España pagó ayer un muy alto interés por colocar 3.000 millones de euros en deuda a corto plazo, debido a la extrema tensión de los mercados, insensibles a la victoria electoral del derechista Partido Popular (PP), cada vez más presionado para que anuncie ajustes con rapidez. La tensión se debe a la crisis de la deuda en la Eurozona, pero España –que el lunes pasado tuvo que intervenir un nuevo banco en apuros– tiene cuestiones económicas por resolver, como le recordaron en tono imperativo la canciller alemana Angela Merkel y las agencias de calificación Standard and Poors y Fitch.
Los mercados financieros y Alemania redoblaron su ansiedad para que el presidente electo del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, revele e implemente “sin demora” medidas necesarias para atacar la crisis que enfrenta el país y desvela a Europa. De manera oficial Rajoy debería asumir recién el próximo 20 de diciembre.
En Madrid, en tanto, después de indicar que buscará acelerar los pasos de la transición, el PP anunció que hoy se reunirá enLa Moncloacon funcionarios del saliente gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por su parte, Merkel, pidió a Rajoy que implemente “sin demora” medidas “necesarias” para que España evite un agravamiento de su crisis de deuda. Lo hizo a través de una carta en la que felicitó al líder derechista y le deseó “éxito”.
El PP no prevé, sin embargo, dar a conocer sus intenciones de inmediato. “Lo que vaya a hacer Rajoy lo dirá en el debate de investidura”, afirmó el lunes pasado la número dos del partido, Dolores de Cospedal. Según el diario El País Rajoy expondrá sus planes económicos a Merkel, y al presidente francés, Nicolas Sarkozy –entre otros líderes europeos– recién durantela Cumbredel PP europeo en Marsella el 7 y 8 de diciembre próximos.
Pero los tiempos apremian. Sumida en la crisis, con desempleo récord y riesgo de próxima recesión, España suscita también preocupación por su sector bancario. La nacionalización anteayer del Banco de Valencia, cuarta intervención pública desde el inicio de la crisis, puso en evidencia la fragilidad del sector, maltrecho desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Junto a la presión de los mercados, la agencia de calificación de riesgo Fitch se lanzó ayer a opinar cuál debe ser la política del nuevo gobierno: “Lanzar una reforma estructural y fiscal ambiciosa y radical”. Al igual que la calificadora Standard & Poor’s, Fitch mantiene la calificación de España en AA-, después de haber bajado la nota en octubre desde AA+.
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