El Senado prevé votar hoy un paquete de proyectos para regular las relaciones entre consumidores, usuarios y empresas, entre los que se destaca el que propone modificar la ley de Abastecimiento, resistido por cámaras empresariales. En rigor, los hombres de negocios de mayor peso en el sector advirtieron que la iniciativa es “inconstitucional”, y ratificaron que recurrirán a la Justicia si la propuesta es aprobada por el Congreso. La sesión fue convocada para hoy al mediodía pero el paquete de proyectos será discutido luego de la votación de la iniciativa sobre “pago soberano” de la deuda y tiene la aprobación casi asegurada por la mayoría oficialista.
Se trata de tres proyectos: uno que crea un fuero judicial especial para dirimir conflictos entre usuarios y empresas; otro que crea el observatorio de precios y disponibilidad de bienes y servicios, y por último, el que plantea una regulación de las relaciones de producción y consumo, con modificaciones a las leyes de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor.
El arco opositor ya adelantó que sólo votará a favor de la iniciativa que crea un nuevo fuero judicial, pero rechazará los otros dos proyectos, incluso el que modifica la ley de Abastecimiento, a pesar de haberse mostrado de acuerdo con los cambios que el oficialismo le hizo durante el debate en comisión.
La iniciativa más polémica autoriza al Estado a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia” y “niveles máximos y mínimos de precios”, además de establecer “niveles mínimos” de producción, comercialización o distribución.
Al respecto, los presidentes de la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos Privados Argentinos, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural se reunieron para analizar nuevamente el impacto de la reforma de la ley de Abastecimiento.
Al término del encuentro, el denominado Grupo de los Seis emitió un comunicado en el que criticó la iniciativa porque, indicó, “establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas”. Y agregó: “Estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución nacional”.
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