El subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, Juan Barahona, aseguró hoy que en 2011 llevarán al ex presidente Manuel Zelaya, depuesto de su cargo por un golpe de Estado en 2009, nuevamente a su país. Dijeron que lo harán “quieran los golpistas o no”. Mientras tanto, diputados del Partido Liberal denunciaron que el gobierno del presidente Porfirio Lobo, expulsó del Estado a miles de sus partidarios.
Barahona sostuvo que la afirmación del presidente Lobo de que “la reelección presidencial no debe prohibirse”, por lo que debe reformarse la Constitución, es contradictoria con los argumentos que usaron los partidos tradicionales (el Liberal y el Nacional de Lobo) para justificar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra Zelaya.
El dirigente de la resistencia ironizó, en el portal de esa coalición, que “si esa fue la justificación del golpe de Estado a Zelaya por haber querido hacer una consulta y si la ley es pareja habría que aplicársela también a ‘Pepe’ Lobo, y mandarlo a Costa Rica en pijama o en calzoncillo, como sea”, en alusión a las condiciones en las que fue expulsado el mandatario derrocado.
Por otra parte, diputados liberales del Congreso Nacional estimaron que sus correligionarios despedidos durante 2010 de alcaldías y organismos estatales por el gobierno nacionalista de Lobo pueden superar los 30 mil.
“La bancada liberal podría discutir el tema en las próximas horas y elevar su malestar al Poder Ejecutivo”, manifestó el diputado Mario Segura, citado por el diario local Tiempo.
Por su parte, el diputado José Angel Saavedra lamentó que el actual gobierno se considere “de unidad y reconciliación, pero ese solo es un mensaje para afuera y no a lo interno”.
En tanto, la magistrada salvadoreña Mirna Jiménez, miembro de la Comisión de la Verdad que investiga las violaciones de los derechos humanos en Honduras, aseguró que el país sigue sin superar los efectos del golpe de Estado. Según Jiménez, tras el golpe se realizaron elecciones, en las cuales la mayoría de la población decidió no participar y los sectores que luchan por volver a la institucionalidad son reprimidos.
Por ese motivo, afirmó que “hoy existe una fuerte debilidad en los tres poderes del Estado y todo eso evidencia, aún más, la crisis institucional en el país”. “Persiste la impunidad y no se ha investigado, ni castigado, a ninguno de los responsables de las violaciones de los derechos ciudadanos registradas tras el golpe de Estado”, precisó.
Jiménez condenó la represión y el desalojo a las familias indígenas asentadas en el valle del Aguán, donde según organizaciones campesinas fueron asesinados al menos 30 personas.
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