debe decidir si avanza o no con el sumario contra Boudou y sus allegados.
La decisión la tomó el fiscal por una denuncia presentada en marzo por el periodista Cristian Sanz, bajo el patrocinio del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Pese a que la denuncia fue presentada meses atrás, el fiscal Di Lello inició este lunes el pedido de investigación.
Las vinculaciones entre ambas causas (la de enriquecimiento y la de la ex-Ciccone) no se agotan allí, ya que el fiscal es el mismo a quien le recaería la investigación del caso Ciccone en caso de que sea apartado Carlos Rívolo y el juez interviniente en ambas investigaciones es Lijo.
En su requerimiento, el fiscal le pidió al juez que se investigue a “las personas y empresas mencionadas” en la denuncia de Sanz, las cuales “podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de distintas sociedades”.
Se trata de Fuerza Laboral, Braver Cheek, Embarcaciones Argentinas e Inversiones Inmobiliarias Aspen, The Old Fun, Ruta Sur Rentals, Sufargen, Nuevo Federal, La Isleña, Habitat Natural, Embarcaciones Argentinas, Danlon, Compañía de Valores Sudamericana SA (continuadora de Ciccone Calcográfica) y London Supply SA.
El fiscal tuvo en cuenta que el denunciante nunca se presentó a ratificar su acusación, realizada el 6 de marzo pasado, pero señaló que “se verificó la existencia de numerosas y mediáticas y mediatizadas causas en trámite, más de diez con contenido patrimonial en contra de los denunciantes cuya trascendencia institucional” obliga a “impulsar la investigación”.
Di Lello requirió la investigación basándose en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que prevé que “la acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada”.
Entre las medidas que sugirió al juez, el fiscal pidió que se libren oficios a entidades bancarias para conocer los ingresos de los imputados y también a otros organismos con el fin de obtener sus declaraciones juradas.
Por último, el fiscal pidió que se notifique a las personas denunciadas para que tomen conocimiento de la imputación que formuló, y de alguna manera ejerzan su derecho de defensa y “contralor efectivo del debido proceso”.
En su denuncia, Sánchez Kalbermatten recordó que varios diarios sindican a Boudou como “partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también, que lo llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito”.
En ese sentido, aseguró que al Vicepresidente se le atribuye la compra en Pinamar de terrenos en un exclusivo barrio privado llamado “Costa Esmeralda”; de tener participación en varias sociedades, entre ellas, en Compañía de Valores Sudamericana S.A (continuadora de Ciccone); y cuentas abiertas en los bancos Nación, Francés y Citibank.
Ahora, las medidas solicitadas por el fiscal serán evaluadas por Lijo, el mismo juez que investiga la venta de Ciccone en la cual se sospecha que Boudou tuvo alguna injerencia para que fuese adquirida por Vandenbroele.
En lo inmediato, el juez Lijo debe determinar si acepta una recusación en esa causa contra el fiscal Carlos Rívolo, la cual fue solicitada por el empresario Núñez Carmona.
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