La sanción de la ley de reproducción médicamente asistida, el 5 de junio, estuvo acompañada por un llamativo silencio en torno a las espinosas cuestiones ético-jurídicas que estaban en debate. Hemos seguido el tema por 20 años y no deja de sorprender la pobreza de la legislación sancionada, que se limita a obligar a cubrir todo tratamiento en perspectiva “igualitaria”, sin importar si se trata de personas fértiles o infértiles, parientes, amigas, convivientes, casadas, solas, mayores de 18 años y sin límite de edad.
En realidad, los legisladores parecen ignorar que hoy los parlamentos cuando discuten estas leyes están interviniendo en uno de los más codiciados mercados humanos: el de los embriones.
Por un lado, de la mano de la ingeniería genética va surgiendo un mercado reproductivo, donde los gametos se convierten en la materia prima para producir al nuevo hijo. En Estados Unidos se llegan a pagar hasta 50.000 dólares por óvulos de las mujeres más inteligentes, jóvenes y bellas de las mejores universidades. También los embriones tienden a ser un bien transable y se avanza en su regulación, al punto que Alemania tiene una ley del año 2002 sobre importación y exportación de embriones humanos. Algunos grupos incluso están dedicados a concebir embriones con fines comerciales o de investigación biotecnológica, o bien recurren a los embriones que quedan sobrantes o son abandonados en la aplicación de las técnicas de fecundación. Con la genética se pueden hacer estudios para mapear las enfermedades de esos embriones y ya saber cuáles son “normales” y cuáles no.
Por su parte, empresas de salud presionan para que sólo se seleccionen los mejores y se eliminen a los “anormales”, pues de otro modo niegan cobertura si era posible evitar tal situación. En el reconocido New England Journal of Medicine se publicó una nota el 25 de abril de 2013 titulada “Embriones por encargo”, que relata el surgimiento de bancos de embriones que podrían comenzar a comercializar embriones humanos a partir de los “pedidos” formulados por personas adultas.
Cuando se discute la ley de fecundación in vitro, estamos discutiendo este tema (a pesar de que los legisladores lo hayan soslayado). Se habla de 15.000 embriones congelados en nuestro país. En realidad esa cifra corresponde a datos de sólo siete centros de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007 y seguramente la cantidad es mucho mayor, máxime si consideramos que no hay controles de ningún tipo en esta materia. ¿Quién garantizará que no habrá un “colonialismo” biológico que venga a llevarse los embriones argentinos en búsqueda de nuevos experimentos genéticos?
Otro gran negocio son las patentes biotecnológicas sobre embriones. Hay dos grandes tendencias en geopolítica: Europa adopta una postura restrictiva y no permite el patentamiento de invenciones con embriones humanos, mientras que Estados Unidos sí lo permite y un grupo tiene una clara posición dominante (Warf-Geron). Pero incluso Estados Unidos bajo el presidente Barack Obama no admite utilizar fondos públicos para financiar proyectos que impliquen destruir embriones humanos.
La conclusión lógica es: ¿por qué existen tantos reparos a patentar o destruir embriones? Y la respuesta es clara: porque son seres humanos, distintos de su padre y su madre genéticos.
En contra de la tradición jurídica argentina, existe una corriente que quiere negarle al embrión humano los derechos básicos y considerarlo una cosa. Y si es cosa, siguiendo esa lógica, se puede comprar y vender, donar y usar para experimentación. La ley aprobada habla de “donar embriones”, lo que constituye una forma inaceptable de cosificación, que choca con la Constitución. Esa visión cosificante restringe derechos a una categoría de seres humanos y es funcional a una inadmisible mercantilización de la vida humana.
Estamos a tiempo de tomar un camino más humanista para ampliar derechos para todos, incluyendo a los pequeños embriones humanos.
Comentarios