La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró ayer la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en 2006, modificación que había sido impulsada por la presidenta Cristina Kirchner cuando era senadora. El fallo ocurrió a casi 10 años de la promulgación de la ley y a días del balotaje presidencial.
Se trata de la norma que permitió reducir el organismo de 20 a 13 miembros y que había modificado la representación de los distintos estamentos que lo conforman, en medio de una fuerte polémica.
En el fallo se aclaró que no se invalidan las decisiones que adoptó el Consejo en los últimos años y se descuenta que la Casa Rosada apelará ante la Corte.
La Cámara respondió con este fallo a un planteo que había hecho el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires contra la ley 26.080, sancionada el 22 de febrero de 2006, que redujo a trece los integrantes del Consejo.
Además, ese texto determinó la actual conformación de tres senadores y tres diputados (dos por la mayoría y uno la minoría en cada caso), tres representantes de jueces, dos por los abogados, uno por el Ejecutivo, y un representante del estamento académico.
El Colegio denunció que la ley de 2006 alteró “la naturaleza, autonomía funcional e independencia del Consejo”, así como sus competencias institucionales y funcionalidad.
Cabe recordar que la Corte Suprema intervino para frenar el 18 de junio de 2013 la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, en el paquete de reforma judicial impulsada por el gobierno nacional. Además, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional en las últimas semanas la ley de subrograncias impulsada por el kirchnerismo, que permitía al Consejo designar jueces suplentes por mayoría simple.
Mientras la oposición celebró el fallo, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto, calificó de “demencial” la resolución. “Eliminamos el artículo que le entregaba la presidencia del Consejo al titular de la Corte. Y ahora con este fallo lo que el partido judicial pretende es volver a supeditar a este organismo al presidente de la Corte”, cuestionó Pichetto.
Bonadio procesó al director del PAMI
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al director ejecutivo del Pami, Luciano Di Césare, por defraudación a la administración pública a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de letras del Tesoro. “Es llamativo que Bonadio dicte el procesamiento a tres días del balotaje”, dijo Di Césare.
Se trata de una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña, y en la misma resolución Bonadio decretó la falta de mérito del ex ministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del ex presidente del Banco Central de la República Argentina Juan Carlos Fábrega.
Di Cesare suscribió letras del Tesoro durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por poco más de 2.300 millones, algo que, según consta en la causa, provocó “colocaciones financieras perjudiciales para los fines del organismo”.
Para el juez, la determinación de invertir sobre letras del Tesoro impidió que el Pami “contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios”.
El organismo “financió durante cinco años al Estado a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación”.
Bonadio dio a conocer la decisión luego de indagar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la causa por irregularidades en la licitación del plan Qunita.
“Es llamativo que Bonadio dicte procesamiento a tres días del balotaje. Esto tiene un alto y claro componente político y electoral”, se quejó Di Césare.
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