Paola Cándido
Espera amarga. Así están desde hace un mes siete trabajadores despedidos de la fábrica Electrolux, de Batlle y Ordóñez 3436, mientras exigen que se cumpla la resolución judicial que ordena la reincorporación a sus puestos laborales.
El pasado 17 de junio la jueza Mónica Pinotti, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ordenó a la firma retomar a los empleados cesanteados y le dio cinco días corridos para cumplir con el fallo. El quid de la cuestión es si los despidos se concretaron por dentro o por fuera del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), ya que la empresa tramitó la medida de excepción el mismo día que ejecutó las cesantías, el pasado 29 de abril.
Pasado el período impuesto, determinó una penalización de 2.000 pesos por día por cada trabajador hasta que diera cumplimiento: la metalúrgica de zona sudoeste ya adeuda 400.000 pesos, y sigue en falta.
“La empresa está decidida a no cumplir con la medida cautelar que dictó la Justicia nacional. La semana pasada nos presentamos nuevamente en la puerta de la empresa y no nos dejaron pasar. Hasta contrataron a personal de seguridad para hacer guardia en la entrada”, lamentó Lucas Tondo, uno de los despedidos, a quien echaron el pasado 29 de abril.
El trabajador despedido del principal polo de línea blanca del país explicó que lograron una medida cautelar que decidió que los siete trabajadores tenían que ser reincorporados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que si las cesantías fueron ilegales o no. En caso de no acatar, se aplica una penalidad que se denomina astriente. Y eso es lo que comenzó a acumular Electrolux.
“En su resolución, el juez había dicho que es suspicaz que el mismo día que estaba pautada una audiencia en el Ministerio de Trabajo (29 de abril) despidieran a los trabajadores y armen un Procedimiento Preventivo de Crisis”, remarcó.
Tondo contó que se presentaron con un escribano y un abogado en la entrada de la fábrica para dejar asentado legalmente que, a pesar de lo que dispuso la Justicia, no pudieron entrar a trabajar.
“La empresa está decidida a no cumplir con la resolución del juez. Si la empresa está pasando por una crisis, cómo no cumple con el fallo judicial. Es decir, elige pagar tres veces más de lo que le saldría reincorporar a los siete trabajadores despedidos”, resumió Tondo.
Mientras la empresa Electrolux no acate la medida cautelar, los despedidos seguirán exigiendo que se cumpla. “Estamos en una nueva etapa de lucha. Nos vamos a seguir moviendo hasta poder entrar a trabajar nuevamente. Las medidas que vamos a tomar no están definidas. Veremos si vamos a ir a la puerta de la fábrica, al Ministerio de Trabajo de la provincia o a cortar una autopista”, advirtió Tondo.
Los cesanteados son Lucas Tondo, Víctor Del Real, Priscila Del Moro, Germán Caravaca, Gisela Álvarez, Elías Aukstakalnis y Leonardo Bravo. “La empresa actúa con impunidad a pesar de las medidas judiciales. Le exigimos al Ministerio de Trabajo de Santa Fe que tomen las medidas necesarias para volver a nuestros puestos laborales”, expresaron en comunicado.
“Están decididos a no cumplir”
Celina Tidoni, abogada del grupo de los siete empleados ratificó que la empresa sigue incumpliendo con la medida cautelar que dictó la Justicia “y que ordena que los trabajadores tienen que ser reincorporados”. Y, ante ese escenario, pidió la intervención del Ministerio de Trabajo provincial.
“No acatar el fallo judicial implica que la fábrica Elecrtrolux tiene que pagar una multa, y eso implica tres sueldos por cada trabajador. Evidentemente están decididos a no cumplir con la resolución judicial, a pesar de la crisis económica que plantearon. Hay que hacer énfasis en que el gasto que tiene la patronal es muy grande”, advirtió la letrada.
Tidoni sostuvo que el objetivo de la empresa de línea blanca es gastar el dinero que sea necesario para que los trabajadores despedidos no vuelvan a sus puestos. “Estamos evaluando qué medidas vamos a tomar. Una de ellas es pedir elevar el monto de la multa para la empresa. Tiene que haber una respuesta política por parte del gobierno de Santa Fe”, concluyó.
Una pelea que desencadenó en tragedia
La crisis en Electrolux se disparó a principios de mayo cuando la firma, ya tramitado el procedimiento preventivo despidió a una veintena de trabajadores, argumentando la caída de ventas y acumulación de producción.
Desatado el conflicto, la empresa firmó con la Unión Obrera Metalúrgica un acuerdo de “paz social” en el que se comprometió a no despedir a ningún trabajador más durante el resto de 2019. Pero los obreros echados no fueron reincorporados y los que no acordaron montaron un acampe y bloqueo frente a la planta.
En ese marco, la jornada más trágica se dio cuando empleados que no habían sido despedidos, junto a delegados de la UOM, salieron a descargar un camión que no podía ingresar por el piquete y, en medio de una fuerte tensión, el delegado de la UOM Edgardo Benedetti, que había concurrido a apoyar al gremio, murió de un infarto.
En el momento de mayor consternación, desde el gremio metalúrgico acusaron a quienes participaban del bloqueo de impedir el ingreso de ambulancias que acudieron a dar asistencia.
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