Alivio para el sector exportador agroindustrial: el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, firmó una resolución que retrotrae los plazos a los que las empresas de ese rubro debían liquidar las divisas de sus ventas al exterior.
Si bien es prematuro evaluar qué pasó dentro del gobierno en relación con este tema, no fueron pocos los que –tanto en las cercanías del Palacio de Hacienda como en el empresariado– leyeron esta medida como un nuevo recorte al poder del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, principal impulsor de las trabas a la importación, pero también inspirador –a través de su “álter ego”, la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri– de los impedimentos a las exportaciones.
La norma, que lleva el número 384/2012, es la sexta modificación que se introduce a la controvertida resolución 142/2012 (obra de Moreno, pese a que también estaba firmada por Lorenzino), que imponía un plazo perentorio de sólo treinta días para vender en el mercado oficial el importe de todas las exportaciones.
Esto provocó no sólo una ola de protestas entre los exportadores, sino también una fuerte retracción de las ventas al exterior: sucede que estas operaciones se liquidan a plazos que van entre 120 y 180 días, según el rubro. Quienes querían exportar debían adelantar de su bolsillo el importe de la venta, asumiendo tanto el costo financiero como el riesgo de que la operación se “cayera” en el ínterin.
La idea de Moreno al impulsar esta normativa era impedir maniobras de los exportadores, que podrían verse tentados a dilatar la liquidación de divisas a la espera de una suba en el tipo de cambio oficial. El efecto fue catastrófico: se anularon ventas y se retrasaron otras por montos difíciles de evaluar a esta altura, pero que obviamente se tradujeron en una fuerte caída en el ingreso de dólares por exportaciones.
Ahora, los principales beneficiarios de esta nueva modificación son tanto las grandes empresas como Arcor –que exporta a más de cien países– o las Bodegas Chandon –que envía al exterior la mayor parte de su producción local– como también pequeños productores frutícolas del Valle del Río Negro, limoneros de Tucumán, etcétera.
Cambio de plazos
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) –que tiene como uno de sus socios de mayor peso a la Copal, la megacámara de la industria alimentaria– saludaron la medida tomada por Lorenzino, que para muchos representa la diferencia entre la vida y la muerte como empresarios.
En un comunicado, la entidad que preside José Ignacio de Mendiguren, se lee que “ante la inquietud de la UIA para resolver los problemas de exportaciones, la Secretaría de Comercio publicó la resolución 384/12, que modifica la 142/12, respecto a los plazos para el ingreso de divisas. Esta resolución cambia el plazo de liquidación de divisas en varios productos de 56 empresas industriales, agilizando así el flujo de exportaciones”.
El comunicado agrega que “la entidad, en el marco del diálogo entre el sector público y el privado, aspira a seguir articulando un sistema que permita incrementar la venta externa de productos industriales”.
La central fabril venía enviándole cartas al titular de Economía y a su par de Industria, Débora Giorgi, alertándolos de que tanto la carga burocrática a la que la resolución 142 sometía a las empresas (cada excepción que se pedía implicaba rellenar decenas de formularios) como la carga financiera de tener que pagar las exportaciones por adelantado estaban provocando la pérdida de mercados que las firmas argentinas habían conquistado tras trabajoso esfuerzo de años. Por caso, el británico y el estadounidense en vinos y espumantes, desplazando a exportadores chilenos y australianos.
El martes pasado, en una reunión de la junta directiva de la UIA se había producido poco menos que una rebelión de los representantes de las alimentarias, que demandaron más acción por parte de la dirigencia fabril. La respuesta del gobierno fue casi inmediata al reclamo que transmitieron los hombres de la UIA que suelen dialogar con los más altos funcionarios. Fuentes tanto públicas como privadas aseguran que Moreno no fue consultado en esta ocasión para retrotraer a sus plazos originales los requisitos para liquidar divisas.
De todos modos, la resolución es sólo para el sector agroindustrial; quedan otros que también exportan (autopartistas, por citar un caso) que continúan esperando que el gobierno vuelva atrás la polémica medida.
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