El aumento escalonado del salario mínimo, vital y móvil, que subirá a 3.600 pesos a partir de enero de 2014, se convirtió ayer en un nuevo foco de discordia entre líderes sindicales afines y críticos de la gestión oficial, mientras que el gobierno celebró el consenso alcanzado para mejorar 25,2 por ciento ese haber de referencia. En tanto, el Poder Ejecutivo oficializó el reintegro del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo de julio anunciado por la presidenta Cristina Fernández, que apunta al “fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores”.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló ayer que el aumento del salario mínimo se decidió en función de aquellos empleados que “no están cubiertos” por los convenios colectivos de trabajo y destacó que hace diez años el funcionamiento de este órgano tripartito integrado por sindicalistas, empresarios y funcionarios “se ha institucionalizado”.
El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, dijo que “era de esperar” que se decidiera un aumento del salario mínimo, que subirá de los 2.875 pesos actuales a 3.300 a partir de agosto, para llegar a los 3.600 anunciados por la Casa Rosada en enero del año que viene. “Yo soy peronista y veo que este gobierno está llevando las cosas adelante”, señaló.
“Fue un cierre que colmó nuestras expectativas, llevar a 3.600 pesos es un nuevo avance que ubica a la recomposición del salario mínimo un par de puntos arriba de la inflación”, sostuvo el líder de la CTA oficialista, Hugo Yasky. “El salario mínimo es superior a lo que se estableció en negociaciones paritarias”, acotó Pedro Wasiejko, número dos de la central obrera que encabeza Yasky.
En cambio, para el secretario general de la CTA opositora, Pablo Micheli, “lo que se aprobó en el Consejo del Salario es una falta de respeto a los trabajadores”. Y se quejó: “Ratifica lo que venimos planteado con (Hugo) Moyano: es una farsa. Han destrozado el Consejo del Salario para transformarlo en un club de amigos”.
En declaraciones radiales, Micheli consideró que “fijar un salario mínimo de 3.600 pesos en una economía con una inflación preocupante e inestable es tomarnos el pelo”. Y enfatizó: “Todo esto suma para juntar bronca. El gobierno tiene una actitud discriminatoria, que acentúa el favoritismo hacia sectores que siguen a la presidenta”.
Tanto la CTA como la CGT opositoras al gobierno habían estimado antes de la reunión del jueves en la sede de la cartera laboral que el haber mínimo en la Argentina no tendría que ser menor a los 5.180 pesos.
Al cabo de la décima reunión consecutiva del Consejo del Salario, de la que no tomaron parte ni Moyano ni Micheli, la presidenta CFK y el ministro de Trabajo anunciaron el nuevo haber mínimo.
Ayer, Tomada destacó el consenso alcanzado entre sindicatos y patronales para mejorar el sueldo básico, al tiempo que cuestionó a dirigentes sindicales “de la oposición” que rechazaron por “insuficiente” a la suba.
“Hablar de aumentos de salarios mínimos que son impracticables y pretender incrementos superiores a los que ellos mismos consiguen en sus propias negociaciones colectivas es una demostración de la liviandad con la que hablan algunos dirigentes sindicales que están en la oposición”, afirmó Tomada en declaraciones periodísticas.
Reintegro para los que ganan hasta $25 mil
La exención del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo beneficiará “exclusivamente” a quienes cobraron una remuneración bruta mensual entre enero y junio de 2013 que no haya superado los 25 mil pesos. Así lo dispuso el gobierno a través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Ejecutivo oficializó la decisión de reintegrar el impuesto a las ganancias que había sido aplicado al medio aguinaldo del primer semestre.
En el decreto publicado ayer, el gobierno aclaró que la eximición del cobro de este gravamen será en forma “extraordinaria y por única vez”.
Además, explicó que para obtener el importe neto, “se deberán detraer del importe bruto de la primera cuota del sueldo anual complementario los montos de aportes correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino –o, en su caso, los que correspondan a cajas provinciales, municipales u otras–, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Régimen Nacional de Obras Sociales y a cuotas sindicales ordinarias”.
Así –según el texto oficial– “el beneficio derivado de lo dispuesto precedentemente deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes que comprendan a las remuneraciones devengadas en julio de 2013”.
“Los sujetos que deban actuar como agentes de retención identificarán el importe respectivo bajo el concepto beneficio decreto Nº 1006/2013”, añadió.
La Casa Rosada justificó esta decisión al señalar que “es política permanente del Ejecutivo instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.
Esta medida, de acuerdo con los cálculos oficiales, representa un costo fiscal de más de dos mil millones de pesos. Cristina Kirchner la anunció el jueves, junto con el aumento del salario mínimo, que a partir de enero próximo se ubicará en 3.600 pesos.
Motor de crecimiento
Alejandro Robba, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno, afirmó ayer que “el salario dejó de ser un costo para convertirse en el motor de crecimiento de este modelo económico”.
“Esto es lo más importante, que ya los empresarios empiezan a entender cómo es este círculo virtuoso, además, por supuesto, de que se cumplen los diez años de la reunión del Consejo (del Salario) y de que la Argentina lidera en Latinoamérica el récord de contar con el mejor salario mínimo de la región”, dijo Robba. En diálogo con Télam, argumentó que medido en dólares, el nuevo salario mínimo acordado entre sindicalistas y empresarios representa unos “640 dólares y le sigue Chile con 410 dólares”.
“Si bien la Argentina tiene un esquema sindical que siempre ha sido fuerte, el modelo económico también ha impulsado estos salarios porque son una fuente de crecimiento”, subrayó.
En cuanto al impuesto a las ganancias y la decisión del Ejecutivo de devolver el gravamen aplicado al medio aguinaldo de este año, dijo que “viendo cómo vienen las cuentas fiscales, el gobierno trabaja en cuanto a poder liberar el pago del impuesto teniendo en cuenta que ese dinero se va a volcar al consumo”. “Hay que tener en cuenta que Ganancias financia básicamente lo que es el dinero destinado a protección social y obras”, recordó, “cuestiones que sin duda impactan también en el crecimiento”.
A modo de ejemplo citó que “incluso cuando el gobierno se hizo cargo en 2003 de la administración del país, el 6 por ciento del PBI iba al pago de intereses de la deuda y el 2 por ciento a educación, cuando ahora, diez años después, es exactamente al revés. El 2 por ciento va al pago de intereses, y más del 6 por ciento a educación”.
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