Por: Ezequiel Nieva
Con fuertes reclamos a favor de la equidad en la distribución de obras que permitan la expansión del sistema de agua potable y cloacas, se realizó ayer en la capital provincial la primera audiencia pública para discutir los incrementos tarifarios que ya anunció el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. En líneas generales los expositores admitieron la necesidad de actualizar la tarifa en virtud de los datos revelados por el gobierno sobre la ecuación de costos, pero pidieron que el aumento tenga su correlato en más obras y en una mejor calidad del agua que se distribuye.
La audiencia había sido convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) en el marco de la actualización tarifaria que dispuso el Ministerio a cargo de Antonio Ciancio, que ayer participó en calidad de oyente. Según anticipó el ministro a principios de año, habrá un primer aumento del 19 por ciento y luego una suba escalonada que alcanzará al 87 por ciento de lo que se paga en la actualidad. El primer orador fue el presidente de Assa, Alberto Daniele, quien justificó el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la empresa. Lo sucedieron representantes de asociaciones de consumidores, legisladores, concejales y dirigentes sindicales y políticos.
Daniele explicó que el contrato de vinculación faculta a Assa y al Enress a proponer la revisión de las tarifas vigentes, pero que es la autoridad política –en este caso, el Ministerio de Aguas– la que tiene la potestad de decidir los aumentos. Esa decisión no pasará por la Legislatura, donde al oficialismo le cuesta mucho imponer sus proyectos, en cambio sí deberá ser tratado por las cámaras el nuevo marco regulatorio del servicio de agua potable y saneamiento, en el que se establece que el agua es un derecho humano y que, por lo tanto, el deber del Estado es garantizar su correcta distribución territorial y sostener económicamente la prestación del servicio.
El titular de Assa, la empresa estatal que presta servicio en quince localidades de la provincia donde viven unos dos millones de usuarios, aseguró que desde 2006 a la fecha se registró un incremento en los costos de producción y operación del 158 por ciento. Y agregó que con el aumento del 29 por ciento decidido en 2008 ese déficit se redujo, aunque “en escasa proporción”. Daniele también explicó que, por las obras de ampliación que se vienen ejecutando, hay costos adicionales “que incrementan el déficit operativo de la empresa”. “La revisión solicitada tiene por objeto adecuar la tarifa al incremento de costos verificado a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios evitando la afectación a los usuarios”, añadió Daniele.
Luego, el presidente de Assa justificó la necesidad de realizar el aumento en virtud de que las únicas dos fuentes de financiación de la empresa son los recursos propios –que percibe en concepto de tarifas– y los subsidios que le otorga el gobierno provincial. Para Daniele, el creciente desequilibrio entre las dos fuentes puede llevar a escenarios de riesgo en el corto plazo. Los enumeró: un servicio de menor calidad, la ampliación de la brecha entre los subsidios que la provincia destina a Assa y los que otorga a los municipios y las cooperativas que operan en el resto del territorio, y la pérdida de la entidad económica de los valores tarifarios, “un proceso de difícil reversión a futuro”, según argumentó el funcionario.
La voz de los usuarios
De la audiencia participaron distintas asociaciones de defensa del consumidor. Luis Lombó, titular de Adelco Santa Fe, destacó la importancia de la audiencia pública como herramienta de participación y luego afirmó que es “fundamental” que se modifique el marco regulatorio de los servicios sanitarios. Además, resaltó que “no puede ser que en Santa Fe no estén discriminados los usuarios residenciales, industriales y sociales. Esto significa que el usuario normal paga más que el usuario industrial. Hay que luchar por la medición del servicio”.
La titular de la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe, María Laura Mayoraz, destacó el acceso de las ONG a la documentación de Assa como un hecho “muy importante”, tras lo cual propuso que el aumento se aplique según las escalas de consumo. “No es lo mismo el consumo de una casa de familia al que hace una fábrica de cerveza. Por lo tanto, el aumento tiene que tener en cuenta la diferencia y el lucro que se hace con el agua”, sostuvo.
En ese punto, el consenso fue casi absoluto, destacado también por el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Sergio Canalis, quien además hizo un reclamo de máxima: que los legisladores nacionales impulsen en el Congreso la eliminación del IVA para el servicio de agua potable, partiendo del supuesto declamado por el gobierno provincial que dice que el agua es un derecho y no una mercancía. Canalis explicó que, con una medida de ese tipo los costos de la empresa bajarían automáticamente un 21 por ciento, alejando la necesidad de más aumentos tarifarios.
El caso Rafaela
En la audiencia hubo una fuerte presencia de representantes de la ciudad de Rafaela, localidad en la que los problemas relacionados con el servicio de agua y cloacas son mayores que en el resto de la provincia. El intendente Omar Perotti se quejó porque su ciudad tiene que importar agua desde Esperanza y criticó al gobierno provincial: “No hay voluntad política de construir los acueductos”, tiró, luego de explicar que para el año en curso se previeron inversiones por 10 millones de pesos cuando el costo global de las obras supera los 1.400 millones.
Tres concejales de Rafaela sucedieron con sus exposiciones al intendente Perotti. También ellos se quejaron por la caída del plan de grandes acueductos que había iniciado el gobierno de Jorge Obeid (hace dos semanas el Ejecutivo presentó un nuevo plan de obras y dio por terminado el proceso licitatorio que se había iniciado en 2008) y recordaron que el municipio rafaelino fue el primero en comprar acciones de Assa cuando se reestatizó la empresa, como forma de argumentar sus denuncias sobre discriminación en cuanto a las prioridades de la empresa.
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