La descomunal explosión que provocó la firma Sigma Agro SA en septiembre de 2019 con el derrame de un millón de litros de agrotóxicos está a punto de quedar impune. Pese a que se demostró que la fábrica química hacía cinco años que funcionaba sin permisos legales y que el siniestro que causó un desastre ambiental sin precedentes se cobró la vida de un trabajador, el fiscal que tiene a cargo la investigación penal, Luis Emilio Carcagno, pidió el archivo de la causa.
Organizaciones ambientales y vecinos del Paraje La Verde del partido bonaerense de Mercedes repudiaron la decisión: recordaron que se trató de uno de los derrames tóxicos más grandes de la historia del país, mencionaron que el pasto sigue sin crecer y que las autoridades reconocieron que la empresa que fabricaba herbicidas sin permisos no realizó las tareas de remediación necesarias en suelo y agua tras la descomunal explosión.
Ante ello señalaron que los argumentos que esgrimió el fiscal de Instrucción y Juicio N° 6 Luis Emilio Carcagno son tan indignantes como falsos y adelantaron que pedirán la nulidad del archivo.
Aberración jurídica
“A casi 5 años del siniestro que provocó la muerte de un hombre y un desastre ambiental sin precedentes, la fiscalía se apoyó en argumentos carentes de toda rigurosidad obviando las pruebas contundentes que responsabilizan a la firma”, dijo a El Ciudadano una vecina del Paraje La Verde que vive a 2 kilómetros de la fábrica que explotó.
“El archivo de la causa penal es una aberración judicial”, agregó tras reclamar que con esto “la Justicia se suma a la cadena de responsables que involucran tanto a la empresa Sigma Agro SA como a los funcionarios municipales y provinciales que permitieron su funcionamiento ilegal”.
Imputación lenta, archivo rápido
Por su parte, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) emitió un comunicado titulado “impunidad escandalosa” donde repudian el archivo dispuesto el miércoles pasado por el fiscal Carcagno.
“A pesar de las abrumadoras evidencias sobre la gravedad del siniestro y las responsabilidades de directivos de la empresa y funcionarios públicos, el fiscal Carcagno demoró más de tres años en imputar penalmente a Jerónimo Juan Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa (presidente y apoderado de Sigma Agro SA, respectivamente)”, recordaron en relación a la acusación por infracción a la ley de Residuos Peligrosos, instancia en la que el fiscal reconoció que la empresa Sigma Agro SA funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos. Y ahora, “en una decisión tan inesperada como indignante” ordena el archivo de la investigación penal, reprocharon desde OAA.
La explosión que tuvo lugar la madrugada del 27 de septiembre de 2019 le costó la vida a Rubén Ponce, un trabajador de la empresa que tenía 42 años y murió a causa de las quemaduras térmicas y químicas que sufrió al caer en un charco de químicos peligrosos provocado por el derrame.
Según distintas estimaciones, en el siniestro la empresa volcó y liberó al ambiente más de un millón de litros de agrotóxicos (entre ellos glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifós, cletodim, atrazina y glufosinato) que se escurrieron hacia los arroyos y el Río Luján y se infiltraron en el suelo alcanzando las napas, “generando un desastre ambiental y una grave amenaza para la salud pública”.
La irregularidad en el accionar de la empresa hasta la fecha del siniestro también quedó expuesta junto a la falta de controles por parte de los organismos estatales dispuestos para esos fines. “Resulta innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias”, dijeron desde OAA en relación a los roles que jugó el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control.
“Sólo para citar un hecho, en setiembre de 2023, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires reconoció que la empresa aún no había cumplido con la caracterización del sitio contaminado, lo cual implica que durante esos 4 años las enormes cantidades de tóxicos liberadas siguieron esparciéndose y ejerciendo sus efectos dañinos sin control ni medición adecuadas, exponiendo a la población y al ambiente a riesgos inconmensurables”, agregaron.
Otro punto que reprochan los vecinos es que el fiscal haya ordenado el archivo en lugar de dictar el sobreseimiento de los imputados si es que estaba convencido de su falta de mérito. En ese punto entienden que la polémica decisión “muestra a las claras su intención de clausurar la totalidad de la investigación penal sobre el luctuoso siniestro, sus consecuencias y sus responsables”, dijeron tras señalar que de concretarse sería un alivio para los empresarios y funcionarios bajo la mira judicial.
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Vínculos espurios
“La maniobra del fiscal al decidir el archivo en lugar del sobreseimiento, tiene además el efecto de dejar la causa en una zona gris, complicando a la nuestra Organización y demás querellantes el acceso a las vías procesales para seguir instando la acusación, y allanando así el camino a la impunidad”, agregaron desde OAA.
“Realmente es difícil explicar la concurrencia de funcionarios públicos municipales, provinciales y judiciales para favorecer la impunidad de estos empresarios sin postular la existencia de vínculos político-empresariales espurios. Mientras causaba este verdadero desastre ambiental, las aguas y suelos se contaminaban, las cosechas se perdían, los árboles se morían y los pacientes expuestos a la contaminación se atendían en centros de Salud, la empresa Sigma Agro quintuplicaba su facturación, pasando de 12 millones de dólares en 2017 a 70 millones en 2020. En 2022, la empresa declaró importaciones por un valor CIF de 128 millones de dólares, demostrando que su crecimiento siguió siendo exponencial. Sin embargo, hasta el momento, el único costo que la empresa y sus responsables han pagado por el desastre humano y ecológico que han generado, es una multa de 70 mil dólares impuesta por la autoridad ambiental provincial en el año 2022, lo cual representa menos del 0,5 % de su presunta facturación anual”.
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