A raíz de una investigación impulsada por la Afip, la Justicia envió a prisión a cuatro directivos de un grupo empresario de servicios acusados de evasión tributaria perpetrada “haciendo abuso de los beneficios de una promoción industrial”. El proceso judicial se abrió hace seis años, pero los hechos ocurrieron en la década del 90.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Penal Económico 2, que sentenció a Héctor Granata y Alberto Silveyra a cuatro años, y a Malena Kosik y Silvana Tiraborelli a tres años y seis meses, por evasión de impuestos por más de seis millones de pesos. A todos se les dictó la pena “en cumplimiento efectivo”.
Todos ellos eran directivos del grupo Multiser –compuesto en su mayoría por empresas de servicios–, que integran las compañías Tecnobra SA, Save Computación SRL, Develop SA, Desilta SA, 10 Servicios Empresarios SRL, Asagrol SA, Cibus Coerces SA, Olici SA, según precisó la Afip por medio de un comunicado.
La investigación fue impulsada por el ente recaudador como querellante. En el expediente se pudo acreditar que los condenados, haciendo abuso de los beneficios de una promoción industrial, concretaron la maniobra delictiva a través de la utilización de facturas apócrifas.
Tras varias audiencias, y con la declaración de alrededor de un centenar de testigos más abundante documentación aportada por la Afip, como también la producción de varios peritajes contables, se pudo determinar finalmente que todas las supuestas compañías del grupo eran, en realidad, una sola unidad económica.
El proceso judicial comenzó en 2004, pero se refiere a hechos investigados por la Afip en los períodos 1996, 1997, 1998 y 1999, de acuerdo al texto dado a conocer por el organismo tributario.
Esta condena se suma a la ya obtenida por el organismo fiscal en diciembre del año pasado en la causa “Club Ken”, donde se obtuvieron condenas de hasta tres años de prisión a dos personas, por evasión agravada, por el mismo delito, es decir, abuso ilegítimo de un régimen de promoción industrial.
Los directivos de Multiser fueron denunciados por haber utilizado facturas falsas por pagos de servicios inexistentes, lo que les permitía aumentar artificialmente su crédito fiscal de IVA.
Es que, en su liquidación mensual, las empresas deben depositar la diferencia entre el IVA que les cobran a sus clientes y el que les pagan a sus proveedores. Por lo tanto, “inflar” de manera fraudulenta el crédito fiscal le permite a quien lo hace retener indebidamente dinero que le pertenece al Fisco.
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