El nuevo sistema de Justicia Penal de la provincia cumplió el pasado martes 10 un año de su puesta en marcha. La fecha en la que comenzó a regir fue establecida por el gobernador Antonio Bonfatti y se trató de una de las transformaciones jurídicas e institucionales más importante de la historia de Santa Fe, luego de que en agosto de 2007 se aprobara en la Legislatura la ley de reforma. Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que se encarga de la persecución penal, el balance es positivo, en el sentido de que, durante 2014, en todo el territorio provincial se realizaron nueve juicios orales y públicos, 700 casos finalizaron con condenas en juicios abreviados y 800 causas fueron resueltas a través de salidas alternativas. Se llevaron a cabo 9.000 audiencias y se solicitaron 3.500 órdenes de allanamiento. La expectativa de los fiscales está puesta en que, este año, se pondrá en marcha del Organismo de Investigaciones, también llamada Policía Judicial, creado recientemente por ley, y en los recursos humanos: sólo se creó la mitad de los cargos originalmente previstos.
“El sistema está funcionando correctamente, y eso es lo fundamental”, enfatizó el fiscal general Julio de Olazábal, titular del MPA. “Hay dificultades, como en toda transformación de envergadura, pero ya no hay vuelta atrás: los santafesinos contamos desde hace un año con un servicio de Justicia Penal que se ajusta a la Constitución, que es transparente y ágil, y en el que las víctimas de los delitos tienen un rol preponderante y deben ser escuchadas”, remarcó el funcionario.
De Olazábal opinó que “el Derecho tiene que ser entendido por todos. Un escrito judicial en el que haya citas en latín o en alemán no sirve si no es comprendido por la víctima. El verdadero cambio es que la ciudadanía pueda entender una sentencia”.
“El desafío para este año será lograr que el Organismo de Investigaciones comience a funcionar”, señaló el titular de los fiscales y añadió: “Luego de trabajar con legisladores de todos los partidos políticos y con funcionarios del Poder Ejecutivo, logramos que la ley se aprobara y que el gobernador la promulgara”.
Policía Judicial
El Organismo de Investigaciones tendrá un director civil con asiento en la ciudad de Santa Fe. Además, habrá dos subdirecciones: Ciencias Forenses e Investigaciones Criminales; y cinco direcciones regionales que estarán en cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia.
Por otra parte, en el proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal, la integración de los recursos humanos sigue siendo uno de los objetivos del MPA. “A fines del año pasado juró el fiscal regional de la 3ª circunscripción (Venado Tuerto), y de esta manera quedaron cubiertos los cinco cargos de fiscales regionales. Sin embargo, las leyes crearon 662 cargos para que el MPA pudiera funcionar, y hasta el momento sólo contamos con 329. Es decir, se cubrieron 5 de cada 10 cargos creados legalmente”, precisó el titular del MPA.
Orales y abreviados
Durante este primer año, ya se hicieron nueve juicios orales y públicos en Santa Fe, que venía de una tradición penal en la que todo el proceso era escrito y en la que el juez de instrucción cumplía con dos funciones incompatibles: acusar y juzgar. “Los nueve juicios se llevaron a cabo a no más de 10 meses de haberse cometido los delitos que fueron juzgados, celeridad inusitada para un sistema como el anterior”, subrayó De Olazábal y amplió: “También se hicieron 105 audiencias preliminares, lo cual indica que ya están en condiciones de llevarse adelante esa cantidad de juicios orales y públicos”.
Los juicios abreviados fueron una de las vedettes de este primer año. “La posibilidad de realizarlos es otra de las ventajas del nuevo sistema procesal penal. En ellos, la víctima y el victimario llegan a un acuerdo y en pocos días se resuelve el caso. En virtud de ello, durante 2014 se lograron 700 condenas en este tipo de procesos. Por otra parte, más de 800 causas fueron resueltas a través de las denominadas medidas alternativas: conciliación, mediación penal, criterios de oportunidad o suspensión de juicio a prueba”, informó el fiscal general.
“De las tareas cotidianas realizadas por los fiscales también surge que se hicieron 9.000 audiencias y fueron solicitadas 3.500 órdenes de allanamiento”, enumeró y concluyó: “Si bien no podemos cuantificar la atención a las víctimas, sí estamos en condiciones de afirmar que hemos logrado escuchar a todas las personas que se acercaron a las fiscalías regionales o a los fiscales, jerarquizando así su derecho a la palabra”.
Monitoreo interno
Por la magnitud del cambio, el MPA elaboró un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) con la mirada puesta en acompañar a las víctimas de los delitos y en la justa aplicación de la ley. En tal sentido, De Olazábal hizo hincapié en el proceso de autoevaluación realizado en 2014 por el MPA. “Consideramos fundamental conocer nuestras debilidades y fortalezas. Por eso es que, siguiendo los lineamientos de nuestro PDI, se llevó a cabo un relevamiento que abarcó a todos los fiscales para que manifestaran sus demandas y necesidades. Estamos convencidos de que la manera de gestionar una institución es a través del diálogo y de la creación de canales de comunicación fluidos con todos los que la integran”, señaló.
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