Los hechos de delincuencia callejera y su lamentable pero a la vez previsible consecuencia de linchamientos callejeros, siguen dando que hablar. Hasta el papa Francisco ha emitido juicio al respecto. En un trabajo anterior hacíamos referencia a, por un lado, lo condenable de los casos de justicia por “mano propia” pero, por otra parte, lo imperioso de ver en ellos la consecuencia de un erróneo abordaje al fenómeno del delito y la aplicación de la ley penal.
En términos más generales, los argentinos deberíamos efectuar un análisis tanto retrospectivo (pues conocer nuestra historia ayuda mucho a discernir el presente) como introspectivo. ¿Qué ha pasado en una sociedad que fue capaz de las mayores transformaciones sociales del siglo XX en forma pacífica para volver, décadas después a peldaños inferiores en la evolución humana? El radicalismo yrigoyenista primero, y el peronismo después, fueron artífices de auténticas revoluciones sociales cuyo signo distintivo fue, a diferencia de la francesa de 1789 y la rusa de 1917, no costar al pueblo una sola gota de sangre ni un cristal roto. A ello, que no es poca cosa, cabe agregar el llevar adelante, obviamente, procesos de inclusión social a gran escala.
Como para reforzar la idea de que el fenómeno es complejo, baste decir que en lo que concretamente refiere a las grandes ciudades, al menos en Rosario, hasta hace pocas décadas se podía caminar por una “villa miseria” sin ser molestado por nadie. Barriadas populares en donde alternaban los obreros industriales y los changarines cuentapropistas, en las que había denominadores comunes como por ejemplo la idea de que “el trabajo dignifica” a la persona. Ser “soldadito” de una banda narco que define a los tiros sus diferencias era un escenario, por entonces, inimaginable. Hoy no pueden ingresar en esas zonas urbanas ni repartidores, carteros o ambulancias.
Equívoco presidencial
Particular relevancia adquiere lo expresado por la presidenta de la Nación al referirse a los tristes acontecimientos protagonizados por ciudadanos que linchaban a presuntos delincuentes. Sus palabras fueron “No hay mejor antídoto contra la violencia que lograr que mucha gente se sienta incluida”. Abundó, via Twitter, en alusiones a la inclusión y la concordia. Es sugestivo que en tales referencias la presidenta no utilizara ni una sola vez la palabra que siempre invoca el pueblo cuando uno de sus hijos muere víctima de la violencia: “justicia”; el mismo vocablo que Perón eligió para destacar la realización del valor más alto al que apuntara el Movimiento por él fundado. Y convengamos que al General en eso de la inclusión y en interpretar los anhelos de los humildes es difícil superarlo.
Pero acaso exista un error de base en atribuir la existencia de los delitos violentos que la gente más teme (robos, secuestros, lesiones, homicidios, etcétera) al único expediente de la exclusión social. Aclaremos, por las dudas, que está muy bien que quienes gobiernan apunten a lograr una sociedad inclusiva a todo nivel. Pero al trasladar tal concepto al campo del delito pareciera que hay datos de la realidad que desmienten a la Jefa del Estado. Uno de tipo histórico. Un siglo atrás la Argentina era, en muchos aspectos, una sociedad excluyente de las grandes mayorías. Nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes solían vivir con lo mínimo, muy limitadamente. Si esa sociedad fundada por la Generación del 80 hubiera sido inclusiva, sencillamente no hubiera existido el radicalismo primero y el peronismo después. Pero sucede que en medio de las privaciones materiales nuestros abuelos no robaban, ni secuestraban, ni estafaban, ni violaban a indefensos por la calle.
Otros datos que, sin ser históricos, vendrían a desmentir que la delincuencia se explique sólo por el índice de distribución de la riqueza o el crecimiento del PBI. El fenómeno del delito violento no cubre el país en un todo uniforme. Los arrebatos, homicidios, secuestros virtuales y reales, que son materia corriente en Rosario, Córdoba o el conurbano bonaerense, no existen prácticamente en las localidades más pequeñas de nuestro país. Y nadie puede negar que los planes de ajuste económico, las dictaduras militares, etcétera, han sido los mismos tanto para la Villa de Merlo en San Luis como para Rosario en Santa Fe.
Un tercer elemento que parece omitir el diagnóstico presidencial sobre el tema que se analiza: la inclinación a delinquir obedece a muchas causas, entre las cuales desde ya que figura el grado de pobreza de una persona o de injusticia social que la rodea. Pero la persona no es autómata; posee libre albedrío, o en otros términos, libertad para obrar el bien o el mal. De lo contrario habría que concluir que todos los pobres son potenciales delincuentes, cuando ello no es así. La inmensa mayoría de los habitantes de las villas de emergencia es honesta, procura trabajar dignamente y sufre, en primera persona, el delito. Tiene, por otra parte, muy en claro las causas y las soluciones para ese problema que flagela la comunidad, sin necesidad de que el panel rentado del programa 678 les “explique” la realidad ni que Carta Abierta les interprete sociológicamente nada.
“Recuperar el territorio”
Por estos días se comenta y analiza el inusitado operativo antidroga realizado en Rosario con fuerzas de seguridad nacionales, dirigido por el secretario de Seguridad de la Nación, doctor Sergio Berni, quien expresó, entre otras cosas, en clave de sentido común y apego a la realidad social, que su importancia radica, más que en el secuestro de droga y detención de “soldaditos” (el escalón más bajo de la cadena de tráfico) en “recuperar el territorio cedido a los narcos”. Es lo más sensato que haya expresado funcionario público en los últimos días. Afortunadamente se parece mucho a lo que elogiábamos al redactar la nota “El interés de los pueblos por sobre los rótulos ideológicos” (El Ciudadano, 31/12/13). Igual que lo que hizo Lula da Silva al entrar con el ejército brasileño a pacificar las favelas de Río de Janeiro elevando aún más su ya alta popularidad sobre todo entre los más pobres. Que el Estado recupere la presencia y el control de las barriadas para que el pueblo honesto y trabajador pueda vivir en paz es el primer paso, pero no el único ni el último.
(*) Abogado, profesor adjunto de la cátedra de Historia Constitucional Argentina, Facultad de Derecho, UNR y de Ética Social y Profesional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA
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