Según el relevamiento realizado por los equipos técnicos de violencia de género del bloque del Frente para la Victoria-PJ en el Concejo Municipal, en el transcurso de 2013 ya se han registrado 25 femicidios en la provincia, de los cuales nueve se produjeron en la ciudad de Rosario.
“La Municipalidad ha desperdiciado un año de vigencia de la ordenanza de emergencia en violencia de género. El número de víctimas sigue aumentando. Lamentamos que la gestión no haya utilizado la herramienta de la emergencia, y en lugar de eso, lo haya visto como un obstáculo”, indicó al respecto la concejala Norma López, al tiempo que agregó: “Lo que han hecho es incumplirla, no hubo mayor presupuesto, no se reforzaron las cuestiones de promoción y prevención, que es la gran falencia”.
De los femicidios ocurridos en la provincia en lo que va del año, el 87 por ciento pertenecen al rubro “íntimos”, y no hay datos de los restantes, según el relevamiento del bloque del Frente para la Victoria. Sobre los agresores, el 26 por ciento fueron parejas, el mismo porcentaje fue de ex parejas y también el 26 por ciento de las muertes las provocaron “parientes”.
Por su parte, el edil Roberto Sukerman abundó que “en materia de prevención y de inclusión de las mujeres en trabajo y vivienda, la Municipalidad no ha hecho nada. En Rosario la emergencia de género se aprobó hace un año y no hemos visto recursos asignados a esas áreas. El municipio ni siquiera aprovechó la conjunción de fuerzas -justicia, policía y organismos de derechos humanos-, de la Mesa de Lucha contra la trata para avanzar en prevención y asistencia a las víctimas de violencia”.
En el orden provincial, los concejales del Frente para la Victoria afirmaron que si bien se consiguió la media sanción falta aún la aprobación en el Senado provincial de la sanción de la Ley de Emergencia Social en materia de género lo que “permitirá modificar el presupuesto en favor de las acciones preventivas y de acompañamiento de las víctimas”.
Además, López consideró que la sanción de la Ley a nivel provincial posibilitará “poner en marcha un trabajo serio con la Policía y la Justicia, que es fundamental para garantizar la posibilidad de denunciar, el acceso a la Justicia y el cumplimiento de las exclusiones del hogar”.
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